HECHOS, INTERPRETACIONES Y CONTROLES

Suele ser frecuente que la historia de la humanidad, que la historia de las ideas políticas (teorías del contrato social), que la historia de las instituciones y de las categorías dogmáticas (la conversión de los Estados generales en Asamblea nacional, el propio concepto de personalidad jurídica del estado (Gerber); etc.… hayan sido explicadas a través de tautologías, ficciones y similitudes. Incluso a veces el propio Estado ha sido comparado al organismo humano.

banderascatesp_560x280Desde otro punto de vista, las relaciones humanas, las relaciones de pareja, pueden también guardar similitudes con las relaciones entre poderes, órganos o partidos políticos. Si en las primeras los controles preventivos o posteriores plantean problemas, en las segundas crean dificultades. Cuando en las primeras las interpretaciones (siempre subjetivas) pretenden convertirse en hechos objetivos las relaciones se deterioran, mientras en las segundas esas relaciones pueden desaparecer. Ni una persona puede atribuirse nunca el patrimonio del objeto, la verdad absoluta, como tampoco lo puede hacer un poder, un órgano o un partido. Los dogmas de fe pasaron ya hace tiempo a la historia. Si en las primeras la confianza mutua desaparece y la relación se frustra, con perjuicios graves para terceros si es que existen estos, en las segundas la inexistencia de una lealtad institucional bidireccional conduce al enfrentamiento, a veces brutal. Continue reading

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¿Y DESPUÉS DE LA ENCUESTA DEL 9 DE NOVIEMBRE, QUÉ?

Hasta el día 25 de noviembre (hecho insólito donde los haya) los catalanes continuarán manifestándose a través de una encuesta (porque de una encuesta, aunque sea sui generis, se trata) en torno a las preguntas formuladas con otra finalidad. Con ser importante la ilegalidad (por cierto por nadie declarada aún) o alegalidad de la cuestión planteada, más lo es el hecho de la falta de entendimiento entre los respectivos gobiernos. Y aunque es importante que dos millones de catalanes hayan optado por la independencia de Cataluña, también lo es que la mayoría de los catalanes no hayan participado en el proceso. Cada fuerza política interpretará, como sucede casi siempre, los resultados en función de sus intereses partidistas, que casi nunca coinciden con el interés general. Y es la defensa de este ultimo lo que nos lleva a plantear las siguientes hipótesis.

 

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LA ABDICACIÓN DEL REY

El pasado día dos de junio hemos conocido, con sorpresa, la decisión del Rey Don Juan Carlos de abdicar la Corona. Son muchas las especulaciones que se han realizado sobre los motivos de esta decisión, que posiblemente no conoceremos hasta que pase un cierto tiempo. Y también se ha valorado el reinado del monarca, generalmente de forma positiva, aunque a ello se le hayan sumado las sombras de los últimos años. Cualquier paralelismo con los casos de Alfonso XIII o de Isabel II no es sino una desconocimiento de la Historia o una interpretación fraudulenta de los hechos, pues la realidad constitucional es otra. Pero no debemos olvidar, de cualquier modo, que la Monarquía, en cuanto una de las modalidades de Jefatura del Estado que es, es una institución que, a diferencia de la Republica, presenta un mayor campo de cultivo para la teoría de los símbolos y los mitos. La diferenciación entre potestas y auctoritas –esta última característica de la Monarquía- es suficientemente indicativa. No obstante lo anterior, debemos intentar un racionalización de la institución en base a los principios constitucionales, especialmente por lo que al principio democrático se refiere.

