Actualidad Constitucional

LA ABDICACIÓN DEL REY

El pasado día dos de junio hemos conocido, con sorpresa, la decisión del Rey Don Juan Carlos de abdicar la Corona. Son muchas las especulaciones que se han realizado sobre los motivos de esta decisión, que posiblemente no conoceremos hasta que pase un cierto tiempo. Y también se ha valorado el reinado del monarca, generalmente de forma positiva, aunque a ello se le hayan sumado las sombras de los últimos años. Cualquier paralelismo con los casos de Alfonso XIII o de Isabel II no es sino una desconocimiento de la Historia o una interpretación fraudulenta de los hechos, pues la realidad constitucional es otra. Pero no debemos olvidar, de cualquier modo, que la Monarquía, en cuanto una de las modalidades de Jefatura del Estado que es, es una institución que, a diferencia de la Republica, presenta un mayor campo de cultivo para la teoría de los símbolos y los mitos. La diferenciación entre potestas y auctoritas –esta última característica de la Monarquía- es suficientemente indicativa. No obstante lo anterior, debemos intentar un racionalización de la institución en base a los principios constitucionales, especialmente por lo que al principio democrático se refiere.

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Sin embargo no son estas cuestiones las que quiero destacar, pues ya habrá tiempo para ello, sino aquellas otras que se plantean en el actual momento constitucional. A este respecto se pueden distinguir dos tipos de cuestiones:

A) Por un lado, los problemas jurídicos coyunturalmente existentes, pues hay otros muchos que afectan al desarrollo integral de todo el Titulo II que nuestros legisladores han diferido en el tiempo por temor a plantear una disyuntiva entre Monarquía y Republica que hoy día no puede ya soslayarse. Entre dichos problemas se pueden mencionar los siguientes:

1. La abdicación no es un acto personalísimo del Monarca, pese a la opinión contraria de ilustres juristas, ya que esta es todo un proceso que se inicia con el deseo del Rey de abdicar, y culmina con la proclamación del nuevo Rey, no necesitando, por tanto, un refrendo, pues ni estamos en presencia de un acto sustantivo con plenos efectos jurídicos ni, por tanto, hay nada que refrendar. Es un acto de impulso de un proceso, un acto de tramite, que una vez realizado se independiza de la voluntad del Monarca. El proceso de abdicación es, pues, un acto complejo que se inicia por un deseo personal del Rey, pero sin que pueda llegar a decirse que el Rey puede abdicar cuando quiera.

Por ello, la carta entregada al Presidente del Gobierno, elegido como cauce adecuado para hacerla conocer a la opinión pública, solo lleva la firma real. Es mas, al consagrar nuestra Constitución la Monarquía parlamentaria, donde el adjetivo es mas importante que el sustantivo, donde el centro de decisión política, a diferencia de otras formas de monarquía, se traslada del Rey al Parlamento, se esta queriendo decir que son las Cortes Generales las que tienen que autorizar toda una serie de importantes supuestos relacionados con la Corona, tal y como revela una simple lectura del Titulo II CE. Por ello el art. 57.5. entiende que dicha autorización ha de revestir la forma de ley orgánica y el contenido de la misma, como ley de caso único que es y no de desarrollo integral del referido precepto constitucional, es semejante al deseo expresado por la carta del Monarca. Estamos ante una ley únicamente valida para este supuesto de abdicación, y no para cualquier otro que se pudiera producir en un futuro. Es decir, las Cortes tienen que autorizar el deseo –la abdicación- del rey. Son las que realmente autorizan o no ese deseo real. El hipotético voto contrario a dicho proyecto de ley significaría simplemente que el Rey no puede abdicar. Esta es la única interpretación que permite el principio democrático, al cual también esta sometida la institución de la monarquía. Es decir, al constitucionalizarse la Monarquía parlamentaria, y no cualquier otro tipo de monarquía, es el Parlamento el órgano constitucional legitimado para todas una serie de decisiones importantes en relación con el estatuto jurídico del Rey y la Corona. En otro casos, cuando el Rey ejerce las competencias constitucionalmente atribuidas, que son las únicas que tiene, el principio democrático permite atribuir a otros sujetos (Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso, Ministros, etc.…) la autorización –el refrendo- de los actos del Rey.

2. La regulación constitucional del Titulo II CE, referente a la Corona, prácticamente virgen en su desarrollo constitucional por las razones anteriormente apuntadas, requiere una urgente revisión constitucional y no solo por los temas o cuestiones ya analizados (la preterición de la mujer en el orden de sucesión de la corona, la impunidad del Rey, etc.…), sino por otras muchas cuestiones. Dicha reforma debería integrarse en una reforma constitucional en profundidad de nuestra Carta magna que cada día, y no solo por esta cuestión, parece más urgente. Debería aprovecharse la finalización de la actual Legislatura para proceder, después de un estudio de las numerosas cuestiones a reformar, sobre los cuales existen ya los suficientes análisis y textos alternativos, a iniciar la reforma y convocar Cortes Constituyentes. Incluso el final de la actual legislatura se podría hacer coincidir con las elecciones locales y autonómicas del próximo año. En todo caso sería una reforma en profundidad que afectaría a buena parte de los preceptos constitucionales y sobre la cual tendría que pronunciarse la ciudadanía en un referéndum, y que va mucho mas allá, a mi juicio, que una simple opción entre Monarquía y republica, la cual no se planteo en el año 2005 cuando el Presidente Zapatero encargo el correspondiente informe al Consejo de Estado

3. El nuevo Rey, D. Felipe VI, no puede olvidar la posición constitucional del Rey en una Monarquía parlamentaria. El viejo aforismo ingles que atribuye al Monarca el derecho a animar, a advertir y a ser informado, debe constituirse en límite absoluto a su actuación. El rey reina pero no gobierna, y solo así se puede adecuar la Monarquía al principio democrático, al cual en principio es ajena como institución hereditaria que es. Mal servicio prestan a la institución monárquica aquellas opiniones que reclaman del nuevo Rey una intervención más activa y visible en orden a la solución determinados conflictos políticos. El Rey constitucional debe hacer uso de su auctoritas y no de su potestas, pues carece de ella. Y lo mismo puede decirse de la Reina, que también debe asumir su posición constitucional, que la tiene.

B) De otra parte, se encuentra el debate de fondo que atañe al modelo de Jefatura de Estado, y que hace resurgir la dicotomía Monarquía-Republica; un debate que no se puede obviar, pero que hay que reducir, en estos momentos concretos, a su dimensión actual.

En efecto, nadie esta legitimado para impedir este debate ni para soslayar las posturas de aquellos que defienden, legítimamente, la República. Soy de los que piensan que debe producirse un referéndum sobre esta cuestión, tal y como sucedió en Italia antes de aprobarse la actual Constitución, pero creo que no es el momento actual, pues ahora lo que hay que solucionar es la abdicación de Don Juan Carlos y cumplir las previsiones constitucionales existentes en el orden de sucesión del Trono. Para empezar, tratar de someter la ley orgánica de abdicación a un referéndum consultivo no es viable, pues la negativa supondría no la instauración de la República, sino que el Rey no puede abdicar. Por lo tanto, son otras las opciones factibles, de tal forma que el referéndum en cuestión podría realizarse en dos momentos:

1) Con anterioridad a la reforma constitucional que es necesario llevar a cabo cuanto antes, a través de la vía del referéndum consultivo del art. 92 CE para decisiones de especial trascendencia política.

2) Vinculándolo directamente al propio acto de aprobación en referéndum de la reforma constitucional proyectada.

Entre estas dos opciones, sin duda la primera es la mas sensata, evitándose, además, el condicionamiento de otras cuestiones relevantes que hay que incluir dentro de la reforma constitucional. Pero lo importante es no hurtar el debate y que este, finalmente, se canalice a través de la expresión formal de la ciudadanía.

Hemos de concluir que el principio democrático interviene en diferentes momentos, y a través de diferentes instituciones, en el tema que nos ocupa:

1) Exige una intervención directa de la ciudadanía, a través de los referéndums a la hora de elegir la forma de la Jefatura del Estado, es decir la opición por monarquía o república.

2) Legitima al Parlamento para determinar, a través de su autorización, que puede revestir varias formas, el estatuto jurídico de la Corona, del Rey y de los miembros de la Familia Real, entendiendo así correctamente lo que significa la constitucionalización de la monarquía parlamentaria.

3) Legitima a los titulares de la potestad refrendataria (Presidente del Congreso, Presidente del Gobierno, y Ministros), en el ejercicio de las competencia del Rey por entender que estas son absolutamente taxadas sin que quepa margen de discrecionalidad alguna.

 

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



DESMITIFICACIÓN DE LA CORONA

La comparecencia, como imputada, de la Infanta Doña Cristina, que legalmente carece de cualquier tipo de aforamiento como la mayoría del resto de los mortales, debe hacernos reflexionar sobre el significado de la Corona en nuestro ordenamiento jurídico, que es radicalmente distinto del que tiene en otros países, como pudiera ser el Reino Unido.

