LA DESMITIFICACIÓN DE LA CORONA

La comparecencia, como imputada, de la Infanta Doña Cristina, que legalmente carece de cualquier tipo de aforamiento como la mayoría del resto de los mortales, debe hacernos reflexionar sobre el significado de la Corona en nuestro ordenamiento jurídico, que es radicalmente distinto del que tiene en otros países, como pudiera ser el Reino Unido.

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 En el mundo del Derecho no es infrecuente acudir a ficciones, símbolos y mitos, y sobre ello se ha escrito mucho, para propiciar una explicación coherente de determinadas categorías dogmáticas o determinadas instituciones, especialmente cuando la vigencia del principio democrático se impone en casi todos los países civilizados. Ello es especialmente cierto en relación con la Monarquía, institución poco acomodada a la vigencia del principio democrático, pues la herencia puede aceptarse, y con límites, como forma de transmisión de la propiedad, pero nunca como forma de acceso al poder político democrático.

 En Inglaterra, y en otros países, la Corona no es una institución más del Estado, sino que se identifica con éste. Por ello, y a modo de ejemplo, la Reina  ostenta la Jefatura del Estado de otros países (Canadá, Australia, etc..), es la cabeza suprema de la Iglesia anglicana, o el parlamento ingles, jurídicamente hablando, esta compuesto por el Rey, con sus Lores y sus Comunes. Pero esto no sucede en España, donde históricamente nuestros monarcas tuvieron una convivencia difícil con los tímidos intentos de proclamación de un sistema constitucional liberal o se opusieron abiertamente al mismo. A partir de la aprobación de la Constitución de 1978 parecía que el Rey Don Juan Carlos había entendido el significado de un sistema constitucional y de una democracia avanzada. Pero ello exigía un continuo y constante entendimiento y aceptación, supuesto este que no se ha producido en los últimos años, razón por la cual la Monarquía ha descendido de forma evidente en la valoración positiva de los españoles.

 Y es que el Rey, pese a lo que diga el art. 56.1., no es el “símbolo” de la unidad y permanencia del Estado, porque esta condición únicamente se puede predicar de la Monarquía inglesa por las razones anteriormente apuntadas. Por ello, la Monarquía española debe estar más sujeta que ninguna otra a la vigencia del principio democrático, que es el autor de la Constitución y de su propia existencia como forma de gobierno. La Monarquía no forma parte de la “Constitución interna”, como decía Cánovas, sino que es una institución del Estado que debe responder a la legitimidad del principio democrático. Es una Monarquía parlamentaria, donde lo más importante es el adjetivo y no el sustantivo. Por tales razones, cuando políticos y periodistas se rasgan las vestiduras por la comparecencia de la Infanta, lo que están haciendo, aparte de demostrar su ignorancia sobre el significado de la Corona en nuestro ordenamiento jurídico, es una flaco servicio a la propia Monarquía.

 Por ello mismo, hay que proceder, cuando llegue el momento de la reforma constitucional, necesidad está cada vez más imperiosa, a una modificación de no pocos contenidos del Título II: la supresión del principio de masculinidad en el orden de sucesión del trono, verdadero anacronismo constitucional; la constitucionalización de la responsabilidad, penal y civil del Monarca, el cual únicamente estaría exento de responsabilidad política, como si de un Presidente de República se tratase; el establecimiento en nuestra Carta Magna de un estatuto jurídico de los miembros de la Casa real, con la previsión incluso de un aforamiento propio, que tienen hasta los diputados autonómicos, y un largo etcétera. Es decir, debemos crear el marco jurídico necesario para que la Monarquía no se aparte nunca, no pueda hacerlo, del principio democrático. De lo contrario añadiremos una crisis institucional más a las que actualmente tenemos planteadas. Y es que, paradójicamente, otras monarquías europeas que sí puede decirse de ella que están integradas en las “Constituciones internas” de sus Estados, han realizado todos estos cambios anteriores sin grandes traumas.

 Es posible que la próximas elecciones europeas castiguen a los partidos políticos mayoritarios. Y también lo es que estos acepten, más o menos complacidos, este castigo, pues no afecta sustancialmente a sus cuotas de poder político. Otro significado tendrán las elecciones autonómicas y generales, que pueden llegar a coincidir. Pero lo que ya no evitaremos, si no es con una transformación radical de nuestra cultura política, lo que incluye a la Monarquía, es que los líderes políticos se vean constantemente rechazos por la ciudadanía cuando salen a la calle. Es lo mínimo que puede y debe hacer la ciudadanía.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Enrique Álvarez Conde

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