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 Sin embargo no son estas cuestiones las que quiero destacar, pues ya habrá tiempo para ello, sino aquellas otras que se plantean en el actual momento constitucional. A este respecto se pueden distinguir dos tipos de cuestiones:

A)           Por un lado, los problemas jurídicos coyunturalmente existentes, pues hay otros muchos que afectan al desarrollo integral de todo el Titulo II que nuestros legisladores han diferido en el tiempo por temor a plantear una disyuntiva entre Monarquía y Republica que hoy día no puede ya soslayarse. Entre dichos problemas se pueden mencionar los siguientes:

1. La abdicación no es un acto personalísimo del Monarca, pese a la opinión contraria de ilustres juristas, ya que esta es todo un proceso que se inicia con el deseo del Rey de abdicar, y culmina con la proclamación del nuevo Rey, no necesitando, por tanto, un refrendo, pues ni estamos en presencia de un acto sustantivo con plenos efectos jurídicos ni, por tanto, hay nada que refrendar. Es un acto de impulso de un proceso, un acto de tramite, que una vez realizado se independiza de la voluntad del Monarca. El proceso de abdicación es, pues, un acto complejo que se inicia por un deseo personal del Rey, pero sin que pueda llegar a decirse que el Rey puede abdicar cuando quiera.

Por ello, la carta entregada al Presidente del Gobierno, elegido como cauce adecuado para hacerla conocer a la opinión pública, solo lleva la firma real. Es mas, al consagrar nuestra Constitución la Monarquía parlamentaria, donde el adjetivo es mas importante que el sustantivo, donde el centro de decisión política, a diferencia de otras formas de monarquía, se traslada del Rey al Parlamento, se esta queriendo decir que son las Cortes Generales las que tienen que autorizar toda una serie de importantes supuestos relacionados con la Corona, tal y como revela una simple lectura del Titulo II CE. Por ello el art. 57.5. entiende que dicha autorización ha de revestir la forma de ley orgánica y el contenido de la misma, como ley  de caso único que es y no de desarrollo integral del referido precepto constitucional, es semejante al deseo expresado por la carta del Monarca. Estamos ante una ley únicamente valida para este supuesto de abdicación, y no para cualquier otro que se pudiera producir en un futuro. Es decir, las Cortes tienen que autorizar el deseo –la abdicación- del rey.  Son las que realmente autorizan o no ese deseo real. El hipotético voto contrario a dicho proyecto de ley significaría simplemente que el Rey no puede abdicar. Esta es la única interpretación que permite el principio democrático, al cual también esta sometida la institución de la monarquía. Es decir, al constitucionalizarse la Monarquía parlamentaria, y no cualquier otro tipo de monarquía, es el Parlamento el órgano constitucional legitimado para todas una serie de decisiones importantes en relación con el estatuto jurídico del Rey y la Corona. En otro casos, cuando el Rey ejerce las competencias constitucionalmente atribuidas, que son las únicas que tiene, el principio democrático permite atribuir a otros sujetos (Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso, Ministros, etc.…) la autorización –el refrendo- de los actos del Rey.

2. La regulación constitucional del Titulo II CE, referente a la Corona, prácticamente virgen en su desarrollo constitucional por las razones anteriormente apuntadas, requiere una urgente revisión constitucional y no solo por los temas o cuestiones ya analizados (la preterición de la mujer en el orden de sucesión de la corona, la impunidad del Rey, etc.…), sino por otras muchas cuestiones. Dicha reforma debería integrarse en una reforma constitucional en profundidad de nuestra Carta magna que cada día, y no solo por esta cuestión, parece más urgente. Debería aprovecharse la finalización de la actual Legislatura para proceder, después de un estudio de las numerosas cuestiones a reformar, sobre los cuales existen ya los suficientes análisis y textos alternativos, a iniciar la reforma y convocar Cortes Constituyentes. Incluso el final de la actual legislatura se podría hacer coincidir con las elecciones locales y autonómicas del próximo año. En todo caso sería una reforma en profundidad que afectaría a buena parte de los preceptos constitucionales y sobre la cual tendría que pronunciarse la ciudadanía en un referéndum, y que va mucho mas allá, a mi juicio, que una simple opción entre Monarquía y republica, la cual no se planteo en el año 2005 cuando el Presidente Zapatero encargo el correspondiente informe al Consejo de Estado