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 En el mundo del Derecho no es infrecuente acudir a ficciones, símbolos y mitos, y sobre ello se ha escrito mucho, para propiciar una explicación coherente de determinadas categorías dogmáticas o determinadas instituciones, especialmente cuando la vigencia del principio democrático se impone en casi todos los países civilizados. Ello es especialmente cierto en relación con la Monarquía, institución poco acomodada a la vigencia del principio democrático, pues la herencia puede aceptarse, y con límites, como forma de transmisión de la propiedad, pero nunca como forma de acceso al poder político democrático.

En Inglaterra, y en otros países, la Corona no es una institución más del Estado, sino que se identifica con éste. Por ello, y a modo de ejemplo, la Reina  ostenta la Jefatura del Estado de otros países (Canadá, Australia, etc..), es la cabeza suprema de la Iglesia anglicana, o el parlamento ingles, jurídicamente hablando, esta compuesto por el Rey, con sus Lores y sus Comunes. Pero esto no sucede en España, donde históricamente nuestros monarcas tuvieron una convivencia difícil con los tímidos intentos de proclamación de un sistema constitucional liberal o se opusieron abiertamente al mismo. A partir de la aprobación de la Constitución de 1978 parecía que el Rey Don Juan Carlos había entendido el significado de un sistema constitucional y de una democracia avanzada. Pero ello exigía un continuo y constante entendimiento y aceptación, supuesto este que no se ha producido en los últimos años, razón por la cual la Monarquía ha descendido de forma evidente en la valoración positiva de los españoles.

Y es que el Rey, pese a lo que diga el art. 56.1., no es el “símbolo” de la unidad y permanencia del Estado, porque esta condición únicamente se puede predicar de la Monarquía inglesa por las razones anteriormente apuntadas. Por ello, la Monarquía española debe estar más sujeta que ninguna otra a la vigencia del principio democrático, que es el autor de la Constitución y de su propia existencia como forma de gobierno. La Monarquía no forma parte de la “Constitución interna”, como decía Cánovas, sino que es una institución del Estado que debe responder a la legitimidad del principio democrático. Es una Monarquía parlamentaria, donde lo más importante es el adjetivo y no el sustantivo. Por tales razones, cuando políticos y periodistas se rasgan las vestiduras por la comparecencia de la Infanta, lo que están haciendo, aparte de demostrar su ignorancia sobre el significado de la Corona en nuestro ordenamiento jurídico, es una flaco servicio a la propia Monarquía.

Por ello mismo, hay que proceder, cuando llegue el momento de la reforma constitucional, necesidad está cada vez más imperiosa, a una modificación de no pocos contenidos del Título II: la supresión del principio de masculinidad en el orden de sucesión del trono, verdadero anacronismo constitucional; la constitucionalización de la responsabilidad, penal y civil del Monarca, el cual únicamente estaría exento de responsabilidad política, como si de un Presidente de República se tratase; el establecimiento en nuestra Carta Magna de un estatuto jurídico de los miembros de la Casa real, con la previsión incluso de un aforamiento propio, que tienen hasta los diputados autonómicos, y un largo etcétera. Es decir, debemos crear el marco jurídico necesario para que la Monarquía no se aparte nunca, no pueda hacerlo, del principio democrático. De lo contrario añadiremos una crisis institucional más a las que actualmente tenemos planteadas. Y es que, paradójicamente, otras monarquías europeas que sí puede decirse de ella que están integradas en las “Constituciones internas” de sus Estados, han realizado todos estos cambios anteriores sin grandes traumas.

Es posible que la próximas elecciones europeas castiguen a los partidos políticos mayoritarios. Y también lo es que estos acepten, más o menos complacidos, este castigo, pues no afecta sustancialmente a sus cuotas de poder político. Otro significado tendrán las elecciones autonómicas y generales, que pueden llegar a coincidir. Pero lo que ya no evitaremos, si no es con una transformación radical de nuestra cultura política, lo que incluye a la Monarquía, es que los líderes políticos se vean constantemente rechazos por la ciudadanía cuando salen a la calle. Es lo mínimo que puede y debe hacer la ciudadanía.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



LA PRIVATIZACIÓN DEL ABORTO

El Consejo de Ministros del día 20 de diciembre, como si de una trágica inocentada navideña se tratara, ha aprobado, mediante la modificación de diferentes leyes, una nueva ley del aborto que viene a derogar a la actualmente vigente. Las principales características de la misma son las siguientes:

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1)    Se abandona el sistema de plazos de la vigente Ley del 2010, y se sustituye por el de indicaciones, pero de una forma más restrictiva que en 1985, pues frente a los tres supuestos de esta ley ahora únicamente se permiten dos. Es decir, se aceptan el aborto terapéutico y el ético y se hace desaparecer el aborto eugenésico, con la salvedad de que pudiera estar este último incluido en el primero. Ni siquiera se admiten las llamadas indicaciones socioeconómicas, vigentes en numerosos países europeos. Con ello, nos situamos a la cola de Europa, únicamente superados por Malta e Irlanda.

2)    Se considera a las mujeres como incapaces, como menores de edad. En efecto se exige el consentimiento paterno para las menores de 18 años, se amplía el plazo de “recapacitación”  a 7 días, para que la mujer embarazada “se lo piense bien”, se ponen más trabas burocráticas (exigencia de dos informes médicos, distintos del que trata a la embarazada). A cambio de ello, y precisamente porque la mujer es una incapaz, una “víctima” se dice, no se le penaliza, sino que la responsabilidad penal (con penas de prisión y de inhabilitación especial) se traslada al médico que practique el aborto ilegal. Y es que no deja de ser una falacia monumental que se diga que “en ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada”, habiéndose olvidado de añadir: pobrecita, ella no tiene la culpa, ha sido engañada, y es inimputable por ser incapaz.

3)    Se regula, de forma muy extensiva y sin ninguna limitación, la posibilidad de que los médicos (y todo el personal sanitario de un centro, incluidos los bedeles) ejerzan su derecho a la objeción de conciencia, con la pretensión de que exista un número elevado de facultativos que se nieguen a practicar abortos, incluso legales. El caso de las clínicas de Navarra de épocas pasadas surge inevitablemente. La opción por la privatización del aborto es evidente. Las mujeres embarazadas tendrán más fácil acudir a una clínica privada, donde previsiblemente se reducirán las posibilidades de que el médico ejerza su derecho a la objeción de conciencia, donde fácilmente se obtendrán los informes médicos preceptivos y donde, seguramente, se le facilitarán enormemente los requisitos burocráticos exigidos. Ahora, eso sí, pagando –quien pueda hacerlo-.

Toda esta regulación se justifica por dos motivos principales. Uno, para cumplir el programa electoral del PP en las elecciones, pareciendo que se da respuesta a uno de los puntos del programa que no debían cumplir, precisamente por la vulnerabilidad en que se coloca a las mujeres, cuyos derechos dejan de ser respetados; y han dejado de cumplir todo aquello que prometieron, a pesar de que es aquí donde precisamente está en juego el Estado Social de Derecho: salir de la crisis; reducir el paro; garantizar la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales; tolerancia cero contra la corrupción y un larguísimo etcétera. Es decir, han violado sistemáticamente el contrato de legislatura que contrayeron con sus votantes y electores. Y dos, en una argumentación de tipo jurídico, se señala que el nuevo proyecto de ley se acomoda a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. Otra falsedad monumental. La doctrina del Tribunal, sintéticamente expuesta, es muy clara: el nasciturus es un bien constitucionalmente digno de protección, pero no es titular de derechos. En cambio la mujer, aunque no se lo crean algunos, es titular de derechos fundamentales. Cuando se produce la colisión entre un bien constitucional digno de protección y un derecho fundamental, en buena lógica jurídica, debe primar este a través de un juicio de ponderación razonable. Por eso se justifica la despenalización parcial del aborto, lo cual no le convierte en absoluto en un derecho a abortar. Es más, el Tribunal no va a poder pronunciarse sobre la actual ley en vigor recurrida por el PP, sobre el sistema de plazos. Y ello porque cuando entre en vigor el actual proyecto, el Tribunal, también en buena lógica jurídica, dirá que ya no hay objeto sobre el que pronunciarse pues la ley recurrida ya ha sido derogada. Pero los autores de la norma olvidan la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: les recomiendo que se lean la sentencia  Tysiac vs. Polonia, de 2012. Quizá así tengamos todavía tiempo para que se cambie de criterio, evitando lo acontecido con la doctrina Parot.

