Otros artículos de interés

LA REVOCACIÓN DE LA “DOCTRINA PAROT” POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CRÓNICA DE UN FALLO ANUNCIADO

Miguel Ángel Presno Linera, Profesor Titulat de Derecho Constitucional, Acreditado como Catedrático, Universidad de Oviedo. Artículo publicado el día 21 de octubre de 2013, en el Blog “El Derecho y el Revés”

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto, en su sentencia de 21 de octubre de 2013 (puede leerse en inglés y francés) que la llamada “doctrina Parot” (la propia Gran Sala emplea esa expresión) es contraria a los artículos 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Se rechaza así, y de una manera mucho más extensa y argumentada que en ladecisión de la Sección Tercera del TEDH de 10 de julio de 2012, la aplicación retroactiva de una nueva forma de computar los efectos de los beneficios penitenciarios que altera la exigencia, derivada del artículo 7 del Convenio, de que un delito, así como la pena que implique, deben estar claramente definidos por la Ley. Esta condición se cumple cuando el litigante puede saber, a través de la redacción de la disposición pertinente y, según sea necesario, a través de la interpretación por los tribunales, qué actos y omisiones implica su responsabilidad penal y qué pena corresponde al acto u omisión cometido (caso Cantoni contra Francia, 15 de noviembre de 1996, ap. 29).

images

La jurisprudencia derivada de esta resolución, así como de la de 10 de julio de 2012, se inserta en una línea propia de cualquier Estado democrático según la cualnullum crimen, nulla poena sine lege, en términos análogos a los recogidos por el artículo 25 de la Constitución española. Como viene siendo tradicional, el contenido de este derecho se ha visto integrado de una triple perspectiva, comúnmente condensada en la exigencia de lex previa, scripta, stricta. Así, quedan prohibidas las definiciones vagas e indeterminadas de delitos y penas en normas de rango insuficiente (lex scripta), la retroactividad de disposiciones desfavorables al reo (lex previa) y la interpretación analógica de la norma penal (lex stricta).

Como bien siendo habitual, el TEDH recuerda que la garantía recogida en el artículo 7, que es un elemento esencial del Estado de Derecho, ocupa un lugar importante en el sistema de protección del Convenio, como lo recalca el hecho de que no se permite su derogación en virtud del artículo 15 en tiempo de guerra o de otra emergencia pública. Debe ser interpretada y aplicada, como se entiende por su objeto y propósito, de tal forma que proporcione garantías efectivas contra procesos, condenas y castigos arbitrarios.

En su reiterada jurisprudencia en la materia, el TEDH viene declarando que el artículo 7 no se detiene en la prohibición de retroactividad de normas penales, sino que añade, como corolario a la tutela que dispensa, un mandato de determinación en la redacción de la norma. Este mandato tiene dos vertientes: en primer lugar, el principio de taxatividad en la definición de los delitos y las penas. En segundo lugar, la determinación de las conductas punibles deben ser esclarecidas mediante el ejercicio de la jurisdicción, pero sin que exista margen alguno para la interpretación extensiva por analogía in malam partem. El contenido de este mandato fue definido por el TEDH en el asunto Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993: “El Tribunal señala que el artículo 7.1 del Convenio no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal en detrimento del acusado. Se consagra así, de manera más general, el principio de la legalidad de los delitos y las penas y el que exige no aplicar la ley penal de manera extensiva en detrimento del acusado; especialmente por analogía; de ello se deduce que un delito debe ser claramente definido por la ley. Esta condición se cumple cuando el individuo puede conocer, a partir de la redacción del artículo aplicable y, en su caso, con la ayuda de su interpretación por los Tribunales, qué actos y omisiones comprometer su responsabilidad”.

Por lo que afecta a la interpretación extensiva por analogía in malam partem, elleading case es el asunto Baskaya y Okçuoglu c. Turquía, de 8 de julio de 1999. En aplicación de la Ley de prevención del terrorismo turca, un Tribunal condenó a los recurrentes como autoras de delitos de propaganda separatista contra la indivisibilidad del Estado. A pesar de que la legislación penal diferenciaba entre los autores y los editores de una publicación, estableciendo penas más severas para los primeros (prisión) que a los segundos (multa), el Tribunal turco aplicó a los editores de un escrito la pena de prisión prevista para los autores. Esta aplicación extensiva de la norma penal fue declarada contraria al artículo 7 CEDH, en una línea jurisprudencial posteriormente confirmada en el asunto E.K. c. Turquía, de 7 de febrero de 2002.

Pues bien, volviendo a la sentencia que enjuicia la “doctrina Parot”, el TEDH recuerda que por decisión de 30 de noviembre de 2000 la Audiencia Nacional fijó el límite máximo del cumplimiento de todas las penas dictadas contra la demandante en 30 años de prisión, de conformidad con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, en vigor en el momento en que se cometieron los hechos. El 24 de abril de 2008, el centro penitenciario señaló el día 2 de julio de 2008 como fecha para la puesta en libertad de la demandante, después de aplicar las remisiones de penas por trabajo sobre el límite máximo de 30 años de prisión. Posteriormente, el 19 de mayo de 2008, la Audiencia Nacional solicitó a las autoridades penitenciarias la modificación de la fecha prevista de puesta en libertad y realizar un nuevo cálculo de acuerdo con una nueva jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal Supremo 197/06 del 28 de febrero de 2006. Según esta nueva jurisprudencia, los beneficios y remisiones de penas debían aplicarse en cada una de las condenas individualmente, y no sobre el límite de treinta años de prisión. Aplicando el nuevo criterio, la Audiencia Nacional señaló el 27 de junio de 2017 como la fecha definitiva de puesta en libertad de la demandante.

El TEDH constata, como admite el Gobierno español, que en los casos de personas condenadas a varias penas de prisión, las autoridades penitenciarias, de conformidad con tribunales, estimaron como fórmula de aplicación general que el límite establecido en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 (30 años) se transformaba en una nueva condena autónoma, sobre la que debían aplicarse los beneficios penitenciarios. Sobre esos 30 años se calculaba la remisión de penas por trabajo. Esta práctica fue avalada por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1994 y, de hecho, benefició, en casos similares al de la demandante, a muchas personas condenadas en virtud del Código Penal de 1973, que vieron como se aplicaban redención de penas por trabajo sobre el límite máximo de prisión de 30 años.

En la sentencia de la Gran Cámara se insiste en que dicha redención de penas estaba prevista en una norma legal (el artículo 100 del Código Penal de 1973) y no en normas reglamentarias; exactamente en el mismo Código donde se incluían las penas y la forma de remisión, que implica una importante reducción y no, como la libertad condicional, una afectación de las condiciones de ejecución. Por si fuera poco, la reducción de la pena era prácticamente automática, salvo dos supuestos precisos: tentativa de sustraerse a la ejecución de la pena o mala conducta en prisión. Pero, incluso en estas dos hipótesis, no se perdían los beneficios ya consolidados.

Recuerda también el TEDH que el cálculo de la remisión de condena (3282 días) no fue cuestionado en momento alguno ni por la Administración penitenciaria ni por los Tribunales. El propio Gobierno español admite que antes de la “doctrina Parot”, las remisiones de condena por trabajo se imputaban sobre la duración máxima de 30 años. Por su parte, el Tribunal Supremo español revisó su doctrina de 1994 en 2006, es decir, 10 años después de la derogación del Código Penal de 1973, del que traía causa.

De conformidad, pues, con ese estado de cosas, la demandante podía esperar, mientras cumplía su condena en prisión y especialmente después de las decisiones de la Audiencia Nacional de 30 de noviembre de 2000 (sobre la acumulación de penas) y de 15 de febrero de 2001 (que señalaba el 27 de junio de 2017 como fecha de puesta en libertad), beneficiarse de la remisión de penas por el trabajo que había llevado a cabo desde 1987 partiendo de la hipótesis de que la condena total a cumplir era 30 años. En otras palabras, no podía prever en el momento de acumulación de todas sus penas que el método de cálculo de estas redenciones de condena serían objeto de un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo en 2006 y que este cambio se le aplicaría retroactivamente.

En conclusión, y por 15 votos contra 2, se confirma que esta interpretación vulnera el artículo 7 del Convenio pues los tribunales internos no pueden aplicar retroactivamente y en perjuicio del reo los cambios producidos después de la comisión del delito. La aplicación con efecto retroactivo de las Leyes penales posteriores sólo se admite cuando el cambio es favorable al acusado (caso Scoppola contra Italia, 17 de septiembre de 2009).

Sentado lo anterior, el Tribunal considera que, desde el 3 de julio de 2008, la reclusión de la demandante  no es «regular». Por lo tanto ha habido violación también del artículo 5.1 del Convenio, lo que es objeto de apreciación unánime por la Gran Sala (17 votos).

Por todo ello, insta (16 votos frente a 1) al Estado español a garantizar la puesta en libertad de la demandante en el más breve plazo posible y (por 10 votos frente a 7) a indemnizarla con 30000 euros por daños morales.

Una versión resumida de este comentario se publicó en La Nueva España el 22 de octubre de 2013.



CATALUÑA :´E LA NAVE VA`

Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco y visiting scholar en la School of Law de la Universidad de Edimburgo. Artículo publicado el día 11 de septiembre de 2013, en El País

1378806390_942181_1378822165_noticia_normal

Hoy se celebra una nueva Diada de Cataluña. Ha pasado un año desde la impresionante demostración de fuerza del nacionalismo catalán. La mayoría de las fuerzas políticas catalanas —con significativo apoyo ciudadano— reclama la celebración de un referéndum (consulta) sobre el futuro de Cataluña (que llaman “derecho a decidir”). El sistema político español, por su parte, parece mirar para otro lado, atrincherado en la afirmación de la ilegalidad del referéndum, como si ello zanjase definitivamente la cuestión. Mientras tanto, el independentismo catalán sigue su camino. El número de quienes se muestran favorables a la independencia parece haber aumentado (los independentistas “recientes”) y no parece cuajar en Cataluña una reacción política socialmente consistente frente a la estrategia nacionalista.

El desarrollo del proceso resulta sorprendente para quien haya observado el devenir de otros retos similares en las democracias liberales de nuestro tiempo. Parece como si nadie quisiera aprender —y asumir— las lecciones contenidas en esas experiencias. Cada país tiene sus peculiaridades y sus tradiciones; en ocasiones, muy distantes. Pero las democracias actuales se asientan sobre unos principios fundamentales compartidos. Es ilusorio creer que se puede eludir el test de los procesos seguidos en Canadá (Quebec) y en Reino Unido (Escocia), especialmente con la cercanía geográfica y temporal del proceso escocés.

