Universidad

EL RECTOR Y EL COMANDANTE DE ARTILLERÍA

Hace no muchos años escuche a un responsable universitario la siguiente frase lapidaria: El rector de la Universidad debe ser un comandante de artillería con los cañones preparados para disparar sobre la comunidad universitaria. Mi perplejidad se ha ido atemperando con los años, al comprobar que algunos Rectores han actuado, y continúan haciéndolo, de forma muy similar, aunque mucho más sibilina.

 images

El tema puede complicarse aún más si el llamado informe de los expertos, ahora bendecido por la  Secretaria General de la Conferencia de Consejos Sociales, la cual aboga para que el gobierno de las Universidades sea gestionado por personas ajenas a la propia Universidad, llega a convertirse en realidad normativa, con la bendición ahora también de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la cual parece haberse  olvidado de los exabruptos del Ministro, pues le va a permitir un mayor control político en la contratación del profesorado.

Entre unos y otros planteamientos me quedo con la situación actual. Prefiero que me dispare los cañones mí Rector a que me los dispare una persona impuesta por la Comunidad Autónoma correspondiente. Prefiero estar rodeado de profesores universitarios que anteponen su condición de funcionarios públicos a las exigencias racionales de la docencia y la investigación a compartir la Universidad con personas contratadas a dedo. Y prefiero unos estudiantes y un PAS, dormidos y alertagados, a una Universidad elitista y totalmente privatizada donde sólo puedan estudiar los que tienen recursos económicos.

Lo dicho anteriormente no es cierto. La verdad es que me rebelo contra lo que hay y contra lo que puede venir. Posiblemente mi rebelión sea utópica, platónica. Los somníferos inyectados a nuestra Universidad son muy poderosos y destruir los intereses creados es una empresa de titanes. Pero, como dice el refranero, torres más altas han caído y situaciones más graves han desaparecido. Sólo hace falta voluntad, eso si voluntad colectiva.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



LA TRIBU UNIVERSITARIA

Hace ya años, y con este mismo titulo, Alejandro Nieto, Catedrático de Derecho Administrativo, publico un conocido ensayo, denunciando los males de la Universidad española. Sus planteamientos de entonces mantienen, pese a los cambios producidos, una plena vigencia. Incluso puede afirmarse que han sido ampliamente superados. En efecto, por “tribu universitaria”, y sin pretender que nadie se vea reflejado ni implícitamente mencionado, puede entenderse lo que sigue:

1) Las autoridades, estatales o autonómicas, que desprecian la autonomía de las Universidades, considerándolas como una sucursal propia donde colocar a sus amigos y parientes.
2) Los rectores y órganos de gobierno de las Universidades que, pese a su legitimidad democrática, unas más que otras, utilizan a las mismas en función de sus intereses particulares de promoción política o académica.
3) Los profesores universitarios que continúan defendiendo la endogamia académica y creando auténticos ghetos en sus respectivas áreas de conocimiento.
4) Los profesores universitarios que se eternizan, años y años, en sus puestos de trabajo, renunciando a cualquier tipo de investigación e innovación.
5) Los estudiantes que creen en la Universidad como una prolongación de los centros de enseñanza media y que, además, adoptan una actitud pasiva y se dejan utilizar por el profesorado.
6) Los miembros del PAS cuando actúan exclusivamente como una administración al servicio del poder establecido.
imagesCADPKOFV

Posiblemente todas estas pequeñas “tribus universitarias” no se producen en una misma Universidad. Pero lo cierto es que todas las Universidades cuentan con una o varias de ellas. El problema, realmente terrible, es cuando existen Universidades, y las hay, donde se reproducen todas ellas y muchas mas que no hemos mencionado. En este último caso la solución es realmente difícil, pues no existe un solo sector limpio de culpa que pueda tirar la primera piedra. Tan solo hay individuos o personas singulares, en las cuales es preciso confiar.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD: OPINIÓN PÚBLICA Y OPINIÓN PUBLICADA     

 Suele ser comúnmente admitido que cada sociedad civil tiene las estructuras políticas, sociales, sindicales y empresariales que se merece. Aunque haya cierta dosis de veracidad en lo anterior, ello no es absolutamente cierto. Personalmente creo que la llamada sociedad civil española, si es que esta existe, no es merecedora de las superestructuras que la gobiernan. El divorcio entre ambas se ha reflejado ampliamente en las diferentes encuestas de opinión publicadas. Hoy día los ciudadanos van por delante de sus gobernantes y gestores, demandando un cambio radical en los mismos. Estamos asistiendo a la creación de una opinión pública que nada tiene que ver con la opinión publicada.