La aprobación de este proyecto de ley en la mitad de la Legislatura lo que ha puesto de relieve no es sino la evidente pérdida en materia de derechos, los cuales constituyen un patrimonio universal, incluso por encima de las religiones. ¿Cuándo un partido conservador en España evitará que la izquierda se atribuya en exclusiva su condición de garante de los derechos y libertades? ¿Cuándo un partido conservador respetará las conquistas sociales producidas? ¿Cuándo, en fin, todos los partidos políticos entenderán que la libertad, la igualdad y la solidaridad son conquistas ya consolidadas hace más de doscientos años, y que constituyen la esencia constitucional de nuestro Estado, por encima de las ideologías de aquellos? Creo que nunca. Por eso los partidos políticos solo triunfan en unas elecciones cuando los otros partidos lo hacen muy mal, cuando no hay otra alternativa. Pero no deben olvidar que las alternativas igual que se destruyen se crean, renacen, aunque sea con distintos protagonistas. Y en este caso concreto tienen un nuevo protagonista: todas las mujeres, pues esta es una ley contra las mujeres. Pero también todos los hombres, pues ¿se aprobarían las mismas leyes si fuésemos los hombres los que diésemos a luz? Mientras tanto, muchas mujeres volverán a ir al extranjero a abortar (el ir a Londres de la transición), produciéndose, como ha dicho un colega, un nuevo caso de movilidad exterior. Las/los españoles ya solo podemos viajar al exterior para abortar o para trabajar. El ir de turista es un imposible y el ir de estudiante becario también.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



ÓRDAGO A LA CHICA

El mus es un juego de envite y azar que presenta ciertas particularidades. Además en él no se juega dinero, sino el café, la copa, el puro, la comida o la lotería de Navidad. Antes era un juego exclusivamente masculino. Ahora lo practican cada vez mas mujeres y de forma brillante. Los jugadores no pueden ser prepotentes ni temerarios. Y tampoco responder a las prepotencias y temeridades de otros jugadores con órdagos infundados. Han de tener señorío, hidalguía. Han de tener “seny”. Posiblemente no haya reglas de aplicación general en los juegos de envite y azar. Pero si las hay, en el mus hay una evidente: jugador de chica, perdedor de mus.

Acabamos de  conocer las preguntas de la consulta popular de Cataluña, aprobadas por los llamados partidos “soberanistas”. ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? ¿Quiere que sea un estado independiente?. Sin duda alguna, estas preguntas están más inteligentemente concebidas que la primera pregunta anunciada ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente dentro de Europa? Pero también continúan siendo preguntas ambiguas, capciosas, confusas, profusas y difusas. ¿Por qué dos preguntas y no solo una? (¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente?). Supongo que son preguntas sucesivas en el tiempo. El no a la primera (cosa poco probable) impediría la segunda. El si a la primera y el no a la segunda supondría una opción por un sistema más federal  o, incluso, confederal, que creo que es realmente lo que se pretende. Pero, ¿pueden los políticos actuales explicar lo que es un estado en el siglo XXI? ¿Pueden los ciudadanos entender una explicación confusa? ¿No es ya Cataluña, como todas las Comunidades Autónomas, estado en singular ? ¿estamos ante otro globo sonda? La fecha, 9 de noviembre del 2014, tampoco es casual. Es inmediatamente posterior al referéndum de Escocia. El pretendido derecho a decidir no es un derecho natural ni un derecho histórico, pues estos no existen. Tampoco esta reconocido en ningún ordenamiento jurídico. Es una mala versión del derecho a la autodeterminación, reconocido en diferentes Tratados Internacionales suscritos por España, y que no es aplicable al supuesto de Cataluña. Es también una simplificación del viejo aforismo “ I pay, I decide”, con el agravante de que este caso concreto falta el “I pay”.

Posiblemente la o las preguntas finales, si es que se formulan, sufrirán modificaciones Junto a ello creo que, de momento y para una reflexión inicial, es importante destacar lo siguiente.

Estamos ante un problema político y no estrictamente jurídico. Y política debe ser su solución, en el sentido de que todos los partidos políticos deben realizarse esfuerzos de negociación y dejar de tirarse órdagos. La actual clase política española esta cada vez mas alejada de la ciudadanía a la que representa. No debemos olvidar que nuestro país es experto en “jubilar” a lideres políticos en plena madurez (Suarez, González, Aznar, Zapatero, es decir todos los Presidentes de Gobierno de la democracia). Si continúan manteniéndose debates ficticios, muchos de ellos para encubrir otras realidades (la corrupción, el fracaso en la gestión de los asuntos públicos, las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, el deterioro del Estado social en suma, etc…), puede suceder que, en futuros procesos electorales, se produzca una jubilación de toda una clase política, sin que de momento se vislumbre una alternativa seria. Los partidos políticos deben acostumbrarse a “vivir en Constitución”, con todo lo que ello conlleva. De este modo podrán exigir a otros, especialmente a los poderes privados, que también lo hagan. Y una Constitucion no es lo que decide la mayoría parlamentaria. Ni tampoco lo que determina el Tribunal Constitucional. La constitución es la suma de la grandes decisiones políticas fundamentales que adopta el poder constituyente, que es la expresión jurídica de la soberanía popular.

Jurídicamente hablando, la consulta tal y como esta planteada es inconstitucional y el Gobierno dispone de numerosas armas jurídicas (sin necesidad de acudir al art. 155) para paralizarla. Ahora bien el Derecho no es una ciencia exacta, sino una ciencia del espíritu. Nunca o casi nunca en el mundo del Derecho dos y dos son cuatro. Es posible encontrar argumentaciones fundadas distintas y dispares. Todo ello es cierto. Pero también lo es que si la consulta ahora es inconstitucional también puede reformarse la Constitución para hacerla posible. No debemos olvidar que la reforma de la Constitución es un mecanismo de defensa de la misma, que también defiende la Constitución quien pretende su reforma por los mecanismos establecidos.  Es la hora inaplazable de la reforma constitucional, en serio y no simplemente puntual. Los juristas no somos los protagonistas en este proceso. Pero tampoco podemos ser unos “convidados de piedra”. Y mucho menos asumir el papel  de “juristas persas” que siempre están al servicio del poder o de interéses políticos y económicos determinados. La época del canciller Bismark, aunque generase grandes juristas, no debe olvidarse.

Sin duda estos días asistiremos a números debates y comentarios en los medios de comunicación social. Los tertulianos, más o menos preparados, están haciendo su agosto. Y los profesionales de la información cumplen, con su estatuto jurídico diferenciado (cláusula de conciencia y secreto profesional), un papel trascendental en las democracias occidentales, a veces sustituyendo a los propios poderes públicos, para crear y mantener una opinión publica libre. Son, en feliz o no expresión “los perros guardianes de la democracia”. Pero no debemos olvidar que el propio concepto de opinión pública fue creado ya en el siglo XVIII por los fisiócratas. Y tampoco hay que olvidar que, siguiendo a Manheim,  no es lo mismo opinión publica que opinión publicada. Ya hemos superado las etapas profesionalista y empresarista de la información. Ahora, en un estado democrático, estamos en la etapa universalista de la información, en la cual esta pertenece al publico y es este, o sus auténticos representantes, los que deben forjar una autentica opinión pública. Lo demás es opinión publicada, importante sin duda, pero realizada por trabajadores de concretas empresas informativas, que responden también a determinados intereses políticos y económicos.

Y finalmente nos encontramos con la ciudadanía. Nadie puede negar que el pueblo español, o si se quiere los pueblos de España, han dado sobrados ejemplos en estos años de democracia. Es más, la actual crisis económica, institucional y de valores tiene un protagonista positivo: la ciudadanía que se  manifiesta, la ciudadanía silenciosa, pero no tonta, la ciudadanía, en suma, que esta esperando su momento para pronunciarse en un sentido o en otro.

Dejemos de jugar más al mus. Y si queremos jugar, hagámoslo bien. Dejemos de marear la perdiz y solucionemos los problemas políticos en sede política, ofreciendo soluciones alternativas y no simples noes, y los problemas jurídicos en sede jurisdiccional.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: EN TIEMPOS DE CRISIS ES CUANDO SE DEBEN REALIZAR LAS MUDANZAS

Suele afirmarse, y aceptarse como una especie de dogma de fe, que en tiempos de crisis no conviene hacer mudanzas. La falacia de la afirmación es total, tanto por su hilo argumental, como por las nefastas consecuencias a que conduce: de este modo las mudanzas nunca se realizan, pues se afirma -o se cree- que cuando pase la crisis ya no es necesario realizar la mudanza. Con ello, las reformas se postergan sine die y nunca se llevan a cabo.

La celebración del XXXV Aniversario de nuestra Constitución es un acontecimiento extremadamente positivo para toda la ciudadanía. Nunca en nuestra historia constitucional habíamos tenido una Constitución normativa como la actual, y nunca habíamos gozado de un sistema democrático como el presente. La transformación de nuestro país en estos últimos años ha sido radical –lo cual no significa suficiente- y positiva. La España actual nada tiene que ver que la de los años setenta. Pero celebrar un aniversario no resulta incompatible con proponer la reforma de lo que se celebra. Es más, puede sostenerse que, hoy día, es la mejor forma de homenajear a nuestra Constitución y a los que hicieron posible el establecimiento de nuestro actual sistema democrático.