Frente a lo que trata de mostrar el nacionalismo catalán, la independencia de territorios no es un fenómeno natural en las democracias, sino una hipótesis que pone en cuestión el sistema constitucional. En las democracias liberales no existe un derecho a la secesión. Como estableció el Tribunal Supremo (TS) de Canadá, con unánime respaldo académico, ni el derecho internacional ni el derecho interno amparan un derecho similar. En nuestro caso, además, afecta al orden europeo, lo que dificulta aún más esa pretensión.

El nacionalismo catalán también juega con la legalidad. Olvidan que en las democracias constitucionales la legalidad no es disponible. El carácter incuestionable del rule of law es lo primero que ha quedado claro en los procesos canadiense y británico. Se podrá discutir si la legalidad constitucional española permite un referéndum como el que pretenden las instituciones catalanas; o si para ello sería necesaria, previamente, la reforma constitucional, con la concurrencia de voluntades políticas que requiere. Y se podrá sostener, en su caso, la injusticia de la legalidad. Pero solo puede situarse al margen de ella quien esté dispuesto a inmolarse políticamente. Cataluña no es Kosovo; ni estamos en 1934.

El nacionalismo catalán pretende, asimismo, imponer una concepción absorbente del principio democrático; la voluntad popular entendida como simple principio de mayoría (majority rule). Trata de introducir por la puerta trasera lo que había sido previamente expulsado por la puerta principal: el derecho de autodeterminación. Se sostiene que, si el electorado de Cataluña apoyase mayoritariamente la independencia en referéndum (consulta), no habría posibilidad de oponerse democráticamente a esa voluntad. Como afirmó el TS de Canadá, quien así piensa, además de desconocer la falta de efecto legal directo del referéndum, “malinterpreta el significado de la soberanía popular y la esencia de la democracia constitucional”. El principio democrático se integra en un conjunto de principios constitucionales que se condicionan recíprocamente, dentro de la legalidad.

Pero lo que más sorprende, comparativamente, en el proceso de la reclamación independentista de Cataluña, es la atonía del sistema político español al afrontar ese reto y la fragilidad del movimiento interno de oposición. Es normal que los nacionalistas sigan intentando imponer parámetros que han sido rechazados en otros sistemas democráticos. Pero no lo es que las fuerzas políticas que defienden la conveniencia de que Cataluña siga formando parte de España y las instituciones del Estado no extraigan de ellas mejores lecciones.

El sistema político español parece haber abandonado el terreno del debate sobre las pretensiones del nacionalismo catalán, en llamativo contraste con el debate en Reino Unido o, antes, en Canadá. Se enfrenta, así, a un serio riesgo de fracaso, perdiendo la adhesión de la ciudadanía catalana. ¿El sistema político español no tiene nada más que la legalidad para oponer a la estrategia rupturista del nacionalismo catalán y ganarle democráticamente la batalla política en la propia Cataluña?

El TS de Canadá acertó plenamente al afirmar que una democracia que funcione exige un continuo proceso de debate; y —añadía— quienes legítimamente insisten en la necesidad de respetar el principio de legalidad no pueden hacer caso omiso de la necesidad de justificar su legitimidad a la luz de los principios y valores constitucionales. No solo hay que garantizar la legalidad; también hay que convencer de su idoneidad. Lo contrario significa abandonar el terreno al nacionalismo para que prosiga, sin obstáculos, su labor proselitista.

La cuestión del referéndum no queda liquidada con la afirmación de su ilegalidad constitucional. No creo que esta cuestión se haya debatido suficientemente. En cualquier caso, más allá de ella, tenemos pendiente el debate sobre la idoneidad de su regulación constitucional y estatutaria. El constituyente recelaba del referéndum. No le faltaban razones. Pero es ineludible el debate sobre cuáles son las razones que, si es así, legitiman la exclusión entre nosotros de un tipo de referéndum que es posible en otros (algunos) sistemas democráticos. Y, en su caso, cuáles son las razones para seguir excluyéndolo, negándose a cualquier reforma, si fuese necesaria, que lo permitiese. Pero a ese debate hay que exigirle rigor jurídico. Se va extendiendo peligrosamente la premisa de que “si hay voluntad política, todo es posible jurídicamente”. Inaceptable derecho “plastilina”, bon à tout faire, que sirve para lo que en cada momento interese.

A la luz de la experiencia en otros países, no parece que negarse a entrar en ese debate sea un terreno político muy firme; ni la opción política más conveniente para afrontar, con solidez, la confrontación que plantea el nacionalismo, dentro y fuera de Cataluña. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, por sorprendente que parezca, el consenso sobre la necesidad de realizar el referéndum incluye a significativas fuerzas políticas que manifiestan, sin embargo, su oposición a la independencia. La sociedad catalana tiene que empezar a enfrentarse a lo que pone en juego en este proceso: la incertidumbre sobre su economía y su pertenencia a la UE o su fractura interna, entre otras cosas. Y eso no ocurrirá mientras no se rompa el encantamiento que el nacionalismo ha sabido crear con el “derecho a decidir”. Porque, políticamente, este reto no se ganará, únicamente, desde la legalidad ni desde fuera de la sociedad catalana.

Cerrada la vía del referéndum, el nacionalismo abrirá otros caminos para mostrar el respaldo popular a sus demandas. Caminos que le exigirán tratar de incrementar la tensión política, radicalizando el movimiento, devorando a muchos de quienes se han creído capaces de conducirlo y transformando el mapa político catalán. Una situación más difícil de gestionar para Cataluña y para España.

En cualquier caso, sea cual sea la opción que se adopte, no se puede olvidar qué es lo que nos ha traído hasta aquí: los problemas irresueltos del sistema autonómico. Afrontar su reforma, tratando de dar adecuada solución a esos problemas, eludiendo los graves errores cometidos en la reforma del Estatuto, resulta indispensable. Pero para ello se necesita tiempo, acierto y un gran consenso. Lo que resultará suicida para la democracia española es eludir, al mismo tiempo, el reto de las instituciones catalanas exigiendo un referéndum sobre la independencia y la reforma del sistema autonómico. Los indicios no son nada halagüeños.



LA REFERENCIA CANADIENSE

Xavier Arbós, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. Artículo publicado el día 20 de agosto de 2013, en elPeriodico.com

Hace 15 años, el Tribunal Supremo de Canadá hizo público su dictamen sobre una hipotética secesión unilateral de Quebec. La cuestión, planteada por el Gobierno federal, se concretaba en dos preguntas. Por la primera, se quería saber si la Constitución canadiense lo admitía. Por la segunda, si el derecho internacional público lo amparaba. El Tribunal Supremo respondió no en ambos casos, lo que podía darse por supuesto. Pero añadió unas consideraciones de gran interés, con las que aportó criterios para encauzar un problema político jurídicamente irresoluble.

índice

No era fácil. Los nueve magistrados del Tribunal Supremo son designados, todos, por el primer ministro federal de Canadá y ejercen su cargo hasta los 75 años. Aparte de dictar sentencias, el tribunal puede actuar como órgano consultivo del Gobierno federal emitiendo los dictámenes que este pueda pedirle. La manera en que se hacen los nombramientos, de acuerdo con la voluntad del jefe del Ejecutivo federal, hace que se presuma que el tribunal dará la razón a la federación más a menudo que a las provincias. Y cuando el Gobierno federal pidió el dictamen del que hablamos, el clima era tenso. En octubre de 1995 el Gobierno soberanista de Quebec había convocado un referendo sobre la secesión, con una pregunta de claridad dudosa. El no ganó por muy poco, y le tocaba al Tribunal Supremo manifestarse sobre la legalidad de la secesión que pretendían los soberanistas si hubieran ganado. Asimismo, los magistrados se jugaban la reputación. Debían dar una opinión jurídica, pero sin permitir que el tribunal apareciera como un mero instrumento al servicio del Gobierno federal. No podían complacer simultáneamente a secesionistas y federalistas, pero debían mantener en ambos campos un mínimo de credibilidad.

El dictamen del 20 de agosto de 1998, hoy hace tres lustros, dice que no puede llevarse a cabo unilateralmente la secesión porque la Constitución canadiense no lo permite. No lo permiten sus preceptos ni -lo que es más importante- lo permite la lógica del constitucionalismo canadiense. La Constitución canadiense puede modificarse siguiendo los procedimientos previstos, y acoger en su caso la secesión de Quebec. Pero reivindicar como un derecho absoluto el de separarse significa menospreciar la importancia de la negociación política inherente a la vida democrática. No puede tampoco invocarse el derecho a la autodeterminación en los términos del derecho internacional público. Tal como lo interpreta el Supremo canadiense, el derecho a la autodeterminación solamente puede llevar a la secesión en los casos de pueblos colonizados u oprimidos, que no es el de Quebec dentro de la federación canadiense.

Puede haber quizá otras interpretaciones, como ocurre siempre en el mundo del derecho. Pero el Tribunal Supremo de Canadá se esfuerza en explicarse aportando cuatro principios sobre los que, vinculados, hace girar los argumentos: federalismo, democracia, constitucionalismo y Estado de derecho, y respeto a las minorías. Estos cuatro principios son imprecisos, pero tienen la virtud de resultar mínimamente aceptables, todos o algunos, como valores compartidos por las partes en conflicto. Se encuentran en un terreno común, sobre el que el tribunal plantea lo que hace que hoy lo recordemos. Tras afirmar que la secesión unilateral de Quebec es jurídicamente inadmisible, indica también que si hubiera una mayoría clara a favor de la secesión, en respuesta a una pregunta también clara, los gobiernos federal y provincial deberían negociar para dar una salida a la voluntad del pueblo de Quebec.

El dictamen no determinaba qué era una pregunta clara, ni la mayoría clara afirmativa que llevaba a la negociación, pero con él el tribunal conseguía dos cosas muy importantes: evitar aparecer como un mero instrumento del Gobierno central y ser útil al proceso político. Haciéndose eco del dictamen, el 21 de agosto de 1998 la portada de Le Devoir, diario quebequés que no puede ser tachado de hostil al soberanismo, reflejaba que tanto los independentistas como sus adversarios se consideraban ganadores morales.