3. El nuevo Rey, D. Felipe VI, no puede olvidar la posición constitucional del Rey en una Monarquía parlamentaria. El viejo aforismo ingles que atribuye al Monarca el derecho a animar, a advertir y a ser informado, debe constituirse en límite absoluto a su actuación. El rey reina pero no gobierna, y solo así se puede adecuar la Monarquía al principio democrático, al cual en principio es ajena como institución hereditaria que es. Mal servicio prestan a la institución monárquica aquellas opiniones que reclaman del nuevo Rey una intervención más activa y visible en orden a la solución determinados conflictos políticos. El Rey constitucional debe hacer uso de su auctoritas y no de su potestas, pues carece de ella. Y lo mismo puede decirse de la Reina, que también debe asumir su posición constitucional, que la tiene.

B)   De otra parte, se encuentra el debate de fondo que atañe al modelo de Jefatura de Estado, y que hace resurgir la dicotomía Monarquía-Republica; un debate que no se puede obviar, pero que hay que reducir, en estos momentos concretos, a su dimensión actual.

En efecto, nadie esta legitimado para impedir este debate ni para soslayar las posturas de aquellos que defienden, legítimamente, la República. Soy de los que piensan que debe producirse un referéndum sobre esta cuestión, tal y como sucedió en Italia antes de aprobarse la actual Constitución, pero creo que no es el momento actual, pues ahora lo que hay que solucionar es la abdicación de Don Juan Carlos y cumplir las previsiones constitucionales existentes en el orden de sucesión del Trono. Para empezar, tratar de someter la ley orgánica de abdicación a un referéndum consultivo no es viable, pues la negativa supondría no la instauración de la República, sino que el Rey no puede abdicar. Por lo tanto, son otras las opciones factibles, de tal forma que el referéndum en cuestión podría realizarse en dos momentos:

1) Con anterioridad a la reforma constitucional que es necesario llevar a cabo cuanto antes, a través de la vía del referéndum consultivo del art. 92 CE para decisiones de especial trascendencia política.

2) Vinculándolo directamente al propio acto de aprobación en referéndum de la reforma constitucional proyectada.

Entre estas dos opciones, sin duda la primera es la mas sensata, evitándose, además, el condicionamiento de otras cuestiones relevantes que hay que incluir dentro de la reforma constitucional. Pero lo importante es no hurtar el debate y que este, finalmente, se canalice a través de la expresión formal de la ciudadanía.

Hemos de concluir que el principio democrático interviene en diferentes momentos, y  a través de diferentes instituciones, en el tema que nos ocupa:

1) Exige una intervención directa de la ciudadanía, a través de los referéndums a la hora de elegir la forma de la Jefatura del Estado, es decir la opición por monarquía o república.

2) Legitima al Parlamento para determinar, a través de su autorización, que puede revestir varias formas, el  estatuto jurídico de la Corona, del Rey y de los miembros de la Familia Real, entendiendo así correctamente lo que significa la constitucionalización de la monarquía parlamentaria.

3) Legitima a los titulares de la potestad refrendataria (Presidente del Congreso, Presidente del Gobierno, y Ministros), en el ejercicio de las competencia del Rey por entender que estas son absolutamente taxadas sin que quepa margen de discrecionalidad alguna.

 

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Enrique Álvarez Conde

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UNA SENTENCIA CON LUCES Y SOMBRAS

Artículo publicado el 2 de abril en: Blog de la Revista catalana de dret públic

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre la Declaración soberanista del Parlamento de Cataluña del 2013 en la cual declara inconstitucional la proclamación de que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”, efectúa una interpretación conforme a la Constitución en torno al llamado derecho a decidir, y desestima el resto de presuntas inconstitucionalidades alegadas por el Abogado del Estado. Estamos en presencia de una sentencia con luces y sombras.