A diferencia de otras posturas sostenidas por diversos colegas, creo que la reforma constitucional no puede ser puntual y escueta. Ha de ser en profundidad, pues son muchos los preceptos que han de reformarse. Pensemos que en el Dictamen elaborado por el Consejo de Estado en el 2005, se proponía la modificación de mas setenta artículos de la misma. Y luego han surgido nuevas iniciativas de reforma, todas ellas guardadas en el baúl de los recuerdos. Ahora bien, la reforma resultante, por muchas modificaciones de preceptos que haya, no puede dar lugar a una Constitución radicalmente distinta de la actual. Todos debemos reconocer en la proyectada reforma a la actual Carta Magna. Debe ser una reforma y no una supresión de la misma. Y son dos las grandes cuestiones a plantear:

1)     Por un lado, el contenido de la reforma, que debe reflejar las grandes decisiones políticas que quiera adoptar el poder constituyente, en cuyo ejercicio participan toda la ciudadanía y, en lógica consecuencia, todos los partidos políticos; y al cual no se le puede hurtar su presencia y protagonismo como se hizo en la reforma del 2011. Y este contenido afecta a temas claves: el establecimiento de una auténtica clausula europea; la modificación radical de nuestro modelo autonómico de tal forma que el mismo nos identifique a todos; la opción clara por un sistema más representativo, con modificaciones en el sistema electoral y con la potenciación de las instituciones de democracia identitaria; el establecimiento de mayores garantías en el sistema de derechos fundamentales, evitando la actual distinción existente y potenciando la igualdad real y efectiva, especialmente la de  mujeres y hombres, la cual debe ser constitucionalizada de forma expresa; la consagración de un deber jurídico de colaboración entre los diferentes órganos constitucionales, y entre estos y los poderes privados (cuya constitucionalización resulta imperiosa), lo cual puede conducir a una modificación importante de la estructura y funciones de los mismos; y un largo etcétera.

2)     Por otro lado, y no menos importante, el procedimiento de reforma. Previsiblemente, antes de las próximas elecciones generales, tenemos a la vista dos procesos electorales previos: las elecciones europeas y las locales y autonómicas. Pues bien, todos los partidos políticos deberían incluir en sus programas electorales, además de otras cuestiones referentes a la solución de la actual crisis económica y de valores en que estamos inmersos, la reforma constitucional como una de sus líneas básicas. Con ello iniciaríamos un primer debate entre los partidos y, lo que es mas importante, con la propia ciudadanía. Posteriormente deberían analizarse los diferentes estudios ya realizados y efectuar una puesta en común con los partidos y las diferentes organizaciones sociales. Y, finalmente, las actuales Cortes Generales deberían dar cumplimiento al art. 168.1. CE, aprobando el principio de reforma. De este modo, las nuevas Cortes tendrían un carácter constituyente puro y podrían aprobar, ya definitivamente, la nueva reforma.

A algunos les puede parecer una tarea ingente e imposible. No me valen argumentos tales como el de que es imposible alcanzar el mismo consenso que en 1978. Esta es otra falacia argumental, que conduce a la congelación de nuestro texto constitucional y, también, a su ingreso en el museo de las antigüedades. Mucho mas difícil fue aprobar la actual Constitución. Y se hizo. La actual clase política, social y económica debe estar a la altura de las circunstancias del momento. En situaciones de crisis debería resultar mas fácil hacer pactos de Estado, mostrando la madurez democrática que exige el sistema. Y la reforma de la Constitución es uno de los mas importantes, debiendo estar todos implicados y no únicamente las fuerzas políticas mayoritarias. De otro modo, puede suceder que nuestra actual Constitución normativa, se convierta en puramente nominal o, lo que es todavía peor, en una Constitución semántica. Ya hemos superado el momento de que la interpretación constitucional haga innecesaria la reforma de la misma; una reforma que, a mi juicio, debe optar claramente por sus principios inspiradores, por su fundamentalidad en suma. Por paradójico que pueda resultar, y frente al argumentario oficial, los momentos de crisis económica son mas favorables para llevar a cabo la reforma en profundidad de nuestro texto constitucional, precisamente porque es en estos momentos cuando el mismo es más maltratado.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



LOS EFECTOS DE UNA MOCIÓN DE CENSURA

La incomparecencia del Presidente del Gobierno ante el Parlamento como consecuencia del nuevo cariz que esta tomando la corrupción en nuestro país, hecho absolutamente criticable, ha planteado la posibilidad de presentar una moción de censura al Gobierno para posibilitar dicha comparecencia. Sin embargo la naturaleza de la moción  de censura constructiva la convierte en un instrumento inadecuado para conseguir dicho propósito.

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La moción de censura tiene como efecto principal derribar al gobierno. Para ello se necesita un candidato alternativo y una votación favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Las mociones de censura hasta ahora presentadas, la del PSOE contra el Gobierno de UCD y la del PP contra el gobierno del PSOE, no consiguieron, dado el sistema de mayorías existentes, el efecto deseado, pero produjeron otros. En el primer caso, Adolfo Suárez se vio obligado, meses más tarde, a presentar una cuestión de confianza, con la finalidad de evitar o paliar el aislamiento político en que se encontraba. En el segundo caso, se pretendía que el candidato a Presidente del Gobierno, Hernández Mancha, por no tener la condición de diputado, saliese de su ostracismo político y pudiera intervenir en el Congreso y promocionar así su condición de candidato a Presidente.

No debemos olvidar que en la moción de censura el protagonista es el candidato a Presidente del Gobierno, el cual debe exponer el programa político que pretende desarrollar. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios pueden fijar su posición sobre dicho programa y sobre la idoneidad del candidato. Es decir, correspondería a Rubalcaba (o el que fuese) todo el protagonismo inicial y el representante del grupo parlamentario popular, que no tendría por que ser necesariamente Rajoy, establecer la posición de su partido político al respecto. De este modo, la presentación de una moción de censura debe centrarse sobre todo un programa político de gobierno (y no sólo sobre la corrupción) y ni siquiera obligaría al actual Presidente del Gobierno a intervenir. Y ello, porque la moción de censura más que un mecanismo de  autentico control político sobre el Gobierno, lo que tiene es la condición de técnica parlamentaria para hacer posible una alternativa al mismo.

Todas estas cuestiones son sobradamente sabidas por un alumno de primero de Derecho. Pero parece que nuestra clase política no lo tiene tan claro. Ellos deben  buscar, pues, otras técnicas parlamentarias (y haberlas las hay) para obligar a comparecer al Presidente del Gobierno  y hacerle  hablar sobre un tema puntual y concreto. Nuestro modelo de parlamentarismo racionalizado no es tan difícil de comprender.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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UN NUEVO GOLPE DE ESTADO

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el pasado sábado, supone un serio atentado al órgano de gobierno del Poder Judicial: al CGPJ. Este no es un ataque aislado a nuestro sistema constitucional, sino uno más, tomando como pretexto la existencia de una crisis económica persistente. En efecto, cuestiones tales como la reforma constitucional del 2011, la privatización de determinados servicios públicos como la sanidad y la educación, la desaparición de los fondos para la dependencia y un largo etcétera no sino medidas adoptadas con la finalidad de cambiar el modelo de convivencia que nos hemos dado los españoles.images

Las manifestaciones más importantes de este nuevo atentado, dejando aparte otras cuestiones (como es el nuevo funcionamiento interno del propio  Consejo) tratadas con una técnica legislativa muy deficiente, a nuestro juicio claramente inconstitucionales y reveladoras de una clara desconfianza hacia los propios jueces y magistrados, son las siguientes.

1) Se altera el estatuto jurídico del vocal del Consejo, pues unos tendrán dedicación exclusiva y otros continuarán ejerciendo sus respectivas profesiones, cobrando, eso si, pingues dietas (casi 2000 euros al mes) por asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones.

2) Se modifica el sistema de elección pudiendo ser elegidos únicamente los que correspondan a una de las Cámaras y permaneciendo el resto hasta que sean elegidos por la otra. Curiosamente, el PP dispone de la mayoría necesaria en el Senado, pero no en el Congreso, con lo cual puede aumentar considerablemente su cuota de poder en la composición de este órgano.

3) Se despoja al Consejo de importantes competencias, alterándose su naturaleza de órgano constitucional e impidiéndole dirigir y planificar la política judicial.

4) Sus acuerdos son objeto de un privilegio jurisdiccional del que carecen otros órganos constitucionales.