En resumen: cuando la aplicación de las normas lleva al enquistamiento de un problema político, el Tribunal Supremo canadiense emplea los principios que inspiran estas normas para ofrecer criterios de solución política. Hay crisis constitucionales que solo pueden resolverse en el plano político, y los valores inspiradores del derecho pueden ayudar. Sobre todo, con tribunales que, además de ciencia jurídica, tienen sentido común.



LOS HOMBRES TAMBIÉN TENEMOS GÉNERO

Octavio Salazar Benítez, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba. Artículo publicado el día 20 de abril de 2013, en El PAÍS.

Todavía hoy a muchos, y también a muchas, les sigue sorprendiendo que me defina como hombre feminista, algo que además en estos tiempos de retrocesos democráticos proclamo con contundencia siempre que puedo. No obstante, a estas alturas debería ser incuestionable que la  igualdad de derechos de mujeres y hombres es un presupuesto ineludible de la democracia. En consecuencia, cualquier demócrata, hombre o mujer, debiera ser feminista, en cuanto que individuo comprometido con el objetivo de que el sexo no sea un obstáculo para el acceso a los bienes y el disfrute de los derechos.  Desde el convencimiento de que el feminismo no es lo contrario al machismo y de que la lucha de aquel no es contra los hombres sino contra el orden social y cultural que representa el patriarcado.  Lección de esgrima, Fernando Bayona

 Imagen: “La lección de esgrima”, Fernando Bayona

 A diferencia de las mujeres, que llevan siglos cuestionando su lugar en la sociedad y el pacto social que las ha mantenido históricamente discriminadas, los hombres no hemos tenido la necesidad de mirarnos en el espejo y mucho menos de analizar críticamente una estructuras que nos beneficiaban. Como bien sentenció John Stuart Mill, hemos sido educados en la “pedagogía del privilegio” y, por tanto, nos hemos limitado a ejercer el poder en unas estructuras binarias basadas en la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Todo ello además con el respaldo garantista de los ordenamientos jurídicos y desde la identificación de lo universal con lo masculino.

Con ese desigual reparto de posiciones se configuraron los Estados contemporáneos, la teoría de los derechos humanos y hasta las mismas democracias que durante décadas excluyeron a las mujeres de  la plena ciudadanía. Como bien ha analizado el feminismo, el pacto social estuvo precedido de un “contrato sexual” mediante el que se consagró el privado como espacio de sometimiento de las mujeres mientras que en el público nosotros ejercíamos  plenamente los derechos como ciudadanos.

En paralelo se consolidaron dos mundos, el masculino y el femenino, articulados de manera jerárquica y a los que correspondieron valores, hábitos y actitudes concebidos desde la oposición. En este contexto los hombres hemos sido siempre socializados para desempeñar la función de proveedores y para monopolizar la esfera pública.

Se nos ha educado para el ejercicio del poder, el éxito profesional y la individualidad competitiva, lo cual ha implicado a su vez el desarrollo de unas capacidades y la renuncia a otras. Es decir, se nos ha socializado en el marco de unos valores y habilidades que contribuían a alcanzar y mantener nuestro papel de héroes, al tiempo que negábamos las capacidades consideradas femeninas. La masculinidad patriarcal, por tanto, se ha construido sobre una afirmación –la que la vincula con el ejercicio del poder y, en consecuencia también, con el uso en su caso de la violencia– y sobre una negación –ser hombre es ante todo “no ser una mujer”.

No en vano el diccionario de la RAE mantiene como una de las acepciones de feminidad “el estado anormal del varón en el que concurren uno o varios caracteres femeninos”. De ahí que la homofobia, entendida en un sentido amplio como rechazo de lo femenino y en sentido estricto como negación de las opciones no heterosexuales, forme parte de la definición de una virilidad que ha acabado actuando sobre nosotros como un “imperativo categórico”.

En definitiva, y gracias al patriarcado, los hombres también tenemos género, es decir, también “nos hacemos” de acuerdo con unas reglas sociales y culturales que determinan nuestro lugar en la sociedad así como nuestra propia identidad. Somos educados para desempeñar el papel que se espera de nosotros y que está ligado a las posiciones de privilegio que durante siglos nos han convertido en sujetos activos frente a unas mujeres sometidas en lo privado y condicionadas por su papel de cuidadoras. Y no sólo nos hemos visto obligados a asumir como máscaras inalienables la agresividad, la competitividad, la obsesión por el desempeño o la fortaleza física, sino que al mismo tiempo hemos renunciado a las virtudes y capacidades vinculadas a lo emocional, a los trabajos de cuidado, al mundo femenino que ha carecido de valoración socio-económica y cultural.

Esa omnipotencia también ha generado sus patologías, las cuales nos han mantenido en muchos casos aferrados a un yugo. Prisioneros en la cárcel de la masculinidad hegemónica que nos ha exigido demostrar de forma permanente nuestra hombría y ocultar bajo mil escudos nuestra humana vulnerabilidad.

Es urgente, pues, que los hombres empecemos a mirarnos por dentro y a analizar críticamente nuestro lugar en un pacto social que nos hizo vencedores, aunque paradójicamente también nos condenara a renunciar a todo lo que no cabía en el prototipo del que Joaquín Herrera denominó “depredador patriarcal”. Es necesario que nos reubiquemos en lo privado, que reivindiquemos y ejerzamos nuestro derecho-deber de corresponsabilidad en el ámbito familiar, que asumamos los valores y las habilidades que durante siglos negamos por entenderlas como negadoras de nuestra masculinidad y, por supuesto, que encabecemos junto a nuestras compañeras las luchas aún pendientes por la igualdad. Un compromiso que se hace especialmente necesario ante la crisis del Estado Social y la reacción patriarcal que empieza a vislumbrarse, dos factores que no sólo ralentizan la agenda feminista sino que incluso ponen en peligro los derechos que creíamos definitivos.

La conquista de la democracia paritaria pasa necesariamente por la revisión de la masculinidad patriarcal y por un proceso de transformación socio-cultural en el que los hombres hemos de asumir un papel protagonista. Sin él, los logros serán puntuales y frágiles, de manera que se continuará prorrogando un orden que sigue empeñado en ofrecer más obstáculos a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y que en los últimos tiempos está desarrollando mecanismos cada vez más sutiles de dominación.

Esa revisión debe incidir a su vez en la armonización entre lo público y lo privado, así como en la redefinición de una racionalidad pública hecha a imagen y semejanza de los hombres. En estos momentos de crisis política y económica es más oportuno que nunca plantear otras maneras de ejercer el poder, de organizar la convivencia y de gestionar los conflictos.

Es necesario encontrar, como ya plateara Virginia Woolf en sus Tres guineas, “nuevos métodos y nuevas palabras”. Un reto que exige la superación de la subjetividad patriarcal, la apuesta por masculinidades heterogéneas y disidentes y la configuración de una ciudadanía capaz de superar los binarios –público/privado, razón/emoción, producción/reproducción, cultura/naturaleza, heterosexualidad/diversidad afectivo-sexual– que durante siglos han servido para mantener subordinadas a las mujeres y en posición de privilegio a los hombres.

Aunque también, y eso es algo que yo he ido descubriendo al quedarme desnudo frente al espejo, esa hombría impuesta nos haya condenado, a la mayoría sin ser conscientes de ello, a perdernos todo aquello que el orden cultural dominante entendía que entraba en contradicción con la demostración pública de nuestra virilidad. De ahí el doble compromiso que como hombre demócrata asumo como irrenunciable, el que comienza por quitarme la máscara del género que me atosiga y que continúa con la militancia feminista que parte del convencimiento de que la democracia o es paritaria o no es.



EL DECRETO-LEY 6/2013, DE 9 DE ABRIL, DEL GOBIERNO DE ANDALUCÍA PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

Miguel Ángel Presno Linera, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo. Acreditado como Catedrático. Artículo publicado el día 11 de abril de 2013, en el Blog El derecho y el revés.

Hoy, 11 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, para asegurar la función social de la vivienda. La posibilidad de aprobar normas de esta índole está prevista en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que dispone: “1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía. 2. Los decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.
images
Sin entrar a fondo en su contenido, me permito señalar algunas conclusiones a las que llegamos tres profesores de la Universidad de Oviedo (Francisco Bastida Freijedo, Benito Aláez Corral y yo mismo) con ocasión de un estudio sobre las posibilidades legislativas de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda:
en primer lugar, de lo que se trata es de integrar la competencia exclusiva autonómica en materia de urbanismo y vivienda con “aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen del suelo, pueden propiciar que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa). Pero… no debe perderse de vista que … es a las Comunidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo y es a tales entes públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanística…” (STC 61/1997, F. 6.b).
En estos ámbitos, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas, siempre que sus previsiones sean coherentes con la regulación estatal, están habilitadas para regular causas de expropiación, las garantías que les correspondan, supuestos indemnizatorios específicos y procedimientos administrativos especiales. En otras palabras, la competencia autonómica sobre urbanismo y vivienda no es “exclusiva” en sentido estricto, pues puede estar condicionada por las competencias estatales, pero eso no la convierte en una competencia de desarrollo o ejecutiva. En consecuencia, las Comunidades Autónomas deben ser las que asuman el protagonismo sobre el diseño urbanístico de sus territorios, sobre el suelo y el “modelo de ciudad”.
En definitiva,
1) las Comunidades Autónomas tienen capacidad legislativa y reglamentaria para emanar normas que afecten a la ordenación urbanística y a la vivienda;
2) las Comunidades Autónomas deben ser las que asuman el protagonismo sobre el diseño urbanístico de sus territorios, sobre el suelo y el “modelo de ciudad”;
3) están habilitadas para regular causas de expropiación, las garantías que les correspondan, supuestos indemnizatorios específicos y procedimientos administrativos especiales,
4) pueden definir y llevar a cabo una política de vivienda propia, complementando las actuaciones de protección y promoción previstas por el Estado, con cargo a sus propios recursos,
5) pueden aplicar las medidas estatales adaptándolas a las peculiares circunstancias de su territorio,
6) cuentan con competencias para crear figuras como las viviendas de protección autonómica y para llevar a cabo políticas de fomento propias,
7) Pueden incluir en sus normas exigencias sobre estándares de calidad, zonas verdes, densidades de población, repartos de vivienda asequible entre los distintos municipios, previsiones especiales para determinados municipios en función de su tamaño poblacional y territorial, sus características similares,…
Al respecto, cabe recordar la STC 37/1987, de 26 de marzo, en la que el Tribunal avaló la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Andalucía núm. 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria: “…el derecho a la propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de cada derecho de propiedad o, si se prefiere, en la delimitación concreta de su contenido. Como es lógico, esta delimitación no se opera ya sólo en la legislación civil, sino también en aquellas otras Leyes que cuidan principalmente de los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada. Así ocurre en el caso de la propiedad urbana, cuyas Leyes de ordenación están muy lejos de establecer sólo, como los recurrentes pretenden, «medidas de policía concretas», respetando, como regulación ajena, «la imposición de obligaciones y limitaciones al ejercicio de los derechos dominicales», sino que, muy al contrario, establecen por sí mismas, o por remisión a los instrumentos normativos del planeamiento, los deberes y límites intrínsecos que configuran la función social de la propiedad del suelo, desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Y así ha sucedido y sucede también en el caso de la legislación agraria, cuyos objetivos conducen a una regulación de la propiedad de la tierra destinada a usos agrícolas, que se superpone a la legislación civil propiamente dicha. Así las cosas, resulta también evidente que si la Comunidad Autónoma andaluza es titular de una competencia específica para legislar en materia de «reforma y desarrollo del sector agrario», como efectivamente así es según dispone el art. 18.1.4.ª de su Estatuto de Autonomía, dicha competencia incluye la posibilidad de legislar asimismo sobre la propiedad de la tierra y su función social, dentro del territorio de Andalucía. De todo lo cual se desprende que la Ley de Reforma Agraria impugnada no ha invadido las competencias exclusivas que al Estado reserva el art. 149.1.8.ª de la Constitución”.
La cuestión en el caso del Decreto-Ley de Andalucía sería determinar si esta regulación se puede llevar a cabo en los términos en los que se hace a través de esa figura legislativa.
Y, finalmente, por lo que respecta a la incidencia de las Comunidades Autónomas en la función social de la propiedad cabe recordar también que lo hacen a través de las normas tributarias relativas al impuesto de bienes inmuebles, el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, la creación de impuestos propios: sobre solares, grandes establecimentos comerciales, fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas,…