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En cuanto a las primeras hay que destacar, contrariamente a lo que se había anunciado por los medios de comunicación, que se trata de una sentencia dictada por unanimidad, sin ningún voto particular ni siquiera concurrente. Algo ha debido cambiar en el seno del Tribunal, el cual parece percibir el acuerdo entre los dos grandes partidos (PP y PSOE); acuerdo que ha de continuar el próximo 8 de abril, con el rechazo por parte del Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la proposición no de ley presentada por el Parlamento de Cataluña y, lo que es más importante, que debería dar lugar al inicio de todo un proceso de reforma constitucional que ofrezca una solución al problema planteado y suponga toda una serie de propuestas en torno al futuro global de nuestro modelo autonómico.

Asimismo es de destacar que el Tribunal señale que todo es posible dentro de la Constitución, a la cual también está subordinado el propio principio democrático, pues éste no puede ejercerse fuera del texto constitucional. Ello no obstante, también es cierto que debería haber precisado mejor la naturaleza, el significado y el contenido del principio democrático, al cual muchas veces se acude, sin fundamento alguno, para legitimar determinadas decisiones políticas. El principio democrático es el principio constitucional por excelencia y, como tal, debe ser considerado como un límite material, no expreso ciertamente, pero si implícito, al propio proceso de reforma constitucional. Es decir, el poder constituyente también se encuentra con límites materiales implícitos, que sin duda habrá que delimitar. El Tribunal, en suma, acierta al señalar que el principio democrático no se puede ejercer al margen de la Constitución, pero no delimita, sin embargo, ni su naturaleza ni su contenido, lo cual no impide reconocer en su argumentación las llamadas que aquél realiza al diálogo entre las fuerzas políticas para solucionar los problemas planteados, ejerciendo con ello una auténtica pedagogía constitucional. De este modo, a nuestro juicio acertadamente, parece pretender evitar el llamado choque de trenes, iniciado y mantenido por determinados dirigentes políticos.

Junto a estas luces existen también ciertas sombras. La primera de ellas es que la argumentación del Tribunal sobre la naturaleza de la Declaración deja mucho que desear. Así, empieza señalando que es un acto político… pero con naturaleza jurídica, planteándose la cuestión de si tiene capacidad, aunque sea indiciariamente, para producir efectos jurídicos. Pero a continuación señala que no tiene efectos jurídicos, ni efecto vinculante de naturaleza alguna, respecto de los ciudadanos ni respecto de la acción del Gobierno catalán, pues es simplemente un acto de impulso de la misma. Hasta aquí ninguna objeción. Sin embargo, de repente, la argumentación da un giro copernicano y se convierte en una auténtica falacia. En efecto, ello no impide al Tribunal, siguiendo las tesis del abogado del Estado, afirmar que “lo jurídico no se agota en lo vinculante” (sic) y, en consecuencia, entra a analizar el contenido de la Declaración, entendiendo que el apartado primero (la proclamación del pueblo catalán como sujeto jurídico soberano) “sin perjuicio de su marcado carácter político… tiene carácter jurídico y, además produce efectos de esta naturaleza”, siendo, en consecuencia, contrario a diversos preceptos constitucionales. Es decir, los efectos jurídicos de la Declaración se deducen, no de la naturaleza de la misma, que parece ser, a priori, un acto político, sino del contenido de la misma, el que es declarado inconstitucional.

