LA (IN)JUSTICIA UNIVERSAL

La reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada por vía de urgencia y en un plazo inusitadamente breve, ha puesto de nuevo sobre el tapete los problemas inherentes a la justicia universal y a otra serie de cuestiones que pasamos a comentar.

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La llamada justicia universal fue objeto de una primera regulación que situó a nuestro país en uno de los mas avanzados del mundo en esta cuestión, convirtiendo a España en un paladín de la defensa de los Derechos Humanos. Posteriormente, fue objeto de una reforma restrictiva a través a la Ley Orgánica 1/2009, de noviembre, a la que no fue ajena el llamado caso Pinochet. Ahora, sin entrar a analizar su contenido, pues el mismo debe ser objeto de un estudio científico, la reciente norma prácticamente ha hecho desaparecer la justicia universal, pues se han agravado los requisitos de procedibilidad para que puedan actuar los jueces españoles. Dicha ley ha sido aprobada por imposición de las autoridades de la República Popular China, con motivo de la investigación judicial del genocidio del Tíbet. La Ley, con una Disposición Transitoria Única, que supone una invasión en las competencias del Poder Judicial, exige el sobreseimiento de las causas que se encuentren en tramitación. Algunos Magistrados se han dirigido a las partes del proceso o (el Sr. Pedraz de la Audiencia Nacional) han dictado un auto, de fecha 17 de marzo de 2014, en el que fundamenta, a mi juicio de forma adecuada, su competencia para elegir la ley aplicable al caso, que no es otra que el IV Convenio de Ginebra, ratificado en su día por España, por entender que es la norma aplicable al caso y que no procede el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.  En consecuencia con ello, dispone inaplicar a la causa que conoce (el asesinato de Couso) la presente ley aprobada por el Parlamento. Ante esta situación se hace necesario efectuar las siguientes consideraciones de urgencia.

1)               Una vez más,  tal y como sucedió con la reforma constitucional del art. 135 CE, una reforma normativa es impuesta desde fuera, en este caso por la República Popular de China, titular del 20% de la deuda publica española, efectuando amenazas de tipo diplomático y comercial. Ante ello, el partido mayoritario y el gobierno se pliegan dócil y rápidamente a las exigencias de una potencia extranjera, desconociendo lo que es la voluntad popular y el significado del principio democrático en un Estado de Derecho. Esta ley no es, y hay que señalarlo con claridad, una expresión material de la voluntad popular, sino una aceptación de una amenaza insostenible que dice mucho del rol internacional de nuestro país. Ahora ya otros países (Irán, Afganistán, Uganda, etc.…) pueden proceder de la misma manera pues tienen las puertas abiertas.

2)               Nuestros gobernantes desconocen el principio elemental de que el Parlamento, de que la mayoría parlamentaria, aunque se encuentre legitimada por haber ganado las elecciones, no puede hacer lo que quiera. Las consecuencias de esta actuación pueden ser ridículas y funestas. El parlamento, y la mayoría parlamentaria, es también un poder limitado, sujetos a límites internacionales e internos, inherentes a la lógica democrática de un Estado de Derecho, pues en la actualidad el principio de legalidad no esta integrado únicamente por las normas por el aprobadas, sino que existe una legalidad internacional  que se impone, de distinta forma, a la legalidad “interna”. Además, los Jueces, al aplicar la norma al caso concreto, son los que interpretan el ordenamiento jurídico y dentro de esta función esta el decidir cual es la norma aplicable al caso.

3)               La actuación del Juez Pedraz es adecuada y entra dentro de sus competencias jurisdiccionales. La elección de la norma aplicable al caso no es una decisión del Legislador, sino del Juez que ha de aplicar la norma. Y ello porque hoy los jueces no son un poder nulo, como sostenía Montesquieu, ni tampoco la boca que pronuncia las palabras de la ley. Es cierto que están sometidos al imperio de la ley, pero su función jurisdiccional les permite determinar cual es la norma aplicable, elección esta que solamente puede ser cuestionada por los correspondientes recursos y no por comentarios de periodistas, tertulianos y políticos que, con sus declaraciones, no hacen sino evidenciar su incompetencia e ignorancia.

4)               Para desnaturalizar el modelo de justicia universal no es de recibo el acudir a la existencia de la Corte Penal Internacional. Recordemos que, aunque su existencia haya sido un paso importante en la protección internacional de los derechos fundamentales, en sus más de diez años de existencia únicamente ha dictado una sentencia. Y lo que es más grave aún: las grandes potencias (USA, CHINA, La India, etc.…, es decir, casi la mitad de la población mundial), no reconocen su competencia, pues no han ratificado el Tratado de Roma. Resulta curioso que sean los países que más casos de violación de derechos humanos presentan por parte de sus dirigentes. Por ello, la función de justicia universal atribuida a los jueces y tribunales de los Estados, además de venir impuesta por determinados Tratados internacionales, es, hoy por hoy, inexcusable. Los Estados democráticos, y el nuestro lo es, no deben nunca legitimar (sin que las razones diplomáticas o comerciales sean una justificación) las violaciones de derechos humanos efectuadas por otros Estados.

5)               Hay que repensar la posición de los poderes públicos, y también de los poderes privados en un Estado de Derecho, como el nuestro, caracterizado por la colaboración de poderes. Todos deben actuar dentro de sus competencias, sin exceso de jurisdicción alguno, pero teniendo en cuenta el interés general que es un limite material a todas sus decisiones. De lo contrario, puede suceder que la mayoría parlamentaria se encuentre con que sus decisiones sean anuladas. Inaplicadas o incluso cuestionadas  por otros poderes del Estado. Recordemos los casos de la sanidad madrileña, la dación en pago o la tarjeta sanitaria de los inmigrantes, por poner ejemplos que ya se han producido. Ello debería haber servido a la mayoría parlamentaria para tomar buena nota. Pero no, la prepotencia y una mal entendida legitimidad democrática parecen conducir a lo contrario.

6)               Finalmente, hay que señalar que la actual crisis económica esta conduciendo no ya a una legislación motorizada de la que ya hablara el propio Schmitt, sino a toda una legislación incoherente, presuntamente inconstitucional (aunque la actual mayoría del Tribunal Constitucional le sirva de parapeto), incongruente con el resto del ordenamiento jurídico y técnicamente muy defectuosa. Se legisla con prisas, sin hacer caso de los expertos o eligiendo expertos dóciles, y sin sentido común. Las leyes se hacen sin debate parlamentario y el BOE es el sustituto del razonamiento ponderado. Pero el Gobierno continúa de espaldas a esta realidad, confiando en que el Tribunal Constitucional español, ante el cual se han recurrido la inmensa mayoría de las disposiciones aprobadas, nunca actuará como el portugués, porque para eso responde a la misma mayoría política. Y la cuestión no acaba solo con la reforma de la Justicia universal, sino que en este final de Legislatura vienen nuevas leyes en el mismo sentido: modificación de la Ley del Aborto, Ley mordaza, etc.… Cuando estudiemos con perspectiva historia la actuación normativa durante la presente Legislatura, el juicio ha de ser necesariamente demoledor. Y mientras tanto, continúan recortándose derechos sociales, aumentan las bolsas de exclusión social, el paro no baja… y nuestro país es ya el más desigualitario de toda la UE.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Enrique Álvarez Conde

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