 

LA MONARQUÍA CUESTIONADA

Rosario Tur Ausina, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Miguel Hernández de Elche. Artículo publicado el día 4 de abril de 2013, en el Diario Información.

Los recientes episodios judiciales que se ciernen sobre algún miembro de la Casa Real han colocado a la Monarquía en una delicada situación que nos lleva a unas breves reflexiones, no solo sobre el alcance de la responsabilidad del monarca y de los miembros de la Casa Real, sino sobre la misma posición de esta institución en un Estado Social y Democrático de Derecho.

images
En la configuración de la Monarquía es lógica y bien conocida la inimputabilidad del Rey. Dado que la Monarquía no es, por definición, una institución que emane de la propia voluntad popular, el principio democrático impide, en consecuencia, que el Rey posea poderes propios y que sus actos tengan que ser “debidos” o, lo que es lo mismo, que estén predeterminados o sean decididos por otro órgano. Así pues, es consecuente con ello que no deba responder por actos que formaliza pero de los que no decide. Y todo esto, visto de esta forma y sólo así, encaja perfectamente con la democracia misma. La misión de una monarquía parlamentaria es entonces otra, que no poco importante: animar, advertir y ser informado, en palabras de Walter Bagehot (“the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn”).
No entraremos, por lo demás, a valorar qué ocurre con los actos del monarca en su vida privada. Pero sí diremos que dado el escaso -por no decir inexistente- desarrollo normativo de esta institución, y ante la falta de procedimiento alguno arbitrado al efecto, no es de recibo ni siquiera la responsabilidad por actos cometidos en el ejercicio privado: no resultaría tolerable que cualquier órgano judicial pueda juzgar al titular de la Corona, al que se colocaría en una manifiesta situación de indefensión. Pero sumémosle a ello dos argumentos más íntimamente unidos: ni con nuestra escasa tradición monárquica en democracia podemos permitirnos esta situación (todavía seguimos necesitados de que la Monarquía parlamentaria se asiente), ni el titular de la Corona puede colocarse en situación de cometer ilícito alguno (no sé si hasta el punto de decir que el Rey no puede permitirse, ni siquiera, ser humano). Y es que no hemos de olvidar, no sólo que estamos ante una institución -la Jefatura del Estado- que cumple un cometido esencial en el funcionamiento del sistema, sino que aquella ha sabido, además, ajustarse por primera vez en la historia al principio democrático y contribuir a su realización efectiva. Ahora bien, dicho esto y desde la perspectiva de una democracia que todavía intenta consolidarse, podemos hacer algo -mucho- por colocar a las instituciones donde les corresponde. Pensemos, por lo demás, que la crisis institucional que vivimos es todavía más grave que la crisis económica a que se alude frecuentemente: cuestionamiento del modelo territorial, desafección ciudadana, etcétera, y ahora, la jefatura del Estado.
La estabilidad democrática exige, y más con los tiempos que corren, el cumplimiento escrupuloso de los principios constitucionales. Empecemos por las propias instituciones públicas -incluida la Casa Real-: transparencia, rendición de cuentas, o impecable consideración a las reglas del juego democrático -lo que incluye el escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, lo cual no parece deducirse del último comunicado de la Casa Real-.
En este contexto creo que una cuestión debe quedar clara. El status del Rey no es aplicable a los miembros de la Casa Real. Las cuestiones que sobre la irresponsabilidad del monarca hemos planteado no son sin más extensibles al resto de la Familia Real, integrada desde este punto de vista por personas normales y corrientes. Pero ello es así con un matiz particular que cambia algo las cosas. La figura de la Monarquía, como decíamos con anterioridad, no se mide por el poder efectivo que ejerce, pues sus poderes no son propios. No tiene, como solemos decir, “potestas”. Pero esa capacidad para animar, advertir o exigir información se traduce en una no menor fuerza: su autoridad (su “auctoritas”), o su capacidad para transmitir serenidad, equilibrio y moderación a una democracia. Su imagen, si se quiere, durante todos los días y en cualquier situación. Una institución no democrática que paga el precio de integrarse en el conjunto de los poderes del Estado a través del hecho de ser valorada o juzgada, no por el poder -que no lo tiene ni lo ejerce-, sino por la imagen y autoridad que transmite, siempre y en cualquier momento. Y para construir esta imagen y esta autoridad, para contribuir al correcto funcionamiento de la institución monárquica, sí es importante lo que les suceda a los miembros de la Casa Real. Por ello, creemos que a éstos debería resultarles de aplicación el mismo fuero judicial que a otras instituciones, sin que parezca lógico que cualquier órgano judicial pueda conocer de las causas contra los miembros de la Casa Real.
La conclusión es clara: respeto del Estado de Derecho por las mismas instituciones, en un Estado de Derecho que también respete las instituciones mismas, en un perfecto equilibrio que ahora no existe.



 

PARLAMENTARIOS SIN SUELDO

Jorge de Esteban, Catedrático de Derecho Constitucional. Artículo publicado el día 2 de abril de 2013, en el Diario El Mundo.