Esta forma de argumentar es una auténtica falacia. Y es que al Tribunal le cabían dos posibilidades: o bien entender que la Declaración del Parlamento de Cataluña no tenía naturaleza jurídica, y en consecuencia, inadmitir el recurso planteado; o bien deducir que tenía naturaleza jurídica, por sí misma, no por su contenido. A nuestro juicio, la primera de las tesis, como sostenían los votos particulares emitidos en el Dictamen del Consejo de Estado y buena parte de las opiniones de la doctrina científica, es la jurídicamente correcta. Pero lo que resulta complejo de entender es que el planteamiento inicial del Tribunal parezca inclinarse por esta tesis para, de repente, y sin motivación suficiente, cambiar radicalmente de planteamiento y adoptar la segunda. Por otro lado, hubiera sido admisible, desde el respeto al rigor jurídico que merece la labor del Tribunal, que éste hubiera hecho una interpretación conforme con la Constitución del apartado declarado inconstitucional, tal y como ha hecho con el derecho a decidir, entendiendo que se trata de una declaración de carácter político, la cual es posible dentro de la Constitución, pero que su consideración jurídica, de admitirse, sería manifiestamente inconstitucional.

La otra sombra, no menos importante que la anterior, se refiere a lo que el Tribunal deja de decir. Cualquiera de las soluciones que hubiese adoptado, la inadmisión o el enjuiciamiento de la Declaración, le permitía, y a mi juicio le obligaba, a efectuar una auténtica pedagogía constitucional, tal y como hace con las llamadas al diálogo político, para coadyuvar a elaborar las categorías dogmáticas necesarias con la finalidad de que la rigidez de nuestro modelo autonómico –tema que está ciertamente en el fondo del asunto–, encontrase la flexibilidad suficiente para facilitar una reforma constitucional.

Asimismo, el Tribunal debería revisar su concepción de que la nuestra no es una democracia militante, cuestión esta que nada tiene que ver con la posibilidad de reforma total de la Constitución, verdadero “suicidio constitucional” donde los haya. La nuestra no es una simple democracia procedimental, porque la Constitución no es un simple conjunto de reglas procedimentales, sino que incorpora un sistema de valores y principios, que son la expresión normativa de las decisiones políticas fundamentales adoptadas por el poder constituyente. Ello no significa, como bien sabemos, la adhesión a la ideología constitucional, pero esta existe y tiene, además, la virtualidad de permitir la existencia y defensa, siempre que sea por los procedimientos establecidos, de ideologías contrarias a la misma.

El Tribunal, a nuestro juicio, hace cosas positivas pero pudo hacer mucho más –considerando lo que otros poderes públicos no han hecho, unos con más responsabilidades políticas que otros–, máxime cuando existen ejemplos suficientes, tanto en el ámbito del derecho internacional, como en el campo del derecho europeo, y con las experiencias ofrecidas por el derecho anglosajón en estados complejos como el nuestro, para efectuar, a través de auténticos obiter dicta, toda una serie de consideraciones que hubieran facilitado la actuación de los operadores jurídicos legitimados para actuar en un futuro que ya no puede ser muy lejano.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Enrique Álvarez Conde

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LA (IN)JUSTICIA UNIVERSAL

La reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada por vía de urgencia y en un plazo inusitadamente breve, ha puesto de nuevo sobre el tapete los problemas inherentes a la justicia universal y a otra serie de cuestiones que pasamos a comentar.

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ALGO ESTAMOS HACIENDO MAL

 

Javier García Roca y José Esteve Pardo, son catedráticos de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de las universidades Complutense de Madrid y de Barcelona respectivamente. Firman este artículo en nombre de 60 catedráticos, profesores universitarios y altos funcionarios de la Administración. Artículo publicado el día 20 de febrero de 2014, en El País

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Esta es una situación de emergencia. Apenas podemos sostener el Estado social, las instituciones del Estado democrático están en declive. Luchemos, en fin, al menos, por mantener en pie el Estado de derecho. Esta es la conclusión, que resultó estremecedora, aunque incontestable, expuesta por uno de los participantes del seminario sobre reforma del Estado, cuya última sesión se ha celebrado recientemente. Fue un seminario en el que se mantuvo, con la activa participación de un nutrido grupo de catedráticos y profesores de universidad y funcionarios de altos cuerpos de la Administración, un interesante debate sobre la huella de la crisis económica en el Estado, y la singularidad del derecho y las ideas que emanan de esta situación de emergencia. Continue reading

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