.descarga

La existencia de una opinión pública, distinta de la opinión publicada, constituye un elemento de regeneración del propio sistema. Lo que sucedía en épocas ya pretéritas es que esta opinión pública se creaba, a través de la libre discusión y de la vigencia plena del principio de publicidad, en el seno de nuestras instituciones representativas, principalmente en el propio Parlamento. Ahora ello ya no es así. Los parlamentarios parecen haber renunciado a esta función trascendental en el Estado democrático de nuestros días. Se han integrado, en el mejor de los casos, en el ámbito de la opinión pública publicada, como si de una empresa informativa más se tratase.

La recuperación de la opinión pública por parte de la sociedad civil conduce a que determinadas instituciones, como es el caso de la Universidad, adquieran una significación totalmente diferente. No se trata de que renuncien a sus clásicas misiones (docencia, investigación, transmisión del conocimiento, etc.…), sino que se conviertan en adalides de la innovación, proporcionando de este modo respuestas a las demandas de la sociedad. Este es uno de los aspectos de la llamada responsabilidad social de las Universidades.

Mucho me temo que ninguna  Universidad española se haya planteado seriamente esta posibilidad. La mía, la URJC, desde luego no. La Universidad española, por causas internas y externas, continúa encerrada en si misma, tratando de solucionar problemas endémicos. A ello coadyuvan, y de forma notoria, las actuaciones de nuestros poderes públicos, estatales y autonómicos, que aprovechan la actual crisis económica para proceder a una intervención sibilina en la Universidad, contraria a su propia autonomía, que parece recordarnos épocas pasadas.

 Pero también el profesorado universitario tenemos nuestra propia responsabilidad, sin que la actual desmotivación existente, posiblemente también provocada y fomentada,  pueda convertirse en una excusa justificable. Y, desde luego, los principales centros de imputación son los responsables universitarios, o la mayoría de ellos para ser más justos, pues parecen haberse enclaustrado en una especie de casta social, propia de épocas medievales.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



                                      LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA     

Pese a lo reiteradamente señalado por el Tribunal Constitucional, siempre he creído que la autonomía universitaria no es un derecho fundamental y, por lo tanto, no puede ser objeto de un amparo constitucional. Ni lo establecido en el art. 27.10 CE, ni la estructura normativa del precepto, ni el problema de la titularidad del mismo justifican esta consideración.

autonomia universitaria

La autonomía universitaria es, todo lo mas, una garantía institucional, como lo es la autonomía de las Comunidades Autónomas o la de las Corporaciones Locales, las cuales no son titulares de derechos sino de competencias. La garantía institucional ya fue definida por Schmit hace casi 100 años a propósito del art. 127 de la Constitución de Weimar. Estamos en presencia de un nucleo indisponible, organizativa y competencialmente hablando, incluso para el legislador, el cual debe deducir directamente de la Constitución sus propias competencias en relación con esta garantía.

La autonomía universitaria, más que referirse a los derechos subjetivos de la comunidad universitaria, afecta a las relaciones de esta institución con los poderes públicos. Y en este sentido aquella resulta muy minusvalorada. Tanto el Estado como, especialmente,  las Comunidades Autónomas ejercen una función de tutela sobre las Universidades que, difícilmente, permiten la existencia de una autonomía organizativa, financiera, docente y de investigación. ¿Quién manda en la Universidad? ¿El claustro? No ¿El rector? No. La ANECA y la Consejera de Educación de la correspondiente Comunidad Autonoma. Estos son los verdaderos titulares de la autonomía universitaria.

Esta cuestión, evidente en si misma, se acentúa aun mas si analizamos el Informe de los Expertos remitido al Ministerio de Educación, y al cual se añaden dos votos particulares, firmados curiosamente por los únicos juristas existentes entre dichos expertos. ¿Qué curioso, no? Me temo que dicho informe, que también contiene algún aspecto positivo, no sea sino el acta de defunción de la tan cacareada autonomía universitaria. Solo nos queda una solución: que el informe sea un documento más y que no llegue a plasmarse normativamente. La situación política del Ministerio, y del país en general, parecen propiciarlo. Y mientras tanto aumento de tasas académicas, despido de profesores, congelación de plazas, disminucion de becas, degradación de la docencia, falta de recursos para la investigación, etc.…

Se habrá perdido, eso si, un tiempo precioso para situar a la Universidad española en el sitio que le corresponde y no en la mediocridad en que se ha instalado. O lo que es peor: a lo mejor a nuestros poderes públicos, siempre históricamente recelosos con la Universidad,  les interesa también tener una Universidad mediocre. Y esto si que es grave de verdad.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



 

EL DOCUMENTO DE LOS EXPERTOS SOBRE LA UNIVERSIDAD

Recientemente todos hemos tenido acceso al documento presentado por una serie de “expertos” al polémico Ministro WERT. Con independencia de cuál sea la utilidad del mismo (personalmente creo que estamos en presencia de un documento más que no tendrá su reflejo en la correspondiente legislación universitaria), merecen ser destacadas dos cuestiones:

comision-expertos

1)      El documento contiene aspectos positivos sustanciales, ya puestos de relieve por otros expertos en documentos anteriores y que pueden ser asumidos, en general y con alguna matización, por la comunidad universitaria. El problema, como siempre, será el de la financiación de la reforma.