Hace unos días 21 diputados del PSOE de la Asamblea de Castilla-La Mancha presentaron sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por haberles dejado sin sueldo fijo una decisión de la presidenta de esa comunidad, María Dolores de Cospedal. Al mismo tiempo, y de forma paralela, 50 senadores del mismo partido presentaron igualmente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que regula dicha decisión, la cual, por otro lado, se ha recurrido también en la vía contencioso-administrativa.images
Aunque esta acumulación de recursos sea redundante, parece incuestionable que se trata de una norma inconstitucional que el Constitucional no tendrá más remedio que rechazar. Por lo demás, estas medidas son consecuencia de la política de recortes, en todas direcciones, que viene tomando el Gobierno del PP para atajar el déficit que ha corroído la economía española en los últimos años. La idea de reducir gastos de las autonomías, referidas a los excesos de personal político en los parlamentos autonómicos, fue probablemente de Esperanza Aguirre, cuando la expresó hace ya un año. Sin embargo, su propuesta iba dirigida a reducir el número de los diputados de los parlamentos autonómicos en muchos casos sobredimensionado. Por la misma vía transitan otros presidentes autonómicos del mismo partido, como el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Extremadura, José Antonio Monago, puesto que ambos también opinan que deberían reducirse los diputados de sus parlamentos.
En principio, la idea es válida, pero no basta con que cada comunidad se pronuncie o no por esa reforma, que en cada caso se adoptaría con criterios diferentes. Lo que España necesita es una reforma racional y global del Estado de las Autonomías. El método de ir reformando una casa de vecinos que se encuentra en quiebra, por lo que cada vecino decida respecto a lo que conviene hacer en su parcela, no aseguraría la estabilidad del edificio entero. Lo que cada vez resulta más necesario en nuestro país es una reforma general, y no por parcelas, del Estado autonómico. Por eso sorprende que Cospedal se haya desdoblado en dos personas distintas, siguiendo la conducta que le marcan sus dos cargos acumulados. Por una parte, es presidenta de Castilla-La Mancha, lo que justificaría sus anhelos de recortar gastos en su jurisdicción. Pero es también la secretaria general del PP, el cual no sólo goza de una mayoría absoluta, todavía estéril, en las Cortes, sino que asimismo es mayoritario en 14 de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas que integran el Estado de las Autonomías. Lo lógico sería que se hubiera impuesto su condición de secretaria general del PP sobre su cargo de presidenta autónoma, proponiendo la reforma general del Estado de las Autonomías y no sólo la de su comunidad. Al no haber sido así, ha demostrado que ambos cargos deberían ser incompatibles, porque, si ella es partidaria de reducir los sueldos de sus diputados, no resulta un buen ejemplo el que acumule varios de sus diferentes cargos.
Pero dejando de lado esas minucias, valoremos política y jurídicamente la decisión que se tomó. En primer lugar, si de lo que se trata es de reducir gastos e impedir las corruptelas que en estos años han imperado en los parlamentos autonómicos, su medida puede ser contraproducente. En efecto, según la reforma del Reglamento de la Cámara de Castilla-La Mancha, hay, a partir de enero de este año, dos tipos de diputados. Por una parte, los de plena dedicación. Y por otra, los de dedicación parcial. Lo cual comporta una diferencia en el tratamiento económico de unos y otros. Los diputados con plena dedicación, y los que posean algún otro cargo, por formar parte del Gobierno autonómico, dispondrán de una remuneración fija, mientras que los diputados del PSOE que integran la oposición solamente dispondrán de dietas que se pagarán por asistencia a los plenos o a las diferentes comisiones. Esto es completamente absurdo, porque, si algunos diputados no disponen de una remuneración suficiente, se les está invitando a que puedan buscar más ingresos por otra vía que no sea la legal, esto es, se puede favorecer así la corrupción. Pero, además, se trata de un tratamiento antidemocrático, porque en el fondo se esta minusvalorando el papel de la oposición, que en una democracia es indispensable, por lo que debe contar con los medios suficientes para llevar a cabo su misión y dedicarse de forma exclusiva a su tarea. No es extraño, por tanto, que el Consejo de Europa haya escrito un informe sobre la democracia local y regional de España, donde formula una docena de recomendaciones al Gobierno. Entre ellas se señala que los parlamentarios regionales, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Europea de Autonomía Local, deberán gozar de una “compensación financiera adecuada para los gastos que comporta el ejercicio adecuado de su mandato”. En este sentido, cualquier limitación en los emolumentos de los diputados que no alcancen un nivel digno no supondrá sino un mayor rechazo a la dedicación política. De forma subrepticia, lo que se acabará imponiendo es que sólo se dediquen a la actividad política los que dispongan de un peculio suficiente para vivir o los que no sirvan para otra tarea. También la picaresca puede funcionar cuando se adopta el sistema de dietas por asistencia, ya que es humano que todo el mundo esté dispuesto a asistir a continuas reuniones, aunque no sirvan para nada, con tal de cobrar la dieta.
Esta medida limitada ahora a Castilla-La Mancha es inconstitucional por dos motivos. En primer lugar, porque establece una desigualdad entre los diputados autonómicos, pues mientras que unos cobran salarios fijos, otros reciben dietas de menor cuantía, que no les garantiza una estabilidad económica. En efecto, el art. 23 de la Constitución establece que: “Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes”. Luego en Castilla-La Mancha se discriminan a unos diputados respecto a otros, no sólo en su sueldo sino también en su dignidad, ya que algunos sólo se dedicarán a la política “a tiempo parcial”. Y, por otro lado, el art. 149.1 de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. En estos dos supuestos está claro que la Constitución, además de lo que señala su art. 14, establece las bases igualitarias que deben regir en todo el territorio nacional, es decir, en todas las comunidades autónomas, por lo que no es posible que existan discrepancias entre ellas en lo que se refiere a la función representativa.
La consecuencia de todo lo expuesto es muy simple: de nada servirá que se vayan estableciendo parches en las comunidades, si no se lleva a cabo una reforma constitucional que embride los excesos y desigualdades de las diversas regiones españolas. Se trata de que se establezca, lo decimos desde hace 25 años, un modelo racional y definitivo de Estado descentralizado, antes de que éste salte por los aires. Si lo que se quiere es reducir unos costes que no podemos permitirnos ahora, se deberían establecer criterios justos de proporcionalidad entre el número de habitantes de cada región y el del menor número posible de representantes en los parlamentos locales. Por otra parte, salvo en los supuestos de Cataluña y el País Vasco, se deberían recortar también las competencias de éstos para evitar duplicidades absurdas. En definitiva, no sabemos a qué espera el Gobierno del PP para adoptar las medidas necesarias que exige el buen funcionamiento de nuestro Estado y para garantizar la igualdad entre todos los españoles, pues lo que está en juego es la supervivencia de la Nación española.



 

EL ARCHIPIÉLAGO UNIVERSITARIO

Pablo Salvador Coderch, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra. Artículo publicado 24 de marzo de 2013, en el Diario El País.

En 2010, el sistema universitario público español obtuvo 401 patentes. Robert Samuel Langer, un investigador químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT), él solo, tiene 810, más del doble. Tomo la referencia del informe elaborado por la comisión ministerial de expertos para la reforma de nuestra universidad (Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, accesible en Internet), un relato sensato, serio y sombrío sobre la academia española.

tool  Holbein

En España y redondeando los números, millón y medio de estudiantes cursan 2.500 grados (las antiguas licenciaturas), 3.300 másteres y 1.500 doctorados; los números delatan la desmesura. Hay otros excesos clamorosos, como el caso de una universidad pública española que ofrece estudios de Derecho en cuatro centros diferentes situados en cuatro provincias distintas. En este país, la provincia sigue siendo la unidad de cuenta de los servicios públicos, la medida de todas las cosas.

Siempre han faltado criterio y selección: para la comisión, todas las universidades se parecen demasiado, todas hacen mucho de lo mismo y algunas, como acabo de escribir, lo hacen varias veces. Por esto, concluye, en los rankings al uso, ninguna de ellas figura entre las 100 primeras universidades del mundo.

Las autoridades académicas suelen defenderse alegando la irrelevancia de los rankings y nuestra insuficiencia crónica de recursos. Pero si fuera así, las carencias afectarían también a países no tan alejados del nuestro en renta y riqueza -como Israel, Brasil, Taiwán o Corea del Sur-, pero que tienen universidades muy destacadas. Más significativa es la objeción de que, vistas de cerca, muchas de nuestras universidades cuentan con centros, enseñanzas y equipos extraordinarios, como las magníficas facultades de Ciencias y Medicina en Barcelona, o el exquisito y críptico CFIS de la Politécnica catalana. Un estudio empírico muy reciente, a cuyo contenido la comisión no ha alcanzado a acceder, resalta la creatividad contrastada de los graduados norteamericanos en dos carreras: sus estudiantes construyen puentes entre ambas y los cruzan una y otra vez, con resultados espectaculares, algo que en España también ocurre y que el mercado lleva una década detectando (The Chronicle of Higher Education, edición del 16 de marzo de este año). Por eso me parece aberrante que, en nuestras latitudes, al estudiante español que quiere cursar un segundo grado le suban las tasas de matrícula.

Implacable, la comisión aboga por la recentralización ministerial de los concursos de selección de catedráticos de universidad: comisiones nacionales -cuyos miembros serían sorteados entre pools integrados por los investigadores mejor considerados por otras comisiones ministeriales- decidirían quiénes habrán de ser los profesores funcionarios del futuro. No es una buena metodología, me atrevo a oponer. La suerte, incluso entre seleccionados, es un criterio inaceptable para cualquier persona u organización que conforme equipos, y las comunidades de investigadores son tales.

Y es que si el énfasis de la comisión por primar la investigación es loable, su fe en que la recentralización de la universidad española conseguiría tal objetivo resulta inexplicable, al menos en términos históricos: la grisura asfáltica y gremial de las universidades públicas españolas es la consecuencia de políticas universitarias entusiásticamente patrocinadas por sucesivos ministerios españoles de derechas y de izquierdas. El criterio, que la comisión ahora quiere cambiar, de que el rector sea elegido por los gremios de funcionarios proviene de un Gobierno conservador. El baremo, también denostado por la comisión, conforme al cual los méritos de docencia y de gestión pesen casi tanto como los de investigación en las acreditaciones para cátedras lo inventó un Gobierno de izquierdas. Pensar ahora que los nuevos ministerios serán intrínsecamente benéficos roza la ingenuidad.

Con todo, es difícil discrepar de bastantes de las propuestas concretas de la comisión. Así, la exigencia de evaluaciones externas de las universidades, o la petición de que el marchamo de excelencia se dé a unas pocas -no a más de la tercera parte de ellas, como ha ocurrido en el caso español-, o la apelación por dejar un solo y único órgano de gobierno universitario -que, además, designe al rector-, la reivindicación de la calidad y la investigación, todo está muy bien. Y la idea rectora del informe es indiscutible: hay que primar la investigación y la innovación. El problema es la manera de conseguirlo.

La comisión tiene mucha fe en el sistema británico de evaluaciones de excelencia investigadora por redes de paneles dependientes de consejos encargados de financiar a las universidades. Los paneles evalúan los trabajos de los universitarios y les dan más o menos puntos cuya suma decide la cuantía de recursos asignados a cada universidad. El sistema es menos centralizado que el español y bascula en torno a la investigación en lugar de hacerlo en el número de alumnos, pero es tremendamente complicado: hay 36 paneles, con más de 30 miembros cada uno. Pensarán ustedes que es deriva de profesor periférico, pero creo que si nos dejan organizar nuestra propia política universitaria, de acuerdo con líneas estratégicas de política científica consensuadas en España y Europa, cada palo aguantará su vela y nadie se quemará los dedos. Ponga el poder los incentivos y deje elegir a las universidades.



 

EL VÍA CRUCIS JUDICIAL ESPAÑOL

Araceli Mangas Martín, Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Artículo publicado 19 de marzo de 2013,  en el Diario El Mundo.

 EN LOS últimos años España está dando la imagen de que no respeta sus obligaciones internacionales, en especial, las del sistema europeo del que tanto no hemos enorgullecido en pertenecer. La desidia o la falta de finura jurídica del poder ejecutivo y del legislativo han dado como resultado una riestra de condenas a España por diferentes infracciones que superan las 14 estaciones del Vía Crucis; además, en las últimas semanas hay tres caídas en esa vía dolorosa que han llevado a sendas constataciones de graves violaciones del Derecho europeo.araceli mangas

 Es conveniente precisar que no se trata siempre de actuaciones normativas del Gobierno actual; algunas afectan a leyes de más de sesenta años o llegan ahora las condenas por normas y actuaciones concatenadas de ineptos gobiernos.

 Una infracción muy habitual tiene que ver con la ligereza con la que los políticos nacionales y regionales tratan los dineros públicos: dan subvenciones a empresas sin cumplir las normas de la UE –que las prohiben con carácter general por falsear la libre competencia– y que sólo una a una pueden ser autorizadas por la Comisión Europea. Como para chulos nosotros, primero, damos las subvenciones a las empresas sin pedir o esperar a la autorización; cuando la Comisión exige la recuperación, se mira para otro lado y se aguanta. España (por medio de las autoridades regionales, País Vasco en este caso) se negó a aplicar las decisiones de la Comisión; ésta demandó a España (la responsabilidad es del Estado en su conjunto) que hizo caso omiso de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la UE en 2002. La Comisión fue paciente y volvió a demandar a España por inejecución de sentencia en 2010 y la nueva condena en diciembre de 2012 alcanza la friolera de una multa de 20 millones de euros y 50.000 euros más por cada día sin ejecutar la sentencia de 2012. Los políticos nos ocasiona dos agujeros: las subvenciones y las multas, y todo abonado por las clases medias y bajas que son las que pagan impuestos.

