UNA OFENSA A LA INTELIGENCIA CIUDADANA

Parece que nuestros políticos, o para ser mas exactos buena parte de ellos, continúan considerando a los ciudadanos, que son la fuente de su propia legitimidad democrática, menores de edad o incapacitados y, en consecuencia, necesitados de su tutela y protección. Aparte de que ello supone una clara desafección entre la clase política, que se considera asimismo como una élite superdotada, y los ciudadanos esta actitud supone una seria ofensa a la inteligencia ciudadana.

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 Podrían ponerse muchos ejemplos que justificarían la anterior afirmación. Pero vamos a centrarnos en uno especialmente polémico: los llamados escraches en relación con los desahucios.

Vaya por delante que no pretendo justificar, al menos en su totalidad, la técnica de los escraches. La violencia, si es que la hay, nunca esta justificada en un Estado democrático. Asimismo la defensa de los derechos fundamentales no puede hacerse a costa de la presunta violación de otros derechos, pues todos ellos son limitados. No hay ninguno derecho absoluto o natural. Ninguno. Junto a ello hay que afirmar, y con rotundidad, que la razón esta al lado de las tesis mantenidas por estos movimientos  sociales. No se puede tomar en consideración una ILP y luego proceder a su desnaturalización por la vía de las enmiendas parlamentarias. Aunque sea legal, no es democrático.

Hubiera sido más fácil, y más acorde con el principio democrático, adoptar otra solución. Como sabemos, el Gobierno ha abusado hasta límites insospechados (también ha sucedido en Italia), y pese a su mayoría absoluta, de la figura del Decreto Ley, algunos de ellos recurridos en la actualidad ante el Tribunal Constitucional, en temas clave: reforma laboral, sanidad, educación, etc… Pues bien, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo podría haberse hecho utilizando esta figura. No creo que haya más problemas jurídicos que los existentes con otros temas. Es decir, se debería haber tomado el contenido de la ILP y transformarla en un Decreto Ley. Luego, si se considera necesario, y una vez convalidado por el Congreso, se podría haber iniciado su tramitación como Ley.

De este modo se hubiera dado una satisfacción inmediata a los cientos de miles de ciudadanos que firmaron la IPL, se hubiese fortalecido nuestro sistema representativo y, lo que es más importante, se hubiesen paralizado toda una serie de desahucios realizados con arreglo a una norma preconstitucional y contraria a nuestra Norma Fundamental. No debemos olvidar que la inteligencia de los ciudadanos merece el mismo respeto, por lo menos, que la de nuestros políticos.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde

 

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