Pero este no será el último atentado a nuestro sistema democrático. Ya se anuncian otros: la reforma de la Administración General del Estado, la modificación del régimen local, la restructuración de los Parlamentos autonómicos, etc.… Todo ello en aras de un ahorro presupuestario que no encubre sino un cambio de modelo. Y todo ello también bajo un sistema donde la corrupción se convierte en nuestro sistema de gobierno por antonomasia. Y todavía no hemos llegado  a la mitad de la Legislatura.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



LOS LEONES NUNCA SERÁN VEGETARIANOS

Cada día nos desayunamos con nuevas noticias sobre los casos de corrupción política que parecen llevarnos a la conclusión de que la auténtica  Constitución material de nuestro país es la corrupción. Y todo ello dentro de una crisis económica, que conduce a que la ciudadanía se distancie cada vez más de nuestros políticos. Estos han dejado de ser ciudadanos, pues no pueden salir a la calle, ni siquiera a comer en un restaurante, sin que sean increpados por aquellos. El debate se reduce, pues, a los medios de comunicación, normalmente privados, que son, como es sabido, opinión publicada y no opinión pública.

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Desde un punto de vista penal, España es uno de los países con menor índice de penados por delitos de corrupción política. Son muy pocos los condenados por sentencia judicial firme. Hay algunos en prisión provisional. Y nadie devuelve las cantidades ilegítimamente percibidas. En cambio, desde un punto de vista social la corrupción se extiende a todos los partidos, a unos más que a otros, y a  parte de nuestros dirigentes sociales. Son muy pocos los que dan ejemplo en sentido contrario. Cuando mayor es la cuota de poder político o de poder social mayor es el grado de corrupción política. Sólo aquellos que no “tocan poder” están, de momento, limpios de pecado.

Desde un punto de vista territorial, el problema resulta todavía más grave. Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, es decir, las principales Comunidades Autónomas de nuestro país, son las que presentan índices más elevados. El caso de la última de ellas, la Comunidad Valenciana, resulta especialmente esperpéntico. Y todo ello sin olvidarnos de la corrupción existente en buena parte de nuestras Corporaciones Locales y en todo el entramado  institucional de nuestro país.

Pero lo grave es que no parecen vislumbrarse soluciones a medio y corto plazo. Ni la aplicación de las medidas normativas existentes, que deberían bastar por si solas, ni la aprobación de nuevos y pomposos proyectos de ley (ley de transparencia), ni la actuación en casos notorios de la Fiscalía General del Estado, parecen representar un intento serio de atajar radicalmente el problema. Personalmente  me resisto a admitir aquella frase lapidaria que recientemente una profesora española, que hacia una estancia de investigación en la prestigiosa Universidad mejicana de la UNAM, pronuncio en un seminario sobre el tema en cuestión: “No debemos olvidar que los leones nunca serán vegetarianos”.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



DEMOCRACIA DIRECTA VS. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Las relaciones dialécticas entre la democracia representativa y la democracia directa fueron ya objeto de un importante debate teórico en la Asamblea Constituyente de la revolución francesa, siendo posteriormente también analizadas por los grandes teóricos del constitucionalismo clásico. En gran medida la teoría de la representación construida por los revolucionarios franceses, y que continuamos manteniendo sustancialmente en la actualidad, es, como ya señala el propio Kelsen, una auténtica tautología, pues los representantes únicamente se representan así mismos.

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Posteriormente, la defensa de las instituciones de democracia directa corrió a cargo de las fuerzas políticas más conservadoras e incluso fascistas (Napoleón III, De Gaulle, el propio Franco, etc.…), siendo en nuestras Cortes “constituyentes” estas fuerzas conservadoras las más acérrimas defensoras de las mismas (Fraga). Finalmente, nuestra Constitución, a diferencia de otros textos constitucionales, opta claramente por el sistema representativo, configurando unas instituciones de democracia directa o semidirecta con un valor muy complementario y muy poco significativas.

El ciclo continúa en la actualidad con la defensa, normalmente por posiciones políticas de izquierdas, de la democracia directa frente a la democracia representativa. El conocido slogan de “No nos representan” es suficientemente indicativo. A ello ha contribuido el anquilosamiento de nuestro actual sistema de partidos, la propia inercia del sistema electoral y, fundamentalmente, el estallido de la crisis económica, la cual no es soportada por quienes la provocaron sino por los que la sufren. Por ello no es de extrañar la celebración escraches ante los representantes políticos, de manifestaciones sin comunicación previa, de presentación de iniciativas legislativas populares, de reclamación de referéndums, de celebración de consultas populares sobre los temas más diversos, etc.…

La legitimidad democrática de todas estas actuaciones es difícilmente cuestionable. Pero el problema principal planteado es si pueden convertirse, a corto o medio plazo, o no en auténticas alternativas a la democracia representativa. Personalmente pienso que no, aunque ello no debe impedir una defensa y promoción de las mismas y una mejor explicación de su significado a la ciudadanía. Y para terminar, una pregunta ingenua: ¿Por qué las fuerzas políticas más a la izquierda del sistema defienden un sistema proporcional de listas abiertas, que no existe en ninguna parte del mundo y que presentan más disfuncionalidades que las que teóricamente pretenden corregir?.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



LOS ANTISISTEMA Y EL CONTRATO DE LEGISLATURA

De todos es sabido, o debería serlo, que la esencia de los sistemas políticos democráticos, a diferencia de los autoritarios, consiste en una integración de todas las opciones políticas, incluso las contrarias al propio sistema, pues es posible la realización de políticas publicas alternativas. Por ello, se fomenta la participación y no la apatía política. Por ello son lícitos todos aquellos planteamientos que abogan por una reforma del propio sistema. Y por ello se permite la expresión no violenta de los distintos planteamientos políticos. Así pues, los sistemas democráticos no crean ni fomentan opciones ni personas antisistema, pues todas y todos caben dentro de él.

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Por lo tanto, son legítimos los plantes  ante nuestros representantes, las manifestaciones públicas, espontáneas o convocadas, como ejercicio de la libertad de expresión, los piquetes informativos en las huelgas, la petición de responsabilidades, la discrepancia en las decisiones políticas y judiciales, etc.… El único límite es el Código Penal, que se caracteriza por el principio de intervención minima.

Todo ello, además, en un momento político donde la confianza entregada por los ciudadanos a sus gobernantes ha sido traicionada, pues estos no han cumplido el llamado “contrato de legislatura”. En efecto, los ciudadanos votan a una opción política determinada para que lleve a cabo un programa político que ha sometido a su conocimiento y consideración. No le dan un cheque en blanco. Cuando ese programa política se altera sustancial y radicalmente, los ciudadanos, por un lado, se encuentran libres de todo compromiso y, por otro, están legitimados para pronunciarse sobre el nuevo programa que se esta llevando a cabo. No es siempre cierto que los Gobiernos estén legitimados para gobernar durante toda la Legislatura, hasta que haya nuevas elecciones.

Otra cuestión, radicalmente distinta y ajena a la esencia del sistema democrático, es considerar como opciones y personas antisistema a todos aquellos que no comulgan con los planteamientos oficiales de la fuerza política coyunturalmente en el poder. Esta es la tesis, a falta de mejores argumentaciones, de buena parte de periodistas, contertulios y demás personajes de la derecha mediática de este país. Es evidente que ellos no creen en el sistema democrático ni en sus potencialidades transformadoras. Ellos son los auténticos antisistema, pero no porque se vean excluidos por el sistema democrático, que los tolera, sino porque voluntariamente se sitúan fuera del mismo.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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FRENTE A LA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LO PRIVADO

La actual crisis económica esta provocando una voracidad inusitada, por parte de los poderes privados, sobre lo público. A nadie debe extrañar esta situación, pues fueron aquellos los que provocaron la crisis, amparándose en la necesidad de incorporar nuevos mercados y  conseguir unas plusvalías más altas,  fundamentándose en la mala gestión –nunca demostrada-  por parte de los responsables públicos, cuando los malos gestores habían sido ellos mismos, que, además, eluden cualquier tipo de responsabilidad. Con ello, se pretende la reducción del espacio público y la prestación, evidentemente más cara, de los servicios públicos por parte de los poderes privados.

 Ello ha acentuado las desigualdades existentes entre los diversos sectores sociales. Se ha producido un aumento dramático del paro, alcanzando cuotas históricas que no pararan de crecer, de la pobreza y de la exclusión social, impensable en un país que hasta hace poco era la octava potencia mundial. Por el contrario, los más poderosos han aumentado su nivel de renta, continúan sin pagar los impuestos que proporcional y progresivamente les son exigibles, y sus posibles responsabilidades civiles y penales se diluyen y difuminan.

Creo que los ciudadanos pueden llegar a entender la adopción de medidas drásticas para salir de la crisis. Pero estas medidas han de ser temporales, respetar el principio de igualdad real y efectiva que consagra nuestra Constitución, y divisar un horizonte por lo menos parcialmente esperanzador, cosa que no sucede en la actualidad. Por el contrario, el paro continúa aumentando, el déficit público no desciende y la crispación aumenta. Continuamos dentro de un túnel sin que se vea un atisbo de salida. Lo que no soportan, ni nadie puede soportar, es la tolerancia con los casos de corrupción, las falsas promesas de nuestros gobernantes, el incremento de las desigualdades, la represión de sus opiniones contrarias, el pasotismo de nuestra clase política incapaz, por unas razones u otros, de llegar a grandes acuerdos, la existencia de privilegios para determinados sectores políticos, sociales y religiosos, y un larguísimo etcétera.