 En el ámbito procesal-penal no ganamos para sustos. Al socaire de los complejos por la dictadura sufrida y un pésimamente malentendido garantismo, políticos y juristas aviesos olvidan a las víctimas de cualquier delito y se obsesionan con proteger a los delincuentes. En febrero de estemismo año el Tribunal de Justicia (asunto Stefano Melloni) rechazó que quisiéramos aplicar a delincuentes reclamados por otros Estados miembros la normativa procesal penal española que impide juzgar (y entregar) a los procesados que se fugan o no se personan en juicio –como si de su sola voluntad dependiera el proceso penal–. En España se premia al presunto delincuente que se burla de la Justicia y no se persona en juicio.

 Ni las normas de la UE ni las del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos obligan a cambiar la absurda normativa española (¡son nuestros delincuentes!), pero al menos la Directiva sobre la «euro-orden» nos obliga: 1) a respetar a aquellos Estados que tienen una equilibrada normativa que se niega a dar premios al posible autor de un delito; 2) a aceptar la entrega de delincuentes juzgados en rebeldía (es decir, en su ausencia) en otros Estados miembros y que se refugian en este paraíso de delincuentes que es España y 3) a no poner condiciones de cruzados de la Justicia como la de exigir que tengan la posibilidad de pedir un nuevo juicio en presencia del delincuente cuando se lo entregamos.

 Frente a la posición de los tribunales españoles –incluido el Constitucional que planteó, por fin, la primera cuestión prejudicial– de ser más exquisitos que nadie con los rebeldes reos de delitos, el Tribunal de la UE declara que «no se produce una vulneración del derecho a un proceso equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al que haya conferido mandato a ese efecto». Es una ironía aberrante de la legislación española, además de una incongruencia, exigir la presencia física del justiciable y al tiempo exigir que esté representado obligatoriamente por procurador, como si el ciudadano fuera un ser invisible aunque se persone ante el juez. Basta ya de dar lecciones a Europa con nuestros complejos de la dictadura y nuestros aires de superioridad garantista sólo para los delincuentes.

 La tercera puntilla ha sido la sentencia del 14 de marzo sobre las vergonzosas cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Estaba cantada la interpretación del Tribunal. La Directiva es de 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1995 y por su efecto directo debía haber dejado inaplicada cualquier normativa interna contraria a la misma. Pero todos, notarios, registradores de la propiedad, jueces, abogados, poderes públicos, han mirado para otro lado. El Tribunal deja claro que un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede seguir aplicándose en las ejecuciones hipotecarias y que quedan autorizados los jueces para dictar medidas cautelares cuando comprueban que hay cláusulas abusivas en tales contratos. Otra vez una ley procesal es fuente de violación de los derechos fundamentales. Veremos cuántos meses va a tardar el Gobierno en modificarla…; les bastó con decretos leyes de fin de semana para pulverizar nuestros derechos para el acceso a la jubilación y las condiciones de la sanidad y la educación, para aumentar el IVA, para reducir el sueldo a los funcionarios…

 LAS DOS grandes leyes procesales (enjuiciamiento civil y criminal) necesitan ser revisadas como en su conjunto la Justicia, heredera de oscurantismo del siglo XIX y del franquismo. Si a los procesos se les despojara de todos sus embrollos y trámites absurdos, la tutela judicial sería efectiva y la economía social ganaríamucho. La agilización de los procesos es una necesidad: aportaría eficiencia, seguridad jurídica y crecimiento. Pero con el tasazo judicial sólo se consigue aumentar los ingresos que succionará la partitocracia. La ineptitud de los políticos se comprueba cuando en vez de reformas estructurales se decantan por saquear a los ciudadanos.

 A todos los gobiernos se les puede imputar su culpa por haber hecho de España un Estado al margen del Derecho. Por ejemplo, una violación grosera de derechos fundamentales (no discriminación por razón de la nacionalidad) fue la condena a España por el Tribunal de la UE en 1992 (el cobro discriminatorio en las entradas en el Prado y otros museos nacionales). El mismo Gobierno de Felipe González se negó a incorporar al derecho español la Directiva que prohibía el despido de una mujer por causa de su embarazo. Se miró para otro lado y no se transpuso hasta la Ley 39/1999.

 En el último informe anual (cerrado a 31 de diciembre de 2011) sobre la aplicación del Derecho de la UE salimos zarandeados. Arrasamos, siempre después de Italia. España es el segundo país de la UE –no se olvide, 27 Estados– contra el que más denuncias se presentan; el segundo también en casos incoados de oficio por la Comisión Europea. Los segundos en números de expedientes pilotos abiertos (en los que la Comisión hace de cirineo para sacarnos de la infracción pero si no nos libramos de esa cruz, empieza el expediente en serio).Mejora nuestro ranking pues pasamos a ser los terceros en sentencias del Tribunal de Justicia que no ejecutamos… y logramos ser cuartos en el cómputo de expedientes acumulados por infracciones.

 Nuestro Gólgota puede ser la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot. Si el TEDH no distingue entre la irretroactividad de la ley penal y la retroactividad lógica de toda interpretación jurisprudencial, entonces habrá que reconocer que tenemos un grave problema por un ordenamiento procesal farisaico y absurdo que distingue entre la condena a cientos de años pero que el mismo se crucifica estableciendo que las penas de verdad son mínimas. A mayor oferta de delitos, coste marginal cero. Todo lo que nos sucede es por nuestra propia culpa.



 

EUROPA  Y LOS DESAHUCIOS

Ángel Rodríguez, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Málaga. Artículo publicado 16  de marzo de 2013, en el Diario de Cádiz.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ejecución hipotecaria española cambiará las reglas del juego imperantes hasta ahora sobre los desahucios. Es relevante, al menos, por tres razones: en primer lugar, porque ilustra muy bien cómo Europa puede seguir siendo útil en tiempos de crisis; en segundo lugar, porque garantizará a las familias en riesgo de perder su vivienda que los jueces españoles, hasta ahora impedidos para ello por nuestra propia ley, podrán poner remedio al abuso de los bancos; y, por último, porque confirma que, en el futuro, debemos aprender a confiar más en los jueces y no sólo en los legisladores a la hora de que se garanticen nuestros derechos.images

Últimamente la Unión Europea (UE) sólo era fuente de malas noticias: la desacertada gestión de la crisis económica bajo la batuta alemana, a la que se encuentran sometidos (algunos, con gusto) el resto de los estados miembros ha exacerbado en la ciudadanía europea la conciencia de que el “déficit democrático” de la Unión, del que se viene hablando desde su fundación, le sustrae a sus instituciones una legitimidad de origen que en absoluto queda compensada por la llamada legitimidad de ejercicio. Por eso, en España como en tantos otros sitios, la opinión pública andaba ya muy poco dispuesta a jalear la idea europeísta, y la mayoría de los españoles empezaban a estar en amplio desacuerdo tanto con el origen del poder de la UE como con el modo de emplearlo.

Esta actitud antieuropea contrasta con la que, en los últimos 25 años, ha sido mayoritaria en nuestro país. No hace tanto que Europa era sinónimo de libertad, democracia y Estado de Derecho, y aún hace menos que las ayudas europeas han contribuido a levantar infraestructuras y a transformar, en el caso de Andalucía de manera espectacular, algunas de nuestras regiones.

Con la crisis se estaba yendo también una cierta idea de Europa. Hasta que, por fin, han hablado los jueces europeos. Así que es muy oportuno que una sentencia del TJUE nos recuerde que hace tiempo que Europa dejó de ser sólo un mercado común y aspira a ser, sobre todo, un espacio democrático en el que 500 millones de personas puedan ejercer sus derechos de ciudadanía sin cortapisas por parte de sus propios estados. Por eso la Unión aprueba sus propias normas, vinculantes para todos los estados miembros, y dispone de sus propios órganos jurisdiccionales encargados de velar por su correcta aplicación.

Las consecuencias prácticas para los españoles de la sentencia del TJUE sobre el acuciante problema de los desahucios son difíciles de exagerar: nuestro vetusto sistema hipotecario contempla la posibilidad de denunciar la existencia de cláusulas abusivas impuestas sobre los particulares por la parte más poderosa, la entidad bancaria con la que se contrata un préstamo hipotecario. Pero esa posibilidad se remite a un proceso distinto del que entiende sobre la ejecución de la hipoteca, que además ni siquiera puede paralizarlo cautelarmente. Con nuestra ley, todo el que quiera oponerse a una ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas como los desproporcionados intereses de mora, la existencia de límites sólo a las posibles bajadas (no a las subidas) de los intereses del préstamo, la liquidación de la ejecución de manera unilateral por la entidad bancaria, etc, puede hacerlo… pero sin que por ello se paralice, ni se afecte en absoluto, al desahucio de su casa. Eso es lo que Europa, la misma Europa cuya política económica se encuentran tan denostada, hablando ahora por la boca de su Tribunal de Justicia, ha declarado contrario a la normativa de la UE. La sentencia nos recuerda también a todos que nuestro derecho está supeditado al derecho europeo y que cuando la Constitución dice de nuestros jueces que está sometidos “únicamente al Imperio de la Ley” se refieren no sólo a la ley española, sino, y por encima de ésta, al ordenamiento de la Unión.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? De entrada, nuestro Parlamento está obligado a cambiar la ley para acomodarla a la jurisprudencia europea. Ojalá lo haga con la celeridad que el asunto merece, aunque no es eso a lo que nos tiene acostumbrados. Pero nuestros jueces no están obligados a esperar al legislador. La duda que un juez de Barcelona planteó al TJUE ya ha sido despejada: nuestra normativa no respeta los derechos establecidos por la normativa europea, y por esa razón ningún juez español puede ya aplicarla en el sentido en el que se venía haciendo. Ningún desahucio puede hacerse ya en España sin que un juez compruebe que las cláusulas impuestas por el Banco no son abusivas. Es decir, como dice la propia sentencia, si no puede razonablemente suponerse que habría sido aprobada por el propio consumidor después de una negociación individual, leal, equitativa y de buena fe.

