HECHOS, INTERPRETACIONES Y CONTROLES

Suele ser frecuente que la historia de la humanidad, que la historia de las ideas políticas (teorías del contrato social), que la historia de las instituciones y de las categorías dogmáticas (la conversión de los Estados generales en Asamblea nacional, el propio concepto de personalidad jurídica del estado (Gerber); etc.… hayan sido explicadas a través de tautologías, ficciones y similitudes. Incluso a veces el propio Estado ha sido comparado al organismo humano.

banderascatesp_560x280Desde otro punto de vista, las relaciones humanas, las relaciones de pareja, pueden también guardar similitudes con las relaciones entre poderes, órganos o partidos políticos. Si en las primeras los controles preventivos o posteriores plantean problemas, en las segundas crean dificultades. Cuando en las primeras las interpretaciones (siempre subjetivas) pretenden convertirse en hechos objetivos las relaciones se deterioran, mientras en las segundas esas relaciones pueden desaparecer. Ni una persona puede atribuirse nunca el patrimonio del objeto, la verdad absoluta, como tampoco lo puede hacer un poder, un órgano o un partido. Los dogmas de fe pasaron ya hace tiempo a la historia. Si en las primeras la confianza mutua desaparece y la relación se frustra, con perjuicios graves para terceros si es que existen estos, en las segundas la inexistencia de una lealtad institucional bidireccional conduce al enfrentamiento, a veces brutal.

Algo de esto parece estar pasando en estos días/meses/años con la llamada históricamente “cuestión catalana”, con el encaje constitucional de Cataluña en España o para ser mas exactos con la independencia de Cataluña, cuando ambas sido siempre una pareja estable, incluso permanente porque así ambos lo quisieron, aunque como no puede ser menos con conflictos importantes. En efecto, la existencia de controles de oportunidad o de controles jurídicos mal utilizados, la conversión de determinadas interpretaciones subjetivas (la historia, el principio democrático…) en hechos absolutos y evidentes, pueden conducir a situaciones irreversibles y de enfrentamiento continuo, lo cual cuestiona la capacidad de nuestros políticos y perjudica únicamente a la ciudadanía catalana y española.

Como nos encontramos en un periodo electoral, la solución no es fácil y se complica aun más, porque nadie parece estar a la altura de las circunstancias y cada uno busca únicamente su propia rentabilidad política. Así pues, es de esperar que los próximos días/meses se conviertan en un auténtico esperpento a este respecto, que puede producir, que esta produciendo ya, un efecto evidente: el hastío de la ciudadanía catalana y española. Sin pretender actuar de profeta, y aun a riesgo seguro de equivocarme, creo que las siguientes premisas son fundamentales, aunque me temo que irrealizables:

Primera. Ha llegado el momento de olvidarse de la historia reciente, de quien ha sido el culpable de esta situación, pues lo han sido todos, y no hay nadie exento de algún tipo de culpabilidad.

Segunda. Los protagonistas de la llamada “desconexión democrática” deben saber lo que es el principio democrático, lo que significa el principio de una legalidad democrática, lo que es la legalidad europea e internacional y la ponderación que deben hacer en relación con sus deseos políticamente legítimos. Si se viola, con regodeo además, la legalidad constitucional y ordinaria, es obligada la defensa por parte de la misma de quienes están legitimados para ello.

Tercera. La actual legislación española permite una consulta al pueblo de Cataluña sobre su independencia, pero solo la puede hacer el Presidente del Gobierno y si lo hace debe realizarla en un contexto de democracia civilizada y, por supuesto, exigiendo unas mayorías cualificadas, como pudiera, por razones de paralelismo constitucional, ser el 60% de los votos emitidos que además representen la mayoría absoluta del censo electoral.

Cuarta. Si la respuesta de los catalanes es negativa, no se puede volver a celebrar otro referéndum hasta transcurrida un fecha prudencial previamente acordada. Si es positiva, se debe iniciar un proceso de negociación que requiere una reforma constitucional, la cual ha de ser aprobada por toda la ciudadanía española en los términos constitucionalmente establecidos. Sin duda alguna, la reforma de nuestra Constitución es ya no solo necesaria, sino perentoria. Pero no por la cuestión catalana, sino por otras que evidencian la necesidad de adaptar el marco constitucional a las nuevas realidades sociales y políticas, sin que ello implique hacer desaparecer “el régimen del 78”, pues la existencia del principio democrático es ya un límite a la acción del poder constituyente, que en el siglo XXI es de naturaleza sustancialmente diferente a la proclamada por los revolucionarios franceses.

Quinta: en este proceso no caben decisiones unilaterales radicales, ni órdagos a la grande, ni faroles, ni interpretaciones absurdas. La negociación y el acuerdo, la consideración de ambos hacia el otro, la claridad de lo que se quiere y se está dispuesto a dar, la recuperación de la confianza mutua, han de imponerse necesariamente, para lo cual se exige, como ya sucedió en nuestro pasado un clase política que este a la altura de las circunstancias, lo cual no sucede en estos momentos. Y además, esta negociación no puede tener líneas rojas pues todos tienen que ceder en sus pretensiones iniciales es decir, una ley de claridad a lo canadiense. De lo contrario las relaciones entre poderes, órganos y partidos se enquistaran. Y también lo harán las relaciones personales incluso entre la propia ciudadanía catalana. Los políticos que tratan de dividir a la ciudadanía no son estadistas, ni siquiera políticos, en el sentido aristotélico del término. Son personas, incompetentes, incapaces, cuando no tratan de encubrir intereses espurios que todos conocemos. No estará de más recordar que la opinión pública no es igual que la opinión publicada, y que es el público, es decir la ciudadanía, los titulares de dicha opinión, y no las empresas periodistas o los grupos políticos o los grupos de interés. La ciudadanía permanecerá, y cada vez será mas consciente, activa y exigente, como también permanecerán La Sagrada Familia, la Puerta de Alcalá o el Miguelete. Pero los políticos pasaran a la historia, si siguen así, como personas mediocres que no supieron estar a la altura de los tiempos, porque antepusieron sus intereses de partido, personales y/o patrimoniales al interés general. Es decir, subjetivación de los hechos, lo cual es una ficción jurídica imposible de admitir desde el punto de vista del principio democrático.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad Rey Juan Carlos

 

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Enrique Álvarez Conde

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