Los poderes públicos no parecen haber acertado en las medidas a adoptar para la salida de la crisis. Y es que su planteamiento, impuesto o aceptado, debe ser rechazado de plano. Si no queremos que nuestro país, uno de los primeros Estado-nación del mundo, no se venda, no se privatice, solo cabe una solución alternativa: frente a la privatización actual y salvaje de lo público optar por una constitucionalización de lo privado. No debemos olvidar que nuestra Constitución es la norma jurídica suprema, que vincula a todos, ciudadanos, poderes públicos y poderes privados. Y que el principio democrático, consustancial a nuestro sistema político, se configura como un límite infranqueable a toda acción política y también a todos los comportamientos privados.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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El DESMAYO DE LA PANTOJA  

Isabel Pantoja es ya famosa en la historia judicial española, pues acumula, tanto ante la jurisdicción ordinaria como ante la constitucional, diversas sentencias que han adquirido una cierta relevancia. Y posiblemente acumulará otras más.
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La última resolución judicial en torno al personaje plantea, entre otras cosas, el problema de la predecibilidad de las decisiones judiciales, tema sobre el cual el Consejo General del Poder Judicial dio un importante varapalo al proyecto de Gallardón sobre el establecimiento de la pena perpetua revisable. Unos entienden que ello forma parte del principio de seguridad jurídica. Otros, sin negarlo, ponen de relieve que dicha exigencia esta supeditada al propio significado de la función jurisdiccional que es aplicar, e interpretar la ley, al caso concreto.Lo que resulta evidente es que las decisiones judiciales no pueden verse mediatizadas por los juicios paralelos. Conocemos sobrados ejemplos de ello. También es cierto que los Jueces y tribunales pueden equivocarse, y para ello esta el sistema de recursos diseñado por nuestro ordenamiento jurídico, que ofrece suficientes garantías al respecto. Pero, en todo caso, las decisiones judiciales deben acatarse, aunque la ejecución de las mismas platee no pocos problemas. Lo contrario supone incurrir en el ilícito penal correspondiente.Y, finalmente, las decisiones judiciales pueden, y deben, ser objeto de la correspondiente crítica, tanto doctrinal como la efectuada por los ciudadanos y por la propia opinión pública. Y no es la primera vez, ni será la última, que estas críticas han hecho cambiar el sentido de importantes decisiones judiciales. Lo importante es que los diferentes Tribunales, incluidos los de otros países, mantengan entre si, y a través de sus resoluciones judiciales, un continuado diálogo que permita que los ciudadanos puedan sentirse iguales ante la ley.Todo ello es evidente. No habría ni que decirlo, pues son postulados propios de todo Estado de Derecho. Pero conviene no olvidarlo, dada la actual crispación, justificada, existente en nuestra sociedad civil, la cual puede percibir que no todos somos iguales ante la ley. Pero queridos amigos, lo importante no es el desmayo de la Pantoja. Lo importante es que no desmayemos nosotros.
Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



SÍ, SE PUEDE 

La nefasta gestión de la actual crisis económica  esta creando una serie de eslóganes, propio de épocas revolucionarias. El “no pasarán”, el “pueblo unido jamás será vencido”, “no nos moverán” etc.… están en la memoria de todos. Ahora hay que incluir otro como el “Sí, se puede”, que posee una gran virtualidad y proyección, tal y como están demostrando los últimos acontecimientos. Y se puede porque la ciudadanía debemos obligar a los poderes públicos a ponerse de acuerdo en la adopción de toda una serie de medidas, alternativas a las actuales, que nos conduzcan a una salida equilibrada de la crisis y a un reforzamiento de nuestro sistema democrático.

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Recientemente, la Junta de Andalucía ha aprobado un Decreto-Ley, de medidas para el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, de gran complejidad jurídica. Con independencia del juicio que merezca, el cual requiere un estudio sosegado, la medida resulta innovadora y, a priori, merecedora de todo tipo de elogios.

Pero ello no esta sucediendo. Previsiblemente el Gobierno lo recurrirá y solicitará del Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del mismo. Nuevo error político. Pensemos que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la suspensión cautelar de la Declaración independentista del Parlamento de Cataluña, utilizando unas “argucias jurídicas” impropias del mismo. Sin comentarios.

Por el contrario, lo que debería hacerse, en buena lógica democrática, es analizar, rápidamente y con todo rigor, el texto del Decreto-Ley andaluz; corregirlo, si es que tiene contenidos inconstitucionales, lo cual, con una lectura sumaria del mismo, es mas que dudoso; reconocer, en suma, la oportunidad de la iniciativa, provenga de la fuerza política que provenga; e implementar dicha iniciativa a nivel estatal, dándose de este modo comienzo a todo un nuevo proceso de colaboración entre los diferentes poderes públicos, que es lo que quieren y exigen los ciudadanos.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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¿ESTADO CIVIL?… PERMANENTEMENTE CABREADO/DA. 

La crisis económica, y más exactamente las medidas adoptadas por los poderes públicos para salir de ella, están provocando, además de una crisis institucional alarmante, que un cada vez mayor número de ciudadanos ingresen en las filas de la exclusión social. Al propio tiempo las desigualdades aumentan y la gente va por la calle triste, callada y, con toda lógica, permanentemente cabreada.

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Todos podemos entender que, durante un cierto periodo de tiempo, se adopten medidas excepcionales, las cuales no deben afectar a los servicios esenciales y deben respetar el principio de igualdad formal y material consagrado en nuestra Constitución. Pero nadie entiende por que no se crea un impuesto para las grandes fortunas; por que no se restaura el impuesto sobre patrimonio y sucesiones; por que no se exigen responsabilidades, civiles y penales, a los autores de la crisis; por que razón se premia a los grandes bancos, inyectándoles fondos que pagamos todos los ciudadanos y permitiéndoles actuar abusivamente, como es en el caso de los desahucios; por que no se atajan los casos de corrupción, y un largo etcétera.

Además, todos echamos de menos que los diferentes partidos y organizaciones sociales, que los poderes públicos, no se pongan de acuerdo en la adopción de toda una serie de medidas. El caso de Portugal, con la decisión de su Tribunal Constitucional de declarar nulas determinadas medidas adoptadas por el Gobierno por violar el principio de igualdad, puede conducir a un aumento de los recortes y a una mayor reducción de las prestaciones sociales. ¿Qué sucedería si eso pasa en España, donde el presupuesto es similar? Todas las medidas aprobadas por el Gobierno se encuentran recurridas ante nuestro Tribunal Constitucional y, aunque este en los próximos meses pase a tener una composición progubernamental, si decidiese de forma similar a su homologo portugués, el caos económico conduciría necesariamente a un rescate integral de nuestro país.

La gente esta cabreada y con razón. Espera, y exige, que sus gobernantes, a todos los niveles, estén a la altura de las circunstancias, que no se enzarcen en el “tú más”, y que actúen en consecuencia. La crisis global de nuestro sistema político esta a punto de producirse y, mucho me temo, que esta sea más grave que la propia crisis económica.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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DELENDA ES MONARCHIA?…..NO, PERO…

La imputación de la Infanta Cristina por el Caso NOOS, y sin perjuicio del análisis de posteriores decisiones de los órganos judiciales, plantea toda una serie de cuestiones político constitucionales sobre las cuales se han pronunciado, y de forma generalmente poco afortunada, los diferentes medios de comunicación. Por ello se hace necesario precisar una serie de cuestiones:

1) La nuestra es una monarquía parlamentaria, que implica la traslación de todo el poder de decisión política al Parlamento. El Rey tiene auctoritas pero no potestas. Por ello no se entiende muy bien la comunicación dada por la Casa Real, que peca cuanto menos de imprudente y no acorde con la posición constitucional de la Monarquía. Se debería haber limitado a respetar las decisiones judiciales y no a pronunciarse a favor de la fiscalía.images (1)

2) Una imputación no es una declaración judicial de responsabilidad y no debe permitir la existencia de juicios paralelos, pero si es indicativa de toda una serie de posibles responsabilidades. Y también es un juicio paralelo, y un desconocimiento del significado del principio de igualdad ante la ley, el apoyo político a la Fiscalía, es decir al Gobierno, y a la posible revocación inmediata del auto por parte del órgano judicial competente.

3) Todos somos iguales ante la ley, salvo la persona del rey, que es inviolable y no esta sujeta a ningún tipo de responsabilidad. Pero esta posición no se traslada a los demás miembros de la Corona, que, a este respecto, carecen de cualquier tipo de inmunidad, aproximándose, aunque no identificándose, a la situación de cualquier ciudadano.