La Europa que más nos gusta, la de los derechos, consigue de vez en cuando salir a la superficie y recordarnos que no sólo existe la Europa de los mercaderes. Esta ha sido una de esas ocasiones.



LEY DE TRANSPARENCIA: LA HORA DE ESCUCHAR A LOS EXPERTOS

Joaquín Meseguer Yebra, Jefe de Servicio de Informes, Dirección General de Organización y Régimen Jurídico, Ayuntamiento de Madrid. Artículo publicado 14 de marzo de 2013, en el Blog de la Revista Catalana de Dret Públic.
Parece que la carrera de alta velocidad que preveía tomar el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha perdido en buena medida el impulso y la urgencia con los que nació. Mientras el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados acaba de entrar en su decimoctava prórroga, se habilitan plazos extraordinarios para la celebración de comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional. Estos dos datos son solo una pequeña muestra de la expectación y de la montaña de reticencias que el texto ha suscitado en los estudiosos de esta parcela del derecho, casi por estrenar en nuestro país. Hasta tal punto esto es así que podemos afirmar que no resta medio de comunicación ni publicación jurídica especializada que no se haya hecho eco de su tramitación y de las abundantes objeciones que se han formulado a su contenido.

blog cat
En este post vamos a exponer de la forma más resumida posible, aquellas cuestiones de mayor trascendencia que los juristas y autoridades que han pasado por el Congreso estos días atrás han puesto en tela de juicio o cuya mejora han reivindicado como deseable y factible. Quizá el aspecto que mayor discusión ha suscitado, coincidiendo con los numerosos escándalos y acusaciones de corrupción de los que estamos siendo testigos, ha sido el relativo a la demandada extensión del ámbito de aplicación de la ley a los partidos políticos, así como a otro tipo de entidades de tipología tan variopinta como las organizaciones empresariales, ONG, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, federaciones deportivas, etc. y, de manera reiterada y recurrente, la Casa Real. Aunque la preferencia de la mayor parte de los grupos políticos parecía ser la de incluir las exigencias de mayor transparencia y rendición de cuentas de estos sujetos en sus propias regulaciones específicas, con el fin de no sobrecargar la ley de referencias particulares a cada uno de estos colectivos, tras el reciente Debate sobre el Estado de la Nación se ha acordado estudiar la mejor fórmula para la incorporación de algunos de ellos e introducir una cláusula de entrada en vigor inmediata para las obligaciones de transparencia de los partidos políticos.
Lo que sí parece descartado es que la ley vaya a alcanzar a cualquier entidad privada que perciba fondos públicos, ya que, en palabras del diputado Olabarría, este criterio resultaría desmesurado en un país tan subvencionado en todos los ámbitos como el nuestro, donde es prácticamente imposible encontrar entidades de naturaleza privada jurídico-pública, entidades parapúblicas, entidades públicas puras o entidades privadas de toda naturaleza y condición que no reciban subvenciones de carácter público.
Por lo que respecta a los datos a publicar, junto a los que ya aparecen en el proyecto, se ha sugerido dar publicidad a los currículos de los altos cargos o a su agenda, con mención expresa a las personas que han participado en las reuniones, al patrimonio de los organismos públicos (inventario de bienes y derechos), a las actas de las comisiones de contratación e informes de las inspecciones de servicio o de las intervenciones, así como la conveniencia de articular procedimientos de consulta pública de los proyectos de órdenes ministeriales o resoluciones que resulten de particular importancia y que tengan un impacto económico significativo.
Al igual que ya hizo el Consejo de Estado en su dictamen, tampoco han faltado voces pidiendo la introducción en la ley de un régimen sancionador que permita reprimir la negativa reiterada y sistemática de las administraciones a publicar en sus webs la información a la que les obliga la ley (publicidad activa). Hasta el momento, el proyecto solo tipifica como falta disciplinaria grave el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública (publicidad pasiva).
Ya en lo relativo al derecho de acceso a la información pública, el debate se ha centrado en su calificación, bien como derecho fundamental, vinculado a la libertad de información, bien como derecho de segunda división o de configuración meramente legal al amparo del art. 105.b) de la Constitución. Los profesores Guichot y Sánchez de Diego defendieron la primera opción, fundamentándola, entre otros motivos, en el derecho comparado y en no pocos instrumentos de derecho internacional. Esta decisión condiciona aspectos trascendentales como la regulación por ley ordinaria u orgánica del derecho, su protección por la vía de un procedimiento judicial preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria o mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los juristas citados se encontraron con la oposición de una buena parte de los representantes de los grupos parlamentarios e, incluso, de algún otro compareciente.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios de la oposición han alertado sobre la amplitud o el carácter extremadamente genérico de las excepciones al acceso que desgrana la ley. En concreto, se citan la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o los intereses económicos y comerciales. El director de la Agencia Española de Protección de Datos, en su comparecencia, se centró en la limitación que afecta más directamente al ámbito de competencias del organismo que dirige: la protección de los datos personales. Rodríguez Álvarez parte de la necesidad de articular una relación equilibrada, asentada sobre criterios de proporcionalidad, entre el interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, en particular, de su derecho a la protección de datos, negando que la relación entre ambos polos tenga forzosamente que traducirse en términos de tensión o de colisión. No hay conflicto, por ejemplo, en el caso de informaciones relativas a personas jurídicas, en el caso de datos concernientes a fallecidos o en todos aquellos supuestos en los que el interés público se pueda alcanzar difundiendo la información disociada de los datos personales. Incluso cuando se plantee una tensión o un conflicto entre transparencia y protección de datos, afirma, no siempre se ha de resolver a favor de la protección de datos, sino que será necesario llevar a cabo una ponderación razonada, conforme al mencionado principio de proporcionalidad, entre el interés que subyace en la solicitud y la incidencia de la divulgación de la información en los derechos de los afectados. No debe pues haber automatismos.
Aun reconociendo las bondades de la ley, el director plantea finalmente un par de retoques al art. 12 y, en especial, la unificación del régimen de acceso a la información, con independencia de que el solicitante sea el titular de los datos o no, ya que el proyecto actual deja, paradójicamente, en peor situación a aquél que a cualquier tercero que pretenda tener acceso a unos datos personales de los que no es titular.
Estos son, en muy resumidas cuentas, algunos de los aspectos clave en torno a los que está girando el debate en sede parlamentaria de la futura norma básica en materia de publicidad de la actividad administrativa. Deseamos desde estas líneas a sus señorías tanto acierto como valentía y, por qué no, mayor agilidad en la aprobación de esta ley que se proyecta, ciertamente, como un mecanismo imprescindible para que nuestros gobernantes afiancen su legitimidad democrática ante la ciudadanía.



LA NECESARIA Y URGENTE POLÍTICA DE REFORMAS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Artículo publicado 11 de marzo de 2013, en el Blog de la Revista Catalana de Dret Públic

La crisis exige reformas en profundidad –y no mero “maquillaje”- de la normas administrativas para implantar una nueva gobernanza pública que incorpore como paradigmas de la gestión la eficacia, eficiencia e integridad
Asistimos a un constante aluvión de noticias relativas a la corrupción en España que, al margen de la indignación ciudadana que se genera –muy legítima-, obliga a adoptar medidas rápidas y eficaces que permitan reconducir esta patología. Por su extensión y efectos, dichas prácticas corruptas están debilitando no solo el modelo democrático de nuestra sociedad sino también, por sus claras implicaciones económicas, la anhelada recuperación financiera y empresarial que en tiempos de crisis como los actuales son muchos más visibles.

Por su dimensión cualitativa y cuantitativa, la corrupción es causa directa de muchos de los recortes en las prestaciones públicas, que resultarían innecesarios de haberse resuelto previamente (no en vano la estimación económica de su impacto sería varios puntos del PIB). Y ya no se puede esperar más. Debemos exigir a nuestros gobernantes y a toda la clase política que afronten con decisión esta grave enfermedad de nuestro sistema democrático, auténtica prioridad frente a otras políticas.

No es suficiente con declaraciones más o menos grandilocuentes de los dirigentes políticos en torno a la gravedad del problema y la necesidad de un “gran pacto” para denunciar este fenómeno. Y tampoco es admisible la justificación de que la corrupción sea algo inherente a la condición humana, afirmación, por lo demás, que supone un agravio frente a otras muchas personas y gestores que cumplen con la debida diligencia y profesionalidad. Aunque la corrupción es inherente a cualquier sistema jurídico y que no responde a ideologías, resulta evidente que los niveles de prácticas corruptas son mayores cuando existen debilidades jurídicas que permiten la fuga de los principios de igualdad de trato y de efectiva transparencia en las decisiones. Por ello hay que articular reformas legales que descansen en criterios funcionales y no formales, para que, detectado el problema, permitan no solo su necesario “castigo” sino, principalmente, que se eviten –o al menos se limiten al máximo- dichas prácticas.baixa

Reformas legales –con un claro componente de regeneración ética en la gestión de los fondos públicos- que deben contribuir a reforzar la idea de integridad para prevenir supuestos de corrupción y/o clientelismo. Corrupción que no solo erosiona el principio de objetividad de las Administraciones públicas y que conlleva claras y evidentes ineficiencias de los fondos públicos, sino que cuestiona la propia legitimidad democrática de nuestro Estado en tanto se extiende la idea de que la justicia no es igual para todos.

No basta , aunque sea necesaria, la respuesta penal, por cuanto interesa más la función preventiva del derecho que la represiva por su incumplimiento. Hay que actuar sobre el origen de la corrupción y no solo sobre sus consecuencias. Y para ello debe reformarse un marco normativo de gestión de los fondos públicos claramente facilitador del clientelismo.

En primer lugar es necesario una Ley de Transparencia y de buen gobierno que ofrezca toda la información sobre las actuaciones públicas y que debe incluir a toda la organización administrativa al margen de su concreta personificación y, por supuesto, a partidos políticos y sindicatos en tanto entidades gestoras de dinero público con obligación, por su función, de ser ejemplo de una gestión integra, transparente y responsable.

