¿Y DESPUÉS DE LA ENCUESTA DEL 9 DE NOVIEMBRE, QUÉ?

Hasta el día 25 de noviembre (hecho insólito donde los haya) los catalanes continuarán manifestándose a través de una encuesta (porque de una encuesta, aunque sea sui generis, se trata) en torno a las preguntas formuladas con otra finalidad. Con ser importante la ilegalidad (por cierto por nadie declarada aún) o alegalidad de la cuestión planteada, más lo es el hecho de la falta de entendimiento entre los respectivos gobiernos. Y aunque es importante que dos millones de catalanes hayan optado por la independencia de Cataluña, también lo es que la mayoría de los catalanes no hayan participado en el proceso. Cada fuerza política interpretará, como sucede casi siempre, los resultados en función de sus intereses partidistas, que casi nunca coinciden con el interés general. Y es la defensa de este ultimo lo que nos lleva a plantear las siguientes hipótesis.

 

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LA ABDICACIÓN DEL REY

El pasado día dos de junio hemos conocido, con sorpresa, la decisión del Rey Don Juan Carlos de abdicar la Corona. Son muchas las especulaciones que se han realizado sobre los motivos de esta decisión, que posiblemente no conoceremos hasta que pase un cierto tiempo. Y también se ha valorado el reinado del monarca, generalmente de forma positiva, aunque a ello se le hayan sumado las sombras de los últimos años. Cualquier paralelismo con los casos de Alfonso XIII o de Isabel II no es sino una desconocimiento de la Historia o una interpretación fraudulenta de los hechos, pues la realidad constitucional es otra. Pero no debemos olvidar, de cualquier modo, que la Monarquía, en cuanto una de las modalidades de Jefatura del Estado que es, es una institución que, a diferencia de la Republica, presenta un mayor campo de cultivo para la teoría de los símbolos y los mitos. La diferenciación entre potestas y auctoritas –esta última característica de la Monarquía- es suficientemente indicativa. No obstante lo anterior, debemos intentar un racionalización de la institución en base a los principios constitucionales, especialmente por lo que al principio democrático se refiere.

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 Sin embargo no son estas cuestiones las que quiero destacar, pues ya habrá tiempo para ello, sino aquellas otras que se plantean en el actual momento constitucional. A este respecto se pueden distinguir dos tipos de cuestiones:

A)           Por un lado, los problemas jurídicos coyunturalmente existentes, pues hay otros muchos que afectan al desarrollo integral de todo el Titulo II que nuestros legisladores han diferido en el tiempo por temor a plantear una disyuntiva entre Monarquía y Republica que hoy día no puede ya soslayarse. Entre dichos problemas se pueden mencionar los siguientes:

1. La abdicación no es un acto personalísimo del Monarca, pese a la opinión contraria de ilustres juristas, ya que esta es todo un proceso que se inicia con el deseo del Rey de abdicar, y culmina con la proclamación del nuevo Rey, no necesitando, por tanto, un refrendo, pues ni estamos en presencia de un acto sustantivo con plenos efectos jurídicos ni, por tanto, hay nada que refrendar. Es un acto de impulso de un proceso, un acto de tramite, que una vez realizado se independiza de la voluntad del Monarca. El proceso de abdicación es, pues, un acto complejo que se inicia por un deseo personal del Rey, pero sin que pueda llegar a decirse que el Rey puede abdicar cuando quiera.

Por ello, la carta entregada al Presidente del Gobierno, elegido como cauce adecuado para hacerla conocer a la opinión pública, solo lleva la firma real. Es mas, al consagrar nuestra Constitución la Monarquía parlamentaria, donde el adjetivo es mas importante que el sustantivo, donde el centro de decisión política, a diferencia de otras formas de monarquía, se traslada del Rey al Parlamento, se esta queriendo decir que son las Cortes Generales las que tienen que autorizar toda una serie de importantes supuestos relacionados con la Corona, tal y como revela una simple lectura del Titulo II CE. Por ello el art. 57.5. entiende que dicha autorización ha de revestir la forma de ley orgánica y el contenido de la misma, como ley  de caso único que es y no de desarrollo integral del referido precepto constitucional, es semejante al deseo expresado por la carta del Monarca. Estamos ante una ley únicamente valida para este supuesto de abdicación, y no para cualquier otro que se pudiera producir en un futuro. Es decir, las Cortes tienen que autorizar el deseo –la abdicación- del rey.  Son las que realmente autorizan o no ese deseo real. El hipotético voto contrario a dicho proyecto de ley significaría simplemente que el Rey no puede abdicar. Esta es la única interpretación que permite el principio democrático, al cual también esta sometida la institución de la monarquía. Es decir, al constitucionalizarse la Monarquía parlamentaria, y no cualquier otro tipo de monarquía, es el Parlamento el órgano constitucional legitimado para todas una serie de decisiones importantes en relación con el estatuto jurídico del Rey y la Corona. En otro casos, cuando el Rey ejerce las competencias constitucionalmente atribuidas, que son las únicas que tiene, el principio democrático permite atribuir a otros sujetos (Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso, Ministros, etc.…) la autorización –el refrendo- de los actos del Rey.