4) Nuestra Constitución aun esta pendiente (art. 57) de un desarrollo normativo, que regule todas estas cuestiones, y que cada día se hace más urgente y necesario. Parece que este pais esta condenando a legislar siempre por razones de urgencia y cuando esta se produce se afirma erróneamente que no es conveniente proceder a dicha regulación normativa. Personalmente creo que en el futuro desarrollo normativo se debería prever un fuero especial ante el Tribunal Supremo para los miembros de la Corona, la igual que lo tienen otros órganos constitucionales del estado.

5) El hecho puede tener, con independencia de sus posibles repercusiones penales y procesales, importantes consecuencias políticas, que afectan a la Corona y a toda la crisis actual de nuestro sistema político institucional, que cada día parece mas grave que la propia crisis económica.

6) El Rey no puede actuar, por su propia posición constitucional, al margen del principio democrático. Incluso en las monarquías no constitucionales el rey no podía abdicar sin consentimiento del Parlamento, pues se partía de la existencia de un pacto entre la Corona y la representación popular. Si ello es así, mayores exigencias han de mantenerse cuando se trata de analizar la vigencia del principio democrático en relación con la Corona, debiendo desaparecer los arcaísmos históricos que aun figuran en nuestro texto constitucional (preterición de la mujer en el orden de sucesión, necesidad de autorizar el matrimonio de los sucesores a la Corona, la propia irresponsabilidad total del Rey, y un largo etcétera). Por otro lado, el Rey no puede obligar a la Infanta a renunciar a sus derechos sucesorios, sino que esta hipotética renuncia debe ser, cuando se desarrolle el ar. 57.5. CE, autorizada por el Parlamento. Lo mismo podría decirse de la posible abdicación del rey

7) La actual Monarquía, quizás por única vez nuestra historia, se ha acomodado, salvo alguna excepción puntual, a los planteamientos del principio democrático. Pero como estamos en presencia de una institución no democrática per se, la misma debe comportarse siempre de forma democrática, no pudiendo permitirse ninguna actuación al margen del principio democrático. En otro caso serán los ciudadanos, directamente o través de sus representantes, ponderando toda la actuación del Monarca durante estos años así como las correspondientes situaciones alternativas, los que están legitimados para tomar las decisiones correspondientes. No cabe otra interpretación posible de acuerdo con el principio democrático.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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UNA OFENSA A LA INTELIGENCIA CIUDADANA

Parece que nuestros políticos, o para ser mas exactos buena parte de ellos, continúan considerando a los ciudadanos, que son la fuente de su propia legitimidad democrática, menores de edad o incapacitados y, en consecuencia, necesitados de su tutela y protección. Aparte de que ello supone una clara desafección entre la clase política, que se considera asimismo como una élite superdotada, y los ciudadanos esta actitud supone una seria ofensa a la inteligencia ciudadana.

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 Podrían ponerse muchos ejemplos que justificarían la anterior afirmación. Pero vamos a centrarnos en uno especialmente polémico: los llamados escraches en relación con los desahucios.

Vaya por delante que no pretendo justificar, al menos en su totalidad, la técnica de los escraches. La violencia, si es que la hay, nunca esta justificada en un Estado democrático. Asimismo la defensa de los derechos fundamentales no puede hacerse a costa de la presunta violación de otros derechos, pues todos ellos son limitados. No hay ninguno derecho absoluto o natural. Ninguno. Junto a ello hay que afirmar, y con rotundidad, que la razón esta al lado de las tesis mantenidas por estos movimientos  sociales. No se puede tomar en consideración una ILP y luego proceder a su desnaturalización por la vía de las enmiendas parlamentarias. Aunque sea legal, no es democrático.

Hubiera sido más fácil, y más acorde con el principio democrático, adoptar otra solución. Como sabemos, el Gobierno ha abusado hasta límites insospechados (también ha sucedido en Italia), y pese a su mayoría absoluta, de la figura del Decreto Ley, algunos de ellos recurridos en la actualidad ante el Tribunal Constitucional, en temas clave: reforma laboral, sanidad, educación, etc… Pues bien, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo podría haberse hecho utilizando esta figura. No creo que haya más problemas jurídicos que los existentes con otros temas. Es decir, se debería haber tomado el contenido de la ILP y transformarla en un Decreto Ley. Luego, si se considera necesario, y una vez convalidado por el Congreso, se podría haber iniciado su tramitación como Ley.

De este modo se hubiera dado una satisfacción inmediata a los cientos de miles de ciudadanos que firmaron la IPL, se hubiese fortalecido nuestro sistema representativo y, lo que es más importante, se hubiesen paralizado toda una serie de desahucios realizados con arreglo a una norma preconstitucional y contraria a nuestra Norma Fundamental. No debemos olvidar que la inteligencia de los ciudadanos merece el mismo respeto, por lo menos, que la de nuestros políticos.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



VIVIR EN CONSTITUCIÓN

Las celebraciones del día 8 de marzo han puesto de manifiesto que los poderes públicos y sociales de nuestro país no quieren  “vivir en Constitución”. Y ello, pese a que nuestra norma Fundamental vincula a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos. Aquellos tienen un deber positivo de acatamiento, que implica, entre otras cosas, hacer realidad los principios y valores constitucionales, pues deben “guardar y hacer guardar la Constitución”. Frente a ello, los ciudadanos parecen haber entendido mejor su posición constitucional. La defensa del sistema democrático empieza por la defensa de la Constitución, incluida su reforma. Por esta y otras razones, hay que empezar a modificar el viejo dicho de que tenemos la clase política que nos merecemos. No es cierto. Merecemos otra y muy distinta. La actual no nos sirve. Tiene que irse.

En efecto, determinadas declaraciones gubernamentales, que no parecen haber entendido ( o querido entender) lo que significa el principio de igualdad entre mujeres y hombres; ciertos comportamientos políticos, como es el caso de la moción de censura en el Ayuntamiento de Ponferrada; la escasa presencia de nuestras Universidades (entre ellas falto la nuestra, la URJC) en una declaración conjunta; el tratamiento dado por determinados servicios informativos; el silencio de los empresarios, y un largo etcétera, son claramente reveladores de lo que es “no vivir en Constitución”.

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La cuestión es más grave de lo que parece y me temo que es susceptible de empeorar. En vez de adoptar, a todos los niveles, auténticas medidas de socialización política en este sentido, lo que esta ocurriendo es lo contrario. La educación programada no lo es en valores constitucionales; los recursos económicos dedicados a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se han visto drásticamente reducidos; no se sancionan severamente las declaraciones machistas de nuestros representantes públicos; los silencios se convierten en cómplices de la desigualdad, etc.…

El rearme de la tan cacareada “sociedad civil” parece imponerse de nuevo. Pero! Cuidado!. Esta posición, posiblemente en su planteamiento general loable, es fácil de ser manipulada por los poderes públicos y privados, máxime en una situación de crisis como la nuestra. La falta de vigencia de valores constitucionales, la ausencia de un auténtico rearme axiológico, la crisis de legitimación del propio sistema no deben enmascarar a aquellos y a aquellas que pretenden imponer otros fines o que actúan únicamente en defensa de sus intereses privados. Nuestro país, a lo largo de su historia, ha tenido ya demasiados salvadores y caudillos.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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                     CRISIS ECONÓMICA  Y NUEVO CONTRATO SOCIAL

La crisis económica, actualmente instalada entre nosotros, y de la cual sin duda saldremos, más tarde que temprano, y posiblemente con un mayor empobrecimiento de la mayoría de la ciudadanía (¿Se acuerdan Vds. de los mileuristas? Pues ya han pasado a la historia), está sirviendo de excusa para producir una crisis de identidad y legitimidad del sistema democrático, mucho más grave que la anterior, y de la cual difícilmente, si continuamos actuando del mismo modo,  seremos capaces de salir.

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1) La crisis económica está justificando toda una serie de recortes en servicios sociales básicos, claramente contraria a la proclamación del Estado social. Estos no desaparecen, sino que se privatizan, suponiendo un mayor coste para los ciudadanos, los cuales, además, los financian de un modo doble: a través de sus impuestos y por medio de nuevos pagos para acceder a los mismos.

2) La crisis está justificando todo un replanteamiento de las estructuras estatales, que se consideran incapaces de prestar esos servicios públicos y, a la postre, verdaderos causantes de la crisis. El adelgazamiento del estado, la devolución de competencias de las Comunidades Autónomas al Estado, la reducción del número de diputados y concejales, la sustitución de la remuneración por dietas, y un largo etcétera no son sino manifestaciones de todo ello. La vuelta al llamado “estado mínimo” empieza a imponerse.