En segundo lugar hay que reformar la legislación de contratación pública para garantizar la gestión eficiente de los recursos públicos –desde la lógica de un modelo social donde no debe primar solo lo económico – para lo que debe diseñarse un modelo de transparencia efectiva en toda licitación al margen se su importe que permita una efectiva concurrencia (no como el de ahora, con miles de perfiles de contratantes donde aparece fragmentada la información, de extensión de la práctica del contrato menor y de negociado sin publicidad como sistema de adjudicación directa, de modificaciones contractuales “a la carta”, etc. ). Evitar la “huida” de la aplicación de esta norma obliga a clarificar quienes están sometidos, incluyendo, por supuesto, a partidos políticos y sindicatos en el concepto de poder adjudicador (como contempla la nueva propuesta de Directiva comunitaria de contratación pública).

En tercer lugar, debe rediseñarse el mapa organizativo español, pues si bien la política de descentralización de competencias ha permitido la consolidación de ciertas políticas pública, no es menos cierto que la proliferación de entes diversos con finalidades “encubiertas” han erosionado la credibilidad de un modelo alejado de los principios inherentes a toda organización pública: mérito, capacidad, profesionalidad y objetividad.

En esta lógica hay que redefinir el modelo de empleo público apostando, esta vez si, por la profesionalización e independencia del funcionario, eliminado las practicas que han introducido la politización de la decisión administrativa, como sucede con el personal eventual o de confianza y la mala praxis en la utilización del sistema de libre designación.

Por último, es necesario regular mecanismos de control previo, incluso dentro de la propia organización administrativa, para que, con independencia, tengan la auctoritas de corregir ab initio los posibles casos de clientelismo o corrupción (como ejemplos, debidamente despolitizados, serían los órganos de control externos –tribunales de cuentas-, así como tribunales de contratación pública u órgano de control de transparencia y del buen gobierno).
Obviamente, es necesario crear un organismo se supervisión y control frente a la corrupción (como en los países desarrollados), en tanto cuente con medios y preparación suficiente, es un instrumento fundamental en el cambio de los paradigmas de la gestión de los contratos públicos en tanto sea capaz de proporcionar información real e inmediata sobre el funcionamiento de la política y los posibles defectos de la legislación y las prácticas nacionales, postulando con rapidez las soluciones más adecuadas.

Es tiempo de crisis económica e institucional que exige, desde el mayor consenso político, reformas en profundidad –y no mero “maquillaje”- de la normas administrativas para implantar una nueva gobernanza pública, que incorpore como paradigmas de la gestión la eficacia, eficiencia e integridad que permita impulsar un modelo armonizado y transparente de gestión de los fondos públicos, que ayude a consolidar las específicas políticas públicas inherentes a nuestro modelo social y económico, impulsar la reactivación económica y empresarial y, por supuesto, a legitimar democráticamente nuestro modelo político. Es, en definitiva, tiempo de la política con mayúsculas.



 

CARTA ABIERTA A LA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En la Comunidad de Madrid las mujeres asalariadas cobran casi 8.000 euros menos al año y las jubiladas 5.000 menos que los varones.

Laura Nuño Gómez, Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y directora de la Cátedra de Género del Instiuto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Artículo publicado 7 de marzo de 2013, en nuevatribuna.es

La temporalidad, el trabajo a tiempo parcial, el desempleo de larga duración y la pobreza tienen rostro femenino. Sólo en la Comunidad de Madrid reside la tercera parte de las trabajadoras con contratos a tiempo parcial, la diferencia entre mujeres y hombres en las de ocupación ronda el 7% y la masa salarial que acaba en manos femeninas no representa ni la tercera parte del total existente en toda la región. En la Comunidad de Madrid las mujeres asalariadas cobran casi 8.000 euros menos al año y las jubiladas 5.000 menos que los varones. En nuestro país, desde el año 1999 alrededor de 900 mujeres han encontrado la muerte en manos de su pareja o expareja. Sólo en la Comunidad de Madrid, durante este periodo, sabemos que se han producido 98 muertes por violencia de género. Podríamos seguir con este relato intolerable de desigualdad, pero los datos son públicos, la desigualdad evidente y las consecuencias demoledoras para una sociedad pretendidamente democrática.

Sra. Directora General de la Mujer, por todo ello, el 8 de marzo no queremos una mascarilla capilar ni siquiera un postre gratis, queremos que se reivindique la igualdad entre mujeres y hombres, que se conmemore el día luchando por nuestros derechos y denunciando el amplio abanico de desigualdades por desgracia existentes.
images (2)
Queremos las mismas oportunidades de encontrar empleo y, de ser así, el mismo salario y las mismas posibilidades para promocionar en él.

Queremos no asumir el cuidado que nuestro gobierno desprecia y descuida.

Queremos servicios de atención a la infancia y a las personas dependientes para que esto no se cargue sobre nuestras espaldas.

Queremos que no nos maten a palos, que no nos discriminen, que no utilicen nuestro cuerpo como reclamo publicitario y que nos dejen decidir sobre el mismo.

Queremos que nuestra maternidad sea nuestra y nuestra sexualidad, también.

Queremos poder de decisión sobre nuestras vidas, cuerpos e identidades.

Queremos que nos nombren. Existir en los papeles, en los discursos y que de una vez por todas se asuma un lenguaje no sexista, no excluyente.

Queremos que nuestra voz cuente, se escuche y tenga la misma autoridad que la que tiene la de los hombres

Queremos que se apliquen los compromisos internacionales asumidos por el gobierno español, las Directivas comunitarias y la legislación española en la materia.

En última instancia, queremos que la lucha y el reto por conseguir la igualdad de género se tome con el rigor que merece y no celebrando ese día con una campaña absurda instalada entre una suerte de consumismo y toda suerte de estereotipos sexistas.

El día 8 de marzo es un día que conmemora nuestra lucha histórica por la igualdad, nuestros derechos y nuestra muertas también.

Las políticas de igualdad que usted debería defender nada tienen que ver la imagen estereotipada que promueve la campaña “Decisivas” que propone obsequiarnos en tan emblemática fecha con un postre o con un servicio gratuito de mascarilla capilar. Ser decisivas nada tiene que con los valores que acompañan la campaña; salvo que ese sea el marco que nos propone como espacio de decisión.

Si quiere promocionar los comercios de Madrid, por favor, utilice otra fecha para ello, no olvide que la desigualdad de género sigue provocando decenas de muertes en nuestro país.

Si quiere obsequiarnos con algo, hágalo no tomándonos el pelo (con mascarilla capilar o sin ella), defendiendo con seriedad nuestros derechos y, en concreto, otorgando el valor que tiene al día 8 de marzo.



 

I+D: ¿SUSPENSIÓN ILEGÍTIMA DE SU FINANCIACIÓN?
Germán Orón Moratal, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat Jaume I de Castellón. Artículo publicado 15 de febrero de 2013, en el diario El Mundo, edición de Valencia.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado verano está dando lugar a que se produzcan algunos de los efectos en ella establecidos. Uno de ellos es que la advertencia de riesgo o el incumplimiento del objetivo de déficit comportará que la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte del Estado con Comunidades Autónomas incumplidoras precisarán, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los últimos días se está conociendo la suspensión de la transferencia a las Universidades públicas de cantidades correspondientes a proyectos de investigación aprobados por distintos Ministerios.
images (1)

Ahora bien, cabe preguntarse si las Universidades públicas pueden formar parte del ámbito subjetivo de entidades a las que se les puede aplicar estas medidas. Una cosa es la exigencia del equilibrio presupuestario, y otra distinta es la de trasladar las medidas correctivas a entes públicos que no incumplen las normas ni contribuyen a incumplir los objetivos de estabilidad y de deuda, y que además no pueden hacer nada en relación con la adopción de medidas para evitar tanto el riesgo, como que una Administración territorial incumpla.

Cuando la Ley Orgánica de Estabilidad define su ámbito subjetivo de aplicación, no deja lugar a dudas de la sujeción a la misma de todo el sector público, pero la aplicación de medidas correctivas y, en su caso, coercitivas, sólo deben ser aplicables a los sujetos para los que expresamente están previstas. Así pues, las Universidades públicas sin duda forman parte del sector público de la respectiva Comunidad a la que se le transfirieron las competencias, pero no se les puede equiparar a la correspondiente Comunidad Autónoma, pues tienen un régimen presupuestario específico, regulado en la Ley Orgánica de Universidades, y la circunstancia de que la Comunidad a la que esté adscrita pueda estar inmersa en los supuestos que comportan la aplicación de las medidas correctivas indicadas, creo que no es motivo suficiente para que una Universidad no pueda ser beneficiaria de subvenciones procedentes del Estado sin informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -y de paso reducir gastos del Estado-, pues la autonomía universitaria reconocida en la Constitución no se ha condicionado por la Ley estableciendo que sus presupuestos deban formar parte de los de la respectiva Comunidad.

Se trata de presupuestos autónomos, aunque una parte importante del presupuesto de ingresos se nutre de transferencias autonómicas, y además deben ser informados por la correspondiente Consejería autonómica, pero que no forman parte del presupuesto de las Comunidades Autónomas, no lo ejecutan éstas, de ahí que un posible conflicto entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma en relación con el incumplimiento de los objetivos o de la apreciación de riesgo de incumplimiento, no debe llevar a privar de ingresos a las Universidades, transitoria o definitivamente, por una conducta sobre la que las mismas Universidades nada pueden hacer. Otra cosa sería que la misma Universidad estuviera inmersa en una situación de incumplimiento por haber incurrido en desequilibrio, pero no habiéndose constatado así, parece que más bien estaríamos ante la imposición de una restricción a quien no puede responder por ello, que además restringe ilegítimamente la autonomía universitaria constitucional en los términos que ha sido legalmente configurada, pues la Ley de Estabilidad no contiene ninguna mención expresa de las Universidades, para poder entender que condicione sus ingresos procedentes del Estado el comportamiento de los responsables de la Comunidad Autónoma en que esté enclavada.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, esa medida constituye una muestra evidente de discriminación injustificada, puesto que a la mayoría de convocatorias de proyectos de investigación pueden concurrir tanto universidades públicas, como privadas, y a estas últimas, al no formar parte del sector público, nunca se le podría suspender o condicionar la subvención.

Por todo ello, pienso que las medidas correctivas debe entenderse que son aplicables sobre la misma Comunidad Autónoma y las entidades cuyo presupuesto deba integrarse en los que apruebe su respectivo Parlamento, pero no a quien jurídicamente no es Comunidad Autónoma.



 

5,746 total views, 1 views today