2. La regulación constitucional del Titulo II CE, referente a la Corona, prácticamente virgen en su desarrollo constitucional por las razones anteriormente apuntadas, requiere una urgente revisión constitucional y no solo por los temas o cuestiones ya analizados (la preterición de la mujer en el orden de sucesión de la corona, la impunidad del Rey, etc.…), sino por otras muchas cuestiones. Dicha reforma debería integrarse en una reforma constitucional en profundidad de nuestra Carta magna que cada día, y no solo por esta cuestión, parece más urgente. Debería aprovecharse la finalización de la actual Legislatura para proceder, después de un estudio de las numerosas cuestiones a reformar, sobre los cuales existen ya los suficientes análisis y textos alternativos, a iniciar la reforma y convocar Cortes Constituyentes. Incluso el final de la actual legislatura se podría hacer coincidir con las elecciones locales y autonómicas del próximo año. En todo caso sería una reforma en profundidad que afectaría a buena parte de los preceptos constitucionales y sobre la cual tendría que pronunciarse la ciudadanía en un referéndum, y que va mucho mas allá, a mi juicio, que una simple opción entre Monarquía y republica, la cual no se planteo en el año 2005 cuando el Presidente Zapatero encargo el correspondiente informe al Consejo de Estado

3. El nuevo Rey, D. Felipe VI, no puede olvidar la posición constitucional del Rey en una Monarquía parlamentaria. El viejo aforismo ingles que atribuye al Monarca el derecho a animar, a advertir y a ser informado, debe constituirse en límite absoluto a su actuación. El rey reina pero no gobierna, y solo así se puede adecuar la Monarquía al principio democrático, al cual en principio es ajena como institución hereditaria que es. Mal servicio prestan a la institución monárquica aquellas opiniones que reclaman del nuevo Rey una intervención más activa y visible en orden a la solución determinados conflictos políticos. El Rey constitucional debe hacer uso de su auctoritas y no de su potestas, pues carece de ella. Y lo mismo puede decirse de la Reina, que también debe asumir su posición constitucional, que la tiene.

B)   De otra parte, se encuentra el debate de fondo que atañe al modelo de Jefatura de Estado, y que hace resurgir la dicotomía Monarquía-Republica; un debate que no se puede obviar, pero que hay que reducir, en estos momentos concretos, a su dimensión actual.

En efecto, nadie esta legitimado para impedir este debate ni para soslayar las posturas de aquellos que defienden, legítimamente, la República. Soy de los que piensan que debe producirse un referéndum sobre esta cuestión, tal y como sucedió en Italia antes de aprobarse la actual Constitución, pero creo que no es el momento actual, pues ahora lo que hay que solucionar es la abdicación de Don Juan Carlos y cumplir las previsiones constitucionales existentes en el orden de sucesión del Trono. Para empezar, tratar de someter la ley orgánica de abdicación a un referéndum consultivo no es viable, pues la negativa supondría no la instauración de la República, sino que el Rey no puede abdicar. Por lo tanto, son otras las opciones factibles, de tal forma que el referéndum en cuestión podría realizarse en dos momentos:

1) Con anterioridad a la reforma constitucional que es necesario llevar a cabo cuanto antes, a través de la vía del referéndum consultivo del art. 92 CE para decisiones de especial trascendencia política.

2) Vinculándolo directamente al propio acto de aprobación en referéndum de la reforma constitucional proyectada.

Entre estas dos opciones, sin duda la primera es la mas sensata, evitándose, además, el condicionamiento de otras cuestiones relevantes que hay que incluir dentro de la reforma constitucional. Pero lo importante es no hurtar el debate y que este, finalmente, se canalice a través de la expresión formal de la ciudadanía.

Hemos de concluir que el principio democrático interviene en diferentes momentos, y  a través de diferentes instituciones, en el tema que nos ocupa:

1) Exige una intervención directa de la ciudadanía, a través de los referéndums a la hora de elegir la forma de la Jefatura del Estado, es decir la opición por monarquía o república.

2) Legitima al Parlamento para determinar, a través de su autorización, que puede revestir varias formas, el  estatuto jurídico de la Corona, del Rey y de los miembros de la Familia Real, entendiendo así correctamente lo que significa la constitucionalización de la monarquía parlamentaria.

3) Legitima a los titulares de la potestad refrendataria (Presidente del Congreso, Presidente del Gobierno, y Ministros), en el ejercicio de las competencia del Rey por entender que estas son absolutamente taxadas sin que quepa margen de discrecionalidad alguna.

 

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Enrique Álvarez Conde

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La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada el pasado sábado, supone un serio atentado al órgano de gobierno del Poder Judicial: al CGPJ. Este no es un ataque aislado a nuestro sistema constitucional, sino uno más, tomando como pretexto la existencia de una crisis económica persistente. En efecto, cuestiones tales como la reforma constitucional del 2011, la privatización de determinados servicios públicos como la sanidad y la educación, la desaparición de los fondos para la dependencia y un largo etcétera no sino medidas adoptadas con la finalidad de cambiar el modelo de convivencia que nos hemos dado los españoles.

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LOS LEONES NUNCA SERÁN VEGETARIANOS

Cada día nos desayunamos con nuevas noticias sobre los casos de corrupción política que parecen llevarnos a la conclusión de que la auténtica  Constitución material de nuestro país es la corrupción. Y todo ello dentro de una crisis económica, que conduce a que la ciudadanía se distancie cada vez más de nuestros políticos. Estos han dejado de ser ciudadanos, pues no pueden salir a la calle, ni siquiera a comer en un restaurante, sin que sean increpados por aquellos. El debate se reduce, pues, a los medios de comunicación, normalmente privados, que son, como es sabido, opinión publicada y no opinión pública.

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