2)      Sin embargo, el documento patina en lo que al sistema de gobierno universitario se refiere. En este sentido supone una clara marcha hacia atrás, que puede plantear mayores problemas y no resolver ninguno de los actuales. ¿Cómo se puede sostener que el Rector sea elegido por un colegio de 20 personas, no todas ellas miembros de la Comunidad Universitaria? ¿Va a ser elegido por los partidos políticos a través de otras instituciones? ¿Por qué razón no se elige a los decanos y directores de escuelas y Centros? ¿Por qué se reduce la presencia de los alumnos y del PAS en las instituciones universitarias?

No debemos olvidar que el principio democrático debe estar también vigente en la institución universitaria, aunque ocupe una posición distinta en relación con otras instituciones representativas. En estas últimas se configura como su esencia. En aquella, en la Universidad, debe ser compatible con los principios de mérito y capacidad, también constitucionalmente reconocidos. Pero no puede desaparecer. En este caso, lo mejor es que nos gobierne un comandante de artillería (como ya se propuso en su momento), que dispare sus cañones (decisiones) por todos los lados y que el Gerente (del cual apenas se dice nada en el documento) sea un agente del poder político que vaya recogiendo cadáveres y heridos.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El debate entre lo público y lo privado es una constante desde hace muchas décadas. Dicho debate adquiere sus puntos álgidos en momentos de crisis económicas, donde la prevalencia del segundo sobre el primero parece admitir pocas contestaciones. Nada más lejos de la realidad.

logo birrete y diploma

La actual crisis económica es una autentica falacia. Los sujetos activos de la misma (poderes privados, bancos, empresas, multinacionales, etc…) proceden a la creación de la misma con la finalidad de aumentar sus plusvalías económicas y políticas. Los sujetos pasivos (la ciudadanía) es la encargada de costear la misma, sacrificando y/o perdiendo buena parte de las conquistas sociales alcanzadas (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etc…) Y los poderes públicos, que deben su legitimidad democrática a los ciudadanos, se convierten en coadyuvantes de los poderes privados, no procediendo a la sanción, incluso penal, de los mismos, y transfiriendo buena parte de los servicios sociales a aquellos. Y todo ello a bajo coste. Hoy día no solo se compran servicios sociales, a través de la privatización de los mismos, sino que también se compran Estados, se imponen gobiernos, se efectúan reformas constitucionales impuestas desde fuera, se evita la participación del poder constituyente, etc… Es decir, y ello nos parece más grave, junto a la crisis económica se crea una crisis de legitimidad del sistema, alterando los supuestos identitarios del mismo.

De todos es sabido que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ella se impone, de distinta forma, a los ciudadanos, a los poderes públicos y también a los poderes privados. Estos últimos también están sujetos a la Constitución. Lo privado no es ajeno a nuestra Norma Fundamental. Las grandes decisiones políticas, adoptadas por el poder constituyente, y no por los poderes privados, deben ser el contenido de la Constitución, expresando de este modo el interés general, que no es una simple suma de interés particulares, y mucho menos de intereses privados, los cuales no son inmunes a las diversas sanciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico.

La enseñanza es uno de los servicios básicos que están siendo objeto de una expoliación por parte de los poderes públicos a favor de los poderes privados, utilizando argumentos, cuando se utilizan, que no resisten el mas elemental análisis y que se introducen en la falacia a que antes nos referíamos. Desde el llamado gerencialismo  hasta la actual gobernanza se pretende poner de manifiesto que los principios de la empresa privada son mucho mas adecuados, que la ley del mercado debe imponerse en todos los ámbitos, públicos y privados, pues de lo contrario la crisis resultaría inevitable, dada la incapacidad de los poderes públicos para gestionar el Estado Social.

Todo ello es falso y falaz.  La defensa de una enseñanza pública, de una Universidad pública, es un mandato constitucional que nos vincula a todos. Los universitarios no podemos caer en la trampa que nos tienden los poderes públicos y privados. Las privatizaciones, la externalizaciones, no son sino el primer paso para destruir una Universidad Publica, necesitada sin duda de muchas transformaciones, pero en el sentido contrario que ahora se pretende. Volveremos más en concreto sobre estas cuestiones.

Enrique Álvarez Conde

Catedrático de Derecho Constitucional

Twitter: @ealvarezconde



4,512 total views, 1 views today