UN NUEVO GOLPE DE ESTADO

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el pasado sábado, supone un serio atentado al órgano de gobierno del Poder Judicial: al CGPJ. Este no es un ataque aislado a nuestro sistema constitucional, sino uno más, tomando como pretexto la existencia de una crisis económica persistente. En efecto, cuestiones tales como la reforma constitucional del 2011, la privatización de determinados servicios públicos como la sanidad y la educación, la desaparición de los fondos para la dependencia y un largo etcétera no sino medidas adoptadas con la finalidad de cambiar el modelo de convivencia que nos hemos dado los españoles.

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Las manifestaciones más importantes de este nuevo atentado, dejando aparte otras cuestiones (como es el nuevo funcionamiento interno del propio  Consejo) tratadas con una técnica legislativa muy deficiente, a nuestro juicio claramente inconstitucionales y reveladoras de una clara desconfianza hacia los propios jueces y magistrados, son las siguientes.

1) Se altera el estatuto jurídico del vocal del Consejo, pues unos tendrán dedicación exclusiva y otros continuarán ejerciendo sus respectivas profesiones, cobrando, eso si, pingues dietas (casi 2000 euros al mes) por asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones.

2) Se modifica el sistema de elección pudiendo ser elegidos únicamente los que correspondan a una de las Cámaras y permaneciendo el resto hasta que sean elegidos por la otra. Curiosamente, el PP dispone de la mayoría necesaria en el Senado, pero no en el Congreso, con lo cual puede aumentar considerablemente su cuota de poder en la composición de este órgano.

3) Se despoja al Consejo de importantes competencias, alterándose su naturaleza de órgano constitucional e impidiéndole dirigir y planificar la política judicial.

4) Sus acuerdos son objeto de un privilegio jurisdiccional del que carecen otros órganos constitucionales.

Pero este no será el último atentado a nuestro sistema democrático. Ya se anuncian otros: la reforma de la Administración General del Estado, la modificación del régimen local, la restructuración de los Parlamentos autonómicos, etc.… Todo ello en aras de un ahorro presupuestario que no encubre sino un cambio de modelo. Y todo ello también bajo un sistema donde la corrupción se convierte en nuestro sistema de gobierno por antonomasia. Y todavía no hemos llegado  a la mitad de la Legislatura.

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