3) Los grandes poderes privados, verdaderos causantes de la crisis, no solo se van de rositas, sino que además aumentan su poder económico pues se convierten en gestores de esos servicios públicos, aumentando sus beneficios empresariales, sus plusvalías. La privatización de lo público es la receta mágica para salir de la crisis. La igualdad pasa a incorporarse al museo de las antigüedades y la solidaridad se convierte en una pura quimera.

4) La crisis aumenta la desafección de la ciudadanía respecto de la clase política y empresarial. La publicidad de nuevos casos de corrupción política, la incapacidad de la clase dirigente empresarial española (algunos de sus miembros en la cárcel, otros vanagloriándose de no pagar las cuotas a la seguridad social  y todos ellos pidiendo una reducción de las estructuras estatales, en las cuales “sobre mucha grasa”), la inoperancia de los actuales sistemas  de  representación política, la imposición de decisiones desde el exterior, etc.… no son sino algunas de las manifestaciones de esta desafección.

Posiblemente haya que hacer las cosas justamente al revés. Se impone claramente un nuevo contrato social y una nueva manifestación del poder constituyente en su estado puro, y que incorpore nuevas decisiones políticas fundamentales al texto constitucional. De lo contrario, la crisis del actual sistema democrático puede darse por servida.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



 

                  LA CORRUPCION COMO SISTEMA DE GOBIERNO

El estudio de los sistemas de gobierno es antiguo en la Teoría Constitucional. En efecto, las relaciones entre los diferentes poderes públicos (horizontales y verticales), las posiciones de la mayoría y minorías parlamentarias y los efectos del propio sistema de partidos, han sido suficientemente debatidas.

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También han sido objeto de análisis las relaciones entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. En la primera, el principio (hoy ya derecho fundamental) de la presunción de inocencia  continua siendo un axioma del Estado de Derecho, no pudiendo sostenerse que la imputación (sea cual sea) constituya una declaración de culpabilidad. En la segunda, la dimisión del cargo público acusado para proceder a su defensa como sujeto privado es otro axioma que impone la vigencia del principio democrático.

Si ello es así, ¿Por qué la corrupción en nuestro país es su auténtico sistema de Gobierno? Lo primero que habría que afirmar es que la corrupción no afecta solo a lo público, sino también a lo privado, convirtiéndose, de este modo, en su “constitución interna”, pues se extiende a todas las instituciones públicas y privadas. Sin duda son muchas las causas y las propuestas para evitar la corrupción política y empresarial. Lo primero que habría que determinar es que se entiende por corrupto. En este sentido, corrupto es el que comete una de las conductas tipificadas como tales en el Código Penal. En este sentido, en nuestro país hay muy pocas personas acusadas por corrupción, quizás demasiadas pocas. Pero corruptos también lo son, en un sentido social y político, todos aquellos que consienten, amparan, ocultan, silencian y no denuncian la corrupción. Estos, normalmente, no están sujetos a las normas penales. Por ello resulta imprescindible procurar otra serie de medidas drásticas que atajen la corrupción. Sin perjuicio de reconocer que todas las propuestas hechas públicas últimamente son viables para atajar la corrupción, lanzamos dos que nos parecen muy útiles:

1)      La persona o personas corruptas, deberían ser sancionadas, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico, con la pérdida del derecho de sufragio activo y pasivo (ser elector y elegible) durante un largo periodo de tiempo, mucho más allá de donde llega la norma penal.

2)      Las personas jurídicas (léase partidos, asociaciones, etc.…)  que se hubiesen     financiado ilegalmente o hubiesen cometido algún supuesto de corrupción, no deberían poder presentarse a posteriores procesos electorales (durante un periodo de ocho años) con las siglas identificativos de sus criterios de identidad política.

De este, otros modos, la corrupción tendría una sanción social que consistiría en expulsar a los corruptos de nuestro sistema político, empresarial, asociativo, laboral, universitario, etc.….

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

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LIDERAZGO, CRISIS, Y MODELO DE ESTADO: PROPUESTAS FRENTE A LOS DESAFÍOS SOBERANISTAS

La actual crisis económica está sirviendo para justificar y/o enmascarar una crisis institucional y democrática tan grave o más que aquella. Como si de una receta mágica se tratase, se utiliza como fármaco la sacrosanta teoría de la privatización de lo público, frente a la cual resulta más adecuada la “constitucionalización de los espacios privados” que debe partir de toda una serie de propuestas y acciones concretas. A efectos constitucionales, “nada es privado”.

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Es cierto que nuestra Constitución permite todas las ideologías, incluso las contrarias al propio texto constitucional. Pero para poder ser llevadas cabo, estas han de respetar los mandatos constitucionales. El ideario independentista es, pues, constitucionalmente admisible. Menos admisible es acudir al mismo para ocultar o disfrazar una determinada gestión económica, o determinados intereses particulares o familiares. Lo privado también está sujeto a la Constitución. Pero no me interesa hablar de la responsabilidad de los defensores de las tesis independentistas, que la tienen y posiblemente más grave que los demás, si no a aquellos que no lo son, sean poderes públicos o privados, pues ambos están sujetos al ordenamiento constitucional. Y entre ellos se encuentra el anterior Gobierno, con su actuación ante el Estatuto catalán del 2006, el propio Tribunal Constitucional al dictar una sentencia que produjo un elevado grado de inseguridad jurídica, los poderes públicos catalanes, por su insumisión a la misma, etc.… Pero esta responsabilidad se extiende a los poderes privados catalanes (banca, empresas, periódicos, etc.…), que deberían explicar bien lo que significa una Cataluña fuera de Europa.

Y también se extiende, pues el liderazgo político también es materia constitucional, al actual Gobierno, el cual debe emprender toda una serie de actuaciones que van más allá de una postura reducida a puros planteamientos jurídicos. La actual desafección de la ciudadanía hacia la clase política parece ahorrarnos todo comentario. Pensemos en la importante lección que nos está ofreciendo el Gobierno inglés, aunque su marco jurídico-constitucional sea más flexible que el nuestro, permitiendo un referéndum en Escocia, sabedor de que los independentistas lo van a perder. ¿Cómo podemos, si es que aún hay tiempo para ello, hacer algo semejante? Pues se pueden hacer, entre otras cosas, las siguientes:

1) Reconstruir, bajo el liderazgo del Gobierno, unos auténticos pactos entre las fuerzas políticas y sociales para intentar acuerdos que nos hagan ofrecer soluciones a la actual crisis. La ciudadanía lo pide insistentemente, pero todas las fuerzas políticas y sociales, unas más que otras, sacrifican el interés general en aras de sus intereses partidistas.

2) Tolerancia cero con la corrupción política, sea del partido que sea, o lleve el apellido que lleve, impidiendo, entre otras muchas cosas, que dirigentes de partidos políticos, financiados ilegalmente, ocupen puestos de representación institucional.

3) ¿Por qué no se explica bien a la ciudadanía catalana que el “expolio” de Cataluña es una gran mentira y que su hipotética independencia supondría el abandono inmediato de la Unión Europea? El Gobierno dispone de medios para ello y, apurando aún más, para “obligar” a esos poderes privados catalanes a hacerlo de forma contundente y clara. Esta es una de sus obligaciones constitucionales, pues para eso es el titular de la acción política del Estado.

4) Es necesario preveer todas las soluciones jurídicas posibles, que son más de las que parecen; y, principalmente, tener preparadas respuestas ante el incumplimiento de las mismas. Pero no estoy pensando, como hace la mayoría, en la aplicación del art. 155 CE o en preceptos similares. Y tampoco basta confiar en una impugnación ante el Tribunal Constitucional, aunque este tenga en los próximos meses un marcado color gubernamental, entre otras cosas porque las “declaraciones” o “acuerdos políticos” no son impugnables.

Es necesario adelantarse -y aquí reside una de las claves de la función de indirizzo político que corresponde al Gobierno- a los acontecimientos. Sin necesidad de destruir los puentes de dialogo con el independentismo, hay que evitar contribuir a su victimismo con un liderazgo lógico e irremediable.  Quizás el Presidente del Gobierno debe contemplar la posibilidad teórica de que sea él, y no el Presidente de la Generalitat, el que promueva la consulta a través de las vías constitucionalmente previstas (art. 92), e incluso a través de la elaboración de una Ley estatal de Consultas Populares, que actuase  como límite a la futura ley catalana sobre el mismo tema. Con ello: a) Se evitarán preguntas oscuras e irreales como la que se pretende realizar; b) Seria el dueño del tiempo político y no se vería arrastrado por los acontecimientos; c) Determinaría el ámbito territorial de la consulta; d) Y el procedimiento, la campaña y el control judicial de los resultados estarían garantizados.

Solo de esta forma podría ganarse una consulta en Cataluña. De lo contrario, la velocidad que están adquiriendo los acontecimientos podría llevarnos a un callejón sin salida. El fracaso del anterior Presidente del Gobierno en relación con el Estatuto catalán, del cual creo que personalmente ya estará arrepentido, debe servirnos para algo.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



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