LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN: EN TIEMPOS DE CRISIS ES CUANDO SE DEBEN REALIZAR LAS MUDANZAS

Suele afirmarse, y aceptarse como una especie de dogma de fe, que en tiempos de crisis no conviene hacer mudanzas. La falacia de la afirmación es total, tanto por su hilo argumental, como por las nefastas consecuencias a que conduce: de este modo las mudanzas nunca se realizan, pues se afirma -o se cree- que cuando pase la crisis ya no es necesario realizar la mudanza. Con ello, las reformas se postergan sine die y nunca se llevan a cabo.

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LA REVOCACIÓN DE LA “DOCTRINA PAROT” POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CRÓNICA DE UN FALLO ANUNCIADO

Miguel Ángel Presno Linera, Profesor Titulat de Derecho Constitucional, Acreditado como Catedrático, Universidad de Oviedo. Artículo publicado el día 21 de octubre de 2013, en el Blog “El Derecho y el Revés”

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto, en su sentencia de 21 de octubre de 2013 (puede leerse en inglés y francés) que la llamada “doctrina Parot” (la propia Gran Sala emplea esa expresión) es contraria a los artículos 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Se rechaza así, y de una manera mucho más extensa y argumentada que en ladecisión de la Sección Tercera del TEDH de 10 de julio de 2012, la aplicación retroactiva de una nueva forma de computar los efectos de los beneficios penitenciarios que altera la exigencia, derivada del artículo 7 del Convenio, de que un delito, así como la pena que implique, deben estar claramente definidos por la Ley. Esta condición se cumple cuando el litigante puede saber, a través de la redacción de la disposición pertinente y, según sea necesario, a través de la interpretación por los tribunales, qué actos y omisiones implica su responsabilidad penal y qué pena corresponde al acto u omisión cometido (caso Cantoni contra Francia, 15 de noviembre de 1996, ap. 29).

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CATALUÑA :´E LA NAVE VA`

Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco y visiting scholar en la School of Law de la Universidad de Edimburgo. Artículo publicado el día 11 de septiembre de 2013, en El País

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LA REFERENCIA CANADIENSE

Xavier Arbós, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. Artículo publicado el día 20 de agosto de 2013, en elPeriodico.com

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EL EMPRESARIADO CONSTITUCIONAL

Las recientes declaraciones del Presidente de la CEOE sobre los “privilegios” de los trabajadores con contrato indefinido, así como manifestaciones anteriores de otros dirigentes y la propia situación procesal de un antiguo dirigente, nos obligan a plantearnos la naturaleza jurídica y el propio estatuto de lo que debe ser el empresariado constitucional. Nos referiremos a aquellas personas que son, a la vez, propietarias de las empresas, no a quienes son simples directivos de las mismas y cuya propiedad pertenece a terceros, no siempre fáciles de identificar, pues los propietarios son empresas de empresas, formando parte de multinacionales, muchas de ellas deslocalizadas y situadas en auténticos paraísos fiscales.

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Cada día hay que resaltar con mayor énfasis que los poderes privados también están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Aquellos no son ajenos a todo un conjunto de principios y reglas normativas a los cuales deben ajustar toda su actuación, no pudiendo permanecer al margen o en contra de dichas normas. El empresariado -o algún sector del mismo-, no puede continuar pensando que está por encima de las normas y que la Constitución es un simple documento político que en nada les afecta.

Nuestra Constitución configura la propiedad privada y la libertad de empresa como auténticos derechos constitucionales, pero no como derechos fundamentales. Ello supone, además de su distinta protección jurisdiccional, que son mas limitados y que, en caso de conflicto con un derecho fundamental, es éste el que informa e irradia hacia los restantes derechos. Así, a modo de ejemplo, el propietario de un centro docente no puede actuar desde criterios empresariales clásicos, pues su derecho de propiedad se encuentra informado por el derecho a la educación o la libertad de enseñanza. O el propietario de una empresa informativa (periódico, cadena de televisión) debe respetar la libertad de expresión y el derecho a la información. Todo ello sin olvidar que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto al goce y disfrute de la misma, pues esta característica solo puede predicarse, y con matices, de la propiedad de los bienes de consumo, pero no de la propiedad de los medios de producción, expresión esta por cierto que utiliza nuestra Constitución (art. 129.2.), señalando que los poderes públicos establecerán los medios necesarios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Lo cual conduce a proclamar que también el propio concepto de empresa ha experimentado una evolución importante, pues la misma no se identifica ya con la persona empresaria/propietaria, sino que también los trabajadores son empresa, aunque no sean propietarios de la misma. Es decir, resulta constitucionalmente licito que el empresariado obtenga los beneficios correspondientes; pero también lo es que los trabajadores participen de los mismos en la medida en que la empresa habría de encontrarse obligada a invertir parte de dichos beneficios en prestaciones sociales deducidas del marco constitucional (educación, igualdad, sanidad, etc.) y que redundan en el propio bienestar de los trabajadores. Pero lo que no es admisible es que se produzca un traspaso de bienes y servicios, de renta en suma, de los que utilizan su fuerza de trabajo a favor de los propietarios del capital. El necesario equilibrio entre ambos es lo que exige nuestro Estado Social de Derecho.

Pero resulta, además, que las organizaciones empresariales se encuentran constitucionalizadas en nuestra Norma Fundamental (art. 7), teniendo un estatuto jurídico semejante al de las organizaciones sindicales, y no muy diferente del de los partidos políticos. ¿Qué significa todo ello? Pues que nuestros constituyentes fueron conscientes del papel de los llamados agentes sociales en el Estado contemporáneo. Por ello, nuestra Constitución contempla su existencia y les dota de un mínimo estatuto jurídico que impide que nuestros empresarios puedan actuar como si estuviéramos en los inicios del Estado liberal.

Urge, por tanto, no solo formar a los trabajadores, sino también a la propia clase empresarial, haciéndoles comprender -y exigiéndoles también que pongan en práctica- lo que es el empresariado constitucional. Declaraciones como las del Sr. Rosell, aunque estén amparadas por su derecho a la libertad de expresión, no solo están fuera de lugar, sino que deben dar lugar a una responsabilidad empresarial y política. La CEOE no puede estar presidida por este señor. Es de esperar que, esta vez al menos, los poderes públicos, que tienen un deber positivo de acatamiento a la Constitución, no guarden un cómplice silencio y actúen en consecuencia.

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LOS EFECTOS DE UNA MOCIÓN DE CENSURA

La incomparecencia del Presidente del Gobierno ante el Parlamento como consecuencia del nuevo cariz que esta tomando la corrupción en nuestro país, hecho absolutamente criticable, ha planteado la posibilidad de presentar una moción de censura al Gobierno para posibilitar dicha comparecencia. Sin embargo la naturaleza de la moción  de censura constructiva la convierte en un instrumento inadecuado para conseguir dicho propósito.

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