LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: EN TIEMPOS DE CRISIS ES CUANDO SE DEBEN REALIZAR LAS MUDANZAS

Suele afirmarse, y aceptarse como una especie de dogma de fe, que en tiempos de crisis no conviene hacer mudanzas. La falacia de la afirmación es total, tanto por su hilo argumental, como por las nefastas consecuencias a que conduce: de este modo las mudanzas nunca se realizan, pues se afirma -o se cree- que cuando pase la crisis ya no es necesario realizar la mudanza. Con ello, las reformas se postergan sine die y nunca se llevan a cabo.

 

La celebración del XXXV Aniversario de nuestra Constitución es un acontecimiento extremadamente positivo para toda la ciudadanía. Nunca en nuestra historia constitucional habíamos tenido una Constitución normativa como la actual, y nunca habíamos gozado de un sistema democrático como el presente. La transformación de nuestro país en estos últimos años ha sido radical –lo cual no significa suficiente- y positiva. La España actual nada tiene que ver que la de los años setenta. Pero celebrar un aniversario no resulta incompatible con proponer la reforma de lo que se celebra. Es más, puede sostenerse que, hoy día, es la mejor forma de homenajear a nuestra Constitución y a los que hicieron posible el establecimiento de nuestro actual sistema democrático.

 A diferencia de otras posturas sostenidas por diversos colegas, creo que la reforma constitucional no puede ser puntual y escueta. Ha de ser en profundidad, pues son muchos los preceptos que han de reformarse. Pensemos que en el Dictamen elaborado por el Consejo de Estado en el 2005, se proponía la modificación de mas setenta artículos de la misma. Y luego han surgido nuevas iniciativas de reforma, todas ellas guardadas en el baúl de los recuerdos. Ahora bien, la reforma resultante, por muchas modificaciones de preceptos que haya, no puede dar lugar a una Constitución radicalmente distinta de la actual. Todos debemos reconocer en la proyectada reforma a la actual Carta Magna. Debe ser una reforma y no una supresión de la misma. Y son dos las grandes cuestiones a plantear:

 1)     Por un lado, el contenido de la reforma, que debe reflejar las grandes decisiones políticas que quiera adoptar el poder constituyente, en cuyo ejercicio participan toda la ciudadanía y, en lógica consecuencia, todos los partidos políticos; y al cual no se le puede hurtar su presencia y protagonismo como se hizo en la reforma del 2011. Y este contenido afecta a temas claves: el establecimiento de una auténtica clausula europea; la modificación radical de nuestro modelo autonómico de tal forma que el mismo nos identifique a todos; la opción clara por un sistema más representativo, con modificaciones en el sistema electoral y con la potenciación de las instituciones de democracia identitaria; el establecimiento de mayores garantías en el sistema de derechos fundamentales, evitando la actual distinción existente y potenciando la igualdad real y efectiva, especialmente la de  mujeres y hombres, la cual debe ser constitucionalizada de forma expresa; la consagración de un deber jurídico de colaboración entre los diferentes órganos constitucionales, y entre estos y los poderes privados (cuya constitucionalización resulta imperiosa), lo cual puede conducir a una modificación importante de la estructura y funciones de los mismos; y un largo etcétera.

 2)     Por otro lado, y no menos importante, el procedimiento de reforma. Previsiblemente, antes de las próximas elecciones generales, tenemos a la vista dos procesos electorales previos: las elecciones europeas y las locales y autonómicas. Pues bien, todos los partidos políticos deberían incluir en sus programas electorales, además de otras cuestiones referentes a la solución de la actual crisis económica y de valores en que estamos inmersos, la reforma constitucional como una de sus líneas básicas. Con ello iniciaríamos un primer debate entre los partidos y, lo que es mas importante, con la propia ciudadanía. Posteriormente deberían analizarse los diferentes estudios ya realizados y efectuar una puesta en común con los partidos y las diferentes organizaciones sociales. Y, finalmente, las actuales Cortes Generales deberían dar cumplimiento al art. 168.1. CE, aprobando el principio de reforma. De este modo, las nuevas Cortes tendrían un carácter constituyente puro y podrían aprobar, ya definitivamente, la nueva reforma.

 A algunos les puede parecer una tarea ingente e imposible. No me valen argumentos tales como el de que es imposible alcanzar el mismo consenso que en 1978. Esta es otra falacia argumental, que conduce a la congelación de nuestro texto constitucional y, también, a su ingreso en el museo de las antigüedades. Mucho mas difícil fue aprobar la actual Constitución. Y se hizo. La actual clase política, social y económica debe estar a la altura de las circunstancias del momento. En situaciones de crisis debería resultar mas fácil hacer pactos de Estado, mostrando la madurez democrática que exige el sistema. Y la reforma de la Constitución es uno de los mas importantes, debiendo estar todos implicados y no únicamente las fuerzas políticas mayoritarias. De otro modo, puede suceder que nuestra actual Constitución normativa, se convierta en puramente nominal o, lo que es todavía peor, en una Constitución semántica. Ya hemos superado el momento de que la interpretación constitucional haga innecesaria la reforma de la misma; una reforma que, a mi juicio, debe optar claramente por sus principios inspiradores, por su fundamentalidad en suma. Por paradójico que pueda resultar, y frente al argumentario oficial, los momentos de crisis económica son mas favorables para llevar a cabo la reforma en profundidad de nuestro texto constitucional, precisamente porque es en estos momentos cuando el mismo es